ALICANTE. La polémica vuelve a estar servida respecto a otro movimiento promovido por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), respecto al impulso de acciones de apoyo a la maternidad, en cumplimiento de uno de los puntos incluidos en los pactos presupuestarios alcanzados con el grupo municipal de Vox. Esa nuevo movimiento se ha registrado este martes, en la reunión semanal de la Junta de Gobierno, mediante la aprobación de un convenio de colaboración con la entidad Redmadre que comprende una aportación anual de 30.000 euros para que dicha organización sin ánimo de lucro preste servicios de asistencia a madres gestantes y a los bebés durante sus primeros años de vida.

Se trata de un acuerdo encuadrado en la "política asistencial" que promueve la Concejalía de Bienestar Social que abarca la atención a madres gestantes "en riesgo de exclusión social o abandonadas emocionalmente por su entorno más cercano, así como a sus hijos e hijas durante los dos primeros años de vida, así como promover hábitos de vida saludable para ellas y el cuidado de sus hijos", según ha detallado la portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, al dar cuenta del acuerdo.

En el marco de dicho convenio, se engloban actividades de atención de 45 mujeres embarazadas o madres recientes en riesgo de exclusión social, de las cuales, un mínimo de 5 serán derivadas por los Servicios Sociales de Alicante en casos de urgencia o emergencia", según detalla la propuesta de acuerdo aprobada por el equipo de gobierno. Además, se añade que "el objetivo general del proyecto es cubrir las necesidades básicas del niño/a de 0 a 2 años, prorrogable a 3 años de edad en caso de necesidad, para así apoyar a sus madres y que superen la situación de dificultad en la que estén inmersas".

Cutanda ha señalado que la firma de ese convenio forma parte de los compromisos adquiridos con el grupo municipal de Vox. De este modo, su rúbrica sustituye a la licitación del contrato por la prestación de un servicio similar vinculado a la Oficina de Maternidad que quedó paralizado en noviembre de 2025, después de que un informe técnico alertase de la existencia de duplicidades respecto a servicios que ya prestaba directamente la propia Concejalía de Bienestar Social.

Críticas del eje progresista

Por lo pronto, la aprobación de dicho convenio ya ha suscitado la crítica de los grupos políticos del eje progresista que ejercen funciones de oposición al considerar que suponía otra cesión a las premisas de Vox que comportaban el pago a una entidad antiabortista. En este sentido, la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, ha señalado que "Barcala ha vuelto a ceder ante Vox al inyectar 30.000 euros de recursos públicos para impulsar una oficina gestionada por una organización antiabortista. Las mujeres embarazadas deben recibir apoyo desde la sanidad pública y los servicios sociales municipales, no ser derivadas a un chiringuito creado por la ultraderecha para difundir su propaganda. El Ayuntamiento debe acompañar, no influir ni cuestionar decisiones que solo corresponden a las mujeres, como es el derecho al aborto", ha sostenido.

Para Barceló, lo que está haciendo Vox no es trabajar por Alicante, "sino utilizar recursos públicos de todos los alicantinos para difundir su agenda ideológica, puesto que los servicios de la oficina de la maternidad los podrían prestar los propios servicios sociales". "En lugar de incrementar los recursos humanos del Ayuntamiento, se está regalando dinero para sostener el pacto entre Barcala y Vox", ha añadido. "Es escandaloso que las personas mayores con dependencia del centro de Plaza América se hayan vuelto a concentrar hoy porque llevan 10 meses sin este recurso mientras Barcala inyecta 30.000 euros de dinero público a este chiringuito antiabortista de Vox", ha enfatizado.

De igual modo, la edil de Compromís, Sara Llobell, ha apuntado que "nos parece una vergüenza el convenio que acaba de firmar el gobierno municipal del señor Barcala con la entidad Redmadre: 30.000 euros destinados a una entidad provida cuyo objetivo es ir en contra de la libertad de decisión, y de los derechos sexuales y reproductivos, que tanto esfuerzo ha costado conquistar a las mujeres de este país", ha expuesto. En esta línea, ha asegurado que "tendrán que explicar, con mucho detalle, las partidas de ese convenio: los 15.000 euros destinados a productos de higiene; la persona contratada, respecto de la cual no queda claro si percibe 3.000 euros al mes o al año; o los 3.500 euros en otros conceptos que tampoco aparecen desglosados, simplemente como enseres".

Al tiempo, ha apuntado que "tenemos dudas sobre la legalidad del propio convenio. En primer lugar, porque el servicio jurídico de este Ayuntamiento ya lo rechazó en una ocasión anterior, cuando eran cerca de 400.000 € bianuales. En segundo lugar, porque la ley es clara respecto a la neutralidad de las administraciones públicas y a la información que deben facilitar a las mujeres, que debe ser completa y objetiva". "Dudamos mucho de que Redmadre vaya a proporcionar esa información en esos términos. Y, en tercer lugar, porque existe una respuesta parlamentaria a una pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Compromís en la que se afirmaba claramente que el Ayuntamiento de Alicante no es competente para desarrollar este tipo de derivaciones, ya que se trata de una competencia propia de la Generalitat", ha detallado.

Así, se ha cuestionado si "de verdad no había ninguna otra entidad en Alicante con la que suscribir este convenio. Es el chiringuito que Vox ha querido implantar desde principio de legislatura, una vergüenza. Si realmente querían ayudar a las mujeres embarazadas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, lo que debería hacer el Gobierno del Partido Popular es declarar la ciudad tensionada para poder limitar el precio del alquiler", ha concluido.

Esas dos posiciones contrastan con la opinión manifestada por el grupo municipal de Vox. Su portavoz, Carmen Robledillo, se ha felicitado de que "por fin se haya firmado el convenio" que, según ha sostenido, trata de intervenir ante situaciones de vulnerabilidad. Así, ha sostenido que el convenio permitirá que se preste "acompañamiento y ayuda real" a las madres gestantes. "La vida es lo primero, las mujeres embarazadas nos preocupan", ha sostenido. "Nos hace gracia lo que dice la izquierda, ante un convenio que solo va a ayudar a las mujeres embarazadas, que va a favorecer la vida, porque si cuidamos a nuestras madres y a nuestros hijos tendremos una situación con futuro", ha concluido.

Así, fuentes de Vox han expresado su satisfacción por la firma del convenio, a través de declaraciones posteriores remitidas a los medios de comunicación. Vox considera que se trata de "un acuerdo que supone un paso firme en la defensa de la maternidad y de la vida". "Este convenio refleja un compromiso real con las mujeres embarazadas, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, ofreciéndoles apoyo, acompañamiento y alternativas reales para seguir adelante con su maternidad. Consideramos fundamental que las administraciones públicas respalden iniciativas como esta, que ponen en el centro la dignidad de la persona, la protección de la vida desde su inicio y el apoyo a la familia", precisan las mismas fuentes. "Desde Vox seguiremos trabajando para impulsar políticas que garanticen la protección de la vida y el apoyo integral a la maternidad, convencidos de que una sociedad que cuida de sus madres y de sus hijos es una sociedad con futuro", han concluido.