ALICANTE. Alicante se abre a un diseño urbanístico en vertical para diseñar su futuro. El borrador del Plan General Estructural (PGE) aprobado en Junta de Gobierno a principios de agosto, y ahora pendiente de la supervisión de la Conselleria de Medio Ambiente, contempla la posibilidad de renunciar al límite de las diez elevaciones contemplados hasta ahora como número de alturas máximo en términos generales con el propósito de que la construcción de las futuras edificaciones permita liberar suelo para otros usos de carácter público. Entre ellos, la generación de zonas verdes, viales más amplios que favorezcan unas mejores condiciones ambientales de ventilación entre edificios, o el desarrollo del transporte público, como puede ser la configuración de nuevas líneas de tranvía o carriles reservados para el bus, por ejemplo.
Ese modelo de edificación en altura que ya han puesto en marcha otros municipios de la provincia -con la referencia ineludible de Benidorm, por ejemplo- permite, además, que no se consuma suelo de forma extensiva para permitir la construcción de los nuevos inmuebles de carácter residencial para absorber al crecimiento demográfico estimado para la capital. En concreto, el PGE parte con la estimación de que Alicante alcanzará los 466.340 habitantes en el horizonte del año 2050, lo que supone un crecimiento de más de 100.000 residentes respecto a su población actual.
Por lo pronto, esa misma planificación ya incluye distintas medidas para dar cabida a la construcción de más de 44.886 nuevas viviendas (a ejecutar de forma progresiva por la iniciativa privada) de renta libre y de protección pública, sin dar pie a la recalificación de nuevos sectores que no estuviesen ya contemplados en el PGOU vigente, aprobado en 1987. En esta línea, el documento apuesta por un modelo policéntrico en el que se prime la regeneración de barrios ya consolidados y el despliegue de la urbanización de sectores pendientes de desarrollo, como el de Pino y Ruaya, que ya se preveían asumir con la aprobación de la nueva planificación urbanística en cumplimiento de resoluciones judiciales previas. O sencillamente como avance natural de las previsiones contempladas hace casi 40 años que, en algunos casos, no habían llegado a tener un diseño concreto. Es el caso del barrio de Sangueta o de los terrenos liberados por las vías de ferrocarril en el ámbito del Parque Central: la denominada Operación Integrada número 2.
Así, el PGE establece de forma literal que "los nuevos desarrollos residenciales se localizan de forma selectiva en ámbitos capaces de completar la estructura urbana, resolver bordes y discontinuidades y contribuir a la ejecución de dotaciones, infraestructuras y elementos de la infraestructura verde. En conjunto, configuran un arco de crecimiento en torno a los bordes oeste, norte y noreste de la ciudad, evitando una expansión dispersa y manteniendo la continuidad con los tejidos existentes. Su delimitación no responde a una estrategia de expansión generalizada, sino a la necesidad de atender las demandas residenciales, reforzar los barrios existentes y mejorar el equilibrio del modelo territorial".
¿Qué nuevos espacios residenciales se contemplan en esa planificación? Al margen de promover la vuelta al mercado de las viviendas vacías, y de la regeneración de viviendas en barrios ya consolidados, el PGE ampara el desarrollo de ocho sectores residenciales que darían cabida a unas 23.155. Es decir, cerca de la mitad de las 44.886 previstas. Esos ocho sectores o nuevos barrios son -de mayor a menor superficie (y, por tanto, con más capacidad para asumir nuevos inmuebles)- Fondo Piqueres, con 8.250 viviendas; Vistahermosa-Juncaret, con 3.560; Guijarro-Villafranqueza, con 3.052; Pino y Ruaya, con 2.544; Vista Alegre, con 1.958; Ciprés, con 1.552; Alameda, con 1.309; y Lomas del Garbinet, con 930, como informó este diario en abril.
Entre el 30 y el 40% de las nuevas viviendas previstas en esos nuevos barrios deberán ser de protección pública (VPP) que deberá desarrollar la iniciativa privada. Todo, al margen de las actuaciones destinadas a la construcción de vivienda protegida de iniciativa pública, con las que se prevé dar cabida a unas 2.000 viviendas más, como también informó este diario. Se trata de la suma contemplada mediante el desarrollo de las actuaciones ligadas al Plan Vive, así como de las futuras promociones que se levanten en otras diez parcelas de titularidad municipal que se reservan a través el PGE para su ejecución, sin que se haya concretado bajo qué fórmula (construcción directa o cesión de suela a cambio de obra, como sucede en la mayoría de los proyectos ligados al Plan Vive).
Con esos cimientos, el PGE determina que el desarrollo urbanístico propuesto no se orienta "a fomentar un nuevo crecimiento basado en la segunda residencia. Su objetivo es reforzar la vivienda habitual, protegida y asequible, diversificar las tipologías residenciales y facilitar modalidades de alojamiento relacionadas con las necesidades efectivas de la población y de la actividad económica". Así, se estima que en las zonas urbanizadas actuales todavía podría llegar a desarrollarse la construcción de un máximo de 10.010 viviendas, aunque se calcula como escenario más realista la posibilidad de que pueden ejecutarse cerca del 50%: 5.005.
A esa cifra se suman "aproximadamente 2.025 viviendas correspondientes a actuaciones actualmente en programación, gestión o urbanización y cuya incorporación efectiva a la ciudad se prevé durante la tramitación del PGE" en ámbitos como el Parque Central (1.433), Sangueta (216) o el ámbito del Parque del Mar (270), en una actuación ligada a la retirada de las vías en desuso que llegan hasta la antigua estación de Murcia, en Benalúa. Esas tres intervenciones sumarían 1.919 viviendas. Cerca de otras 12.782 viviendas quedarían distribuidas en las llamadas Operaciones de Transformación Estructural (OTE) previstas en los sectores del polígono de Rabasa y de Florida-Babel, tras la regeneración de su trama urbanística. Y el listado se completaría con los 23.155 inmuebles ya citados con la ejecución de los ocho nuevos barrios. Con ello, se alcanzarían las 44.886 viviendas concebidas en el PGE como "una capacidad urbanística potencial, no una previsión de ejecución íntegra o inmediata".
Modelo vertical
Esa delimitación se acompaña de la apuesta por el modelo vertical para optimizar el uso del espacio. "El modelo plantea utilizar de forma más eficiente determinados tejidos urbanos, evitando que la respuesta a las necesidades residenciales dependa exclusivamente de la ocupación de nuevos suelos y favoreciendo formas de crecimiento más compactas, cualificadas y mejor integradas en la estructura urbana", apunta el documento. Y añade: "En este marco, el PGE reconsidera el límite general de diez plantas establecido por el planeamiento vigente, que puede resultar insuficiente para dar respuesta a determinadas posiciones urbanas y objetivos de ordenación. En ámbitos estratégicos podrá admitirse una mayor altura cuando esta solución permita concentrar la edificabilidad, reducir la ocupación en planta y evitar configuraciones extensas o continuas que generen efectos de apantallamiento", resume.
De este modo, esa planificación -que debe regresar al ayuntamiento para continuar con su tramitación administrativa, una vez que obtenga el visto bueno del departamento autonómico de Medio Ambiente- prioriza "una ordenación basada en edificios más esbeltos y mejor separados frente a soluciones edificatorias masivas, siempre que ello contribuya a mejorar la permeabilidad visual y urbana, liberar suelo y cualificar el espacio libre". En este sentido, se subraya que "la mayor altura podrá resultar adecuada en centralidades, nodos de transporte, frentes urbanos, ámbitos de transformación y otras localizaciones en las que contribuya a: liberar suelo para zonas verdes, dotaciones y espacio público; mejorar la permeabilidad física y visual entre las distintas piezas urbanas; evitar frentes edificados continuos y efectos de apantallamiento; reforzar la viabilidad y utilización del transporte público; favorecer la mezcla de usos; configurar nuevas centralidades; mejorar la eficiencia de las infraestructuras; y cualificar determinados perfiles, accesos y paisajes urbanos".
Así, el PGE apunta que "la altura no se fija con carácter uniforme ni constituye un derecho generalizable", sino que se abordará caso por caso "en función de la posición y características de cada ámbito, de los objetivos de la ordenación y de la relación entre la edificabilidad, la ocupación, la separación entre edificios y la superficie de espacio libre resultante". "La ordenación deberá garantizar que la concentración de la edificabilidad en altura produzca una mejora urbana efectiva. Para ello, atenderá al Estudio de Paisaje, al análisis de las visuales y cuencas paisajísticas, a la protección de los hitos y perfiles urbanos, a la integración con los tejidos próximos, al soleamiento, la ventilación y el confort climático, a la capacidad de las infraestructuras y a la calidad arquitectónica y ambiental de cada actuación". En consecuencia, el documento subraya que "su implantación deberá traducirse en una menor ocupación del suelo y en una mejora verificable del espacio público, de las zonas verdes, de las dotaciones, de la movilidad, de la infraestructura verde o de la calidad general del entorno urbano".
