ALICANTE. La falta de mantenimiento en el patrimonio inmobiliario tiene consecuencias. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), trata de persistir en la vigilancia de las condiciones de conservación de edificios y solares de titularidad privada con la persecución de la inactividad por parte de aquellos propietarios que no han atendido a los requerimientos municipales previos para mejorar el estado de sus edificios o parcelas en aspectos que afectan a posibles daños en sus estructuras, en desperfectos en sus fachadas o en insalubridad por falta de limpieza. 

En esa labor, el departamento de Conservación de Bienes Inmuebles de la Concejalía de Urbanismo acaba de notificar, mediante la publicación de un edicto, hasta 94 sanciones impuestas a otros tantos propietarios a los que no se había conseguido dar traslado de esas multas por otra vía. En su conjunto, solo ese volumen de penalizaciones (en el que no se incluye a otros sancionados sí localizables por trámites ordinarios) supera los 311.000 euros (311.975,18) que podría verse incrementado con el recargo de apremio, los correspondientes intereses y los costes del proceso, en el caso de que no queden abonadas en el plazo requerido. 

En principio, se establece un margen inicial de quince días naturales desde la publicación de la resolución en el BOE, en el que se dará por notificada a efectos de continuar con el procedimiento sancionador. A partir de ahí, se determina que los propietarios penalizados deberán pagar la sanción con fecha límite del día 20 del mes siguiente a esa notificación. En caso contrario, se abrirá la vía de apremio con el consiguiente incremento de las cuantías establecidas inicialmente. 

Lo cierto es que las cantidades propuestas en algunas de esas sanciones son abultadas hasta el punto de alcanzar los 57.192 euros en algunos casos puntuales. En otros, el importe llega a los 30.140 o a los 18.760, como sucede con los titulares del número 60 de la calle Sevilla, en el borde entre San Antón, Campoamor y Carolinas Bajas. Con todo, aunque varios de los inmuebles sancionados se concentran en el Centro Tradicional y el Casco Antiguo -con ejemplos en la calle del Teatro, en la calle Cienfuegos o en la calle Mayor- se sitúan en la práctica totalidad de los barrios de la ciudad, comenzando por Benito Pérez Galdós, en Franciscanos-Oliveretes, pasando Profesores Hermanos Muñoz, entre Benalúa y Alipark, en la avenida Pintor Gastón Castelló, entre Virgen del Carmen y Colonia Requena, por ejemplo.

¿Qué sucede con las deficiencias de mantenimiento que no son subsanadas por los propietarios sancionados? En esos casos, es el propio ayuntamiento quien ejecuta los trabajos necesarios para garantizar la estabilidad de los inmuebles, en los supuestos en los que se perciba riesgo de desprendimientos, por ejemplo. O incluso las labores de limpieza, en situaciones como la existencia de grafitis o acumulación de residuos en solares. Para ello, cuenta incluso con un servicio específico externalizado mediante la contratación de una empresa. Después, el coste derivado de esas actuaciones se repercute a los titulares, al margen del coste de las sanciones coercitivas impuestas: hasta un máximo de diez, antes de que pueda ser la propia administración la que intervenga de forma subsidiaria.