ALICANTE. El futuro de la planta de almacenamiento de combustible promovida por la empresa XC Business 90 en la terminal de mercancías del Puerto de Alicante queda expuesto necesariamente al filtro de sus condiciones de seguridad. Así se colige a partir de los condicionantes planteados por la Concejalía de Urbanismo en el decreto por el que se le concede la licencia ambiental, dictado este lunes, día 10, en el límite del plazo legal de dos meses previsto para que se produjese su otorgamiento, una vez que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en la que se le reconoce ese permiso por silencio administrativo positivo hubiese devenido firme tras el trámite de su notificación oficial. 

En dicho decreto, al que tuvo acceso Alicante Plaza, se detalla de forma pormenorizada los próximos requisitos a los que XC Business deberá ajustarse para que pueda autorizarse la puesta en funcionamiento de sus instalaciones, en las que comprende la instalación de seis depósitos sobre una parcela de 21.000 metros cuadrados situada en la explanada del muelle 19. Algunos de ellos ya habían sido anticipados por el equipo de gobierno, este martes, cuando se confirmó la concesión del permiso ambiental, como los relacionados con las condiciones de seguridad y prevención exigidos en las normativas sectoriales en materia de medio ambiente, control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como de afectación a la Red Natura 2000. Con todo, en ese documento se amplía el alcance de esas condiciones y se añaden otras. 

Entre las no reseñadas hasta ahora, figura la exigencia de que la futura planta cuente con medidas antiicendios propios, coordinados con el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (SPEIS) municipal, como ya se apuntaba en un informe sectorial aportado por ese mismo servicio en noviembre de 2017, durante las primeras fases de la tramitación del expediente de solicitud de licencia. En concreto, se señala que las instalaciones deben disponer de una "brigada de lucha contra incendios propia (formada por personal especialmente adiestrado en la protección contra incendios mediante la formación adecuada, periódica y demostrable) incluyendo medidas adecuadas, que deben determinarse específicamente, y un plan de autoprotección, así como una coordinación adecuada con un Servicio de Bomberos, estimando deberá concertarse con el Servicio del SPEIS la respuesta contenida en el plan de autoprotección a una posible incidencia en la instalación, así como dotar a ese Servicio de la Formación específica y de los materiales que se consideren específicos para la misma". 

También en ese mismo ámbito de las medidas de seguridad y de prevención de accidentes, el decreto señala que XC Business deberá contar con informe favorable del "órgano autonómico competente en materia de accidentes graves sobre la evaluación del informe de seguridad" que se delimitan en la normativa vigente. En particular, en el Real Decreto 1254/1999 por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, que queda recogido ahora en el Real Decreto 840/2015. Se trata de la regulación que rige para las actividades de almacenamiento de "sustancias peligrosas" en la que se enumeran las "medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan" ese tipo de elementos. Y, además, también se requiere que se remita el Plan de autoprotección o Plan de Emergencia interior al órgano autonómico competente en materia de accidentes graves, como establece el mismo Real Decreto. En último término, esos requerimientos quedarían resumidos en la necesidad de que las medidas de seguridad previstas por XC Business cuenten con el visto bueno de la Conselleria de Emergencias, bajo la batuta de Juan Carlos Valderrama.

Por el momento, representantes de la compañía han venido defendiendo que ya se dispone de un plan de seguridad propio y que ya quedó aportado en enero de 2024, en la última tanda de documentación aportada a la Concejalía de Urbanismo en respuesta a sus reiterados requerimientos de subsanación, a pesar de que, según se sostuvo entonces, no resultaban indispensables para la continuidad de la tramitación del expediente de concesión de licencia. En todo caso, la exigencia de ese conjunto de requisitos establecidos por normativa permitirá poner a prueba el proyecto ante el filtro de sus condiciones de seguridad, en lo que se albergaría la expectativa de que se encontrasen inconcreciones, o posibles carencias que permitiesen frenar su desarrollo, como había informado este diario.

Autorizaciones ambientales

En segundo término, el decreto municipal de otorgamiento del permiso ambiental señala que XC Business también deberá recabar la autorización administrativa de emisiones a la atmósfera que concede la Conselleria de Medio Ambiente, como establece la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera. Es más, se añade igualmente que deberá disponer de una segunda autorización administrativa del mismo departamento autonómico, en tanto que se considera que el proyecto planteado "producirá residuos considerados peligrosos".

Y, se añade un tercer aval del departamento que dirige Vicente Martínez Mus al esgrimir que "el funcionamiento de la actividad puede afectar de manera directa o indirecta, a espacios protegidos por la Red Natura 2000 (Lugares de Importancia Comunitaria LIC Tabarca)". Así, el decreto apunta que "el proyecto deberá ser evaluado de forma preliminar por el Órgano gestor de la Red Natura 2000, de la conselleria competente en materia de Medio Ambiente".

Pero no solo eso. En la resolución sobre esa primera licencia, la Concejalía de Urbanismo también exige la intervención de un tercer brazo de la Generalitat: la Conselleria de Industria. El decreto apunta que el departamento que coordina Marián Cano también deberá supervisar el proyecto y emitir informe con una resolución favorable en tanto que también sería otro de los requisitos normativos, introducido en el RD 2085/1994, para los parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos. Con ello, el proyecto quedaría sujeto al examen previo de hasta tres consellerias distintas que, según apunta el decreto, deberá concluir con la emisión de sus respectivas autorizaciones como condición ineludible, antes de que pueda promoverse el inicio de las obras para la instalación de los silos de almacenaje o su entrada en funcionamiento.

Así se hace constar de manera literal, al subrayar que "la explotación deberá cumplir con todos los requisitos de seguridad y prevención exigidos en las normativas sectoriales en materia de medio ambiente, control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como de afectación a la Red Natura 2000, debiendo haber obtenido las autorizaciones e informes sectoriales preceptivos, de los órganos autonómicos competentes que deben emitir pronunciamiento en las materias correspondientes, en el caso de establecimientos nuevos, antes de comenzar su construcción o explotación".

A todo ello, podría añadirse todavía la necesidad de que se certificase que el proyecto no queda afectado por la limitación de distancia a núcleo habitado introducida en la disposición adicional décima de la Ley de Calidad Ambiental durante la pasada legislatura, en la que se establece el requisito mínimo de un kilómetro de alejamiento respecto a zona residencial para los productos que conlleven el almacenaje de combustibles. Por lo pronto, el departamento autonómico de Medio Ambiente todavía no ha facilitado respuesta sobre la vigencia de esa condición, a partir de la consulta elevada por la Concejalía de Urbanismo en ese sentido el pasado mes de julio.