ALICANTE. Las obras de reconversión de los antiguos cines del edificio de Panoramis en nueva sede de la Cámara de Comercio de Alicante habrían conllevado un aumento de 1.595 metros de superficie construida, a pesar de que la construcción del edificio ya había agotado el total de la edificabilidad asignada en el planeamiento urbanístico desde el momento de su construcción. Esa es la conclusión alcanzada en un último informe remitido por la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante a la Autoridad Portuaria en el que "se da cuenta de cual es la situación actual" y se deja la toma de decisiones en manos del Puerto. Así lo ha detallado la portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, este jueves, en una comparecencia pública al término del acto de homenaje a la Policía Nacional, en el que se ha escenificado la dedicatoria del paseo situado junto al trazado de la avenida de Elche con su nombramiento como Paseo de la Policía Nacional.

¿Cómo se habría producido ese exceso de edificabilidad? Según el informe, mediante la construcción de una entreplanta, aprovechando la elevación (la altura de techo) de las salas de los antiguos cines, que no tendría encaje urbanístico, como el mismo departamento municipal ya habría advertido a la empresa que asume la ejecución de las obras en otro informe previo, que también fue comunicado tanto a la Cámara de Comercio como a la Autoridad Portuaria, después de que se comprobasen los trabajos realizados en el trámite de evaluación de la solicitud de licencia solicitada por la Cámara. Esa petición de permiso se produjo, precisamente, después de que Urbanismo concluyese que la intervención que se estaba desarrollando en el antiguo centro comercial propiedad del Puerto -ahora transformado en espacio de oficinas, a iniciativa de su actual concesionario, Digital Corner-, no podía quedar amparada únicamente con el trámite de la presentación de una declaración responsable: una fórmula habitual a la hora de ejecutar proyectos de reforma, que requiere la comprobación municipal posterior con el fin de evaluar que los trabajos se ajustan al proyecto comunicado previamente a través de esa declaración.

A su vez, Urbanismo emplazó a la Autoridad Portuaria a revisar si el proyecto en ejecución se ajustaba a las determinaciones del Plan Especial del Puerto, a lo que los responsables del Puerto replicaron, el pasado 25 de abril, que era una cuestión que quedaba bajo competencia municipal, al concluir que era la Concejalía de Urbanismo quien debía aplicar los criterios de interpretación de ese planeamiento y del propio PGOU. Ahora, es ese mismo departamento municipal quien responde a la Autoridad Portuaria que se habría confirmado un exceso de edificabilidad en las obras realizadas, con la remisión de un último informe en el que se vuelve a dejar la responsabilidad sobre una hipotética regulación de ese exceso de obra en manos del Puerto.

"El informe técnico recoge la situación actual en la que se encuentran las obras y ahora es el Puerto el que tiene que tomar una decisión acerca de las mismas; es un informe técnico que refleja la situación actual", ha explicado Cutanda este jueves. Es más, al ser cuestionada sobre la hipótesis de que la actuación requiriese de una posible demolición, ha insistido en que "es el Puerto quien toma la decisión en cuanto al informe técnico que les hemos facilitado a petición de ellos", ha recalcado. Es más, respecto al hecho de que las obras se hubiesen estado desarrollando sin la preceptiva licencia municipal y, de que ello pudiese conllevar la comisión de una infracción urbanística, solo ha añadido que "Urbanismo está trabajando en el expediente y aquellas medidas que tenga que tomar, las tomará", sin llegar a valorar futuros escenarios.

Sin valoraciones de la Autoridad Portuaria ni de la Cámara

Por su parte, la Autoridad Portuaria ha descartado, este jueves, pronunciarse respecto al nuevo informe facilitado por el Ayuntamiento, a la espera de analizar su contenido. Por lo pronto, lo cierto es que sería el mismo Ayuntamiento quien, en último término, tendría la potestad para abrir un expediente sancionador por la comisión de una teórica infracción urbanística en el supuesto de que la obra realizada no pudiese regularizarse. Y también quedaría bajo su competencia la forma concreta en la que podría resolverse esa hipotética sanción: bien mediante la imposición de una penalización económica, o bien mediante el dictado de una orden de demolición. Se trata, de hecho, de una situación hasta cierto punto similar a la registrada respecto a las obras del hospital privado de Vistahermosa Norte, en el que un visita de inspección municipal detectó que se había construido dos elevaciones de más respecto a lo previsto en la licencia concedida, lo que llevó al equipo de gobierno a abrir expediente de infracción urbanística y a anunciar la imposición de una sanción económica de carácter histórico. Eso sí, su determinación ha quedado pospuesta, después de que se haya dado curso a la modificación puntual del Plan Parcial de dicho sector con el que se dará cabida a esas elevaciones no contempladas de partida.

De igual modo, tampoco se ha manifestado la Cámara de Comercio respecto al contenido del nuevo informe. Hasta el momento, sus representantes han venido defendiendo la corrección de las obras, toda vez que se habrían estado ejecutando a partir de las indicaciones facilitadas tanto por la Autoridad Portuaria como por el Ayuntamiento. Con todo, la Cámara acordó dejar en suspenso la realización de los trabajos pendientes a la espera de que concluyese el proceso de revisión municipal, que ha dado pie al cruce de comunicaciones entre el Ayuntamiento y el Puerto.

La oposición exige medidas

No obstante, sí se han producido reacciones por parte de los cuatro grupos políticos que ejercen funciones de oposición en el ayuntamiento que, a grandes rasgos, han coincidido en exigir transparencia. En esta línea, en primer término, la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, ha anunciado que se ha registrado un escrito en el Ayuntamiento para solicitar acceso al informe emitido por Urbanismo con respecto a la legalidad de las obras ejecutadas en la sede de la Cámara. Además, ha añadido que, "dado que las presuntas irregularidades motivarán un retraso en la ejecución del proyecto", ha reclamado que la ayuda nominativa asignada por la Conselleria de Hacienda de 1,5 millones para contribuir en la financiación de las obras "se destinen a otros proyectos que están pendientes en la ciudad de Alicante".

"No se entiende que el Ayuntamiento haya permitido que la obra avanzara cuando ahora se ha determinado que existe una manifiesta irregularidad. Desde marzo, cuando se solicitó la declaración responsable, hasta que en otoño se reclamó la subsanación, el consistorio que dirige Luis Barcala ha permitido que continuaran los trabajos de construcción. Es evidente que en este Ayuntamiento existe un grave problema con la gestión urbanística. La construcción de la nueva sede de la Cámara de Comercio no era una obra desconocida. Es lo mismo que sucedió con el hospital privado" de Vistahermosa, ha valorado. "Esperamos que los criterios que utilice el Puerto se encuentren dentro de la legalidad urbanística del Plan especial del Puerto de Alicante", ha añadido Barceló.

En segundo término, la portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, ha apuntado que la realización de las obras de la sede de la entidad cameral "es un tema muy delicado en estos momentos, pero consideramos que hay que respetar los informes técnicos del Ayuntamiento y si esos informes técnicos dicen que es una obra ilegal, habrá que obrar en consecuencia. Le vamos a pedir al Ayuntamiento de Alicante que actúe en consecuencia y que haga todo lo que tenga que hacer para que esa obra, si realmente se considera ilegal como dicen los técnicos, sea subsanada".

De igual modo, la edil de Compromís, Sara Llobell, ha expresado su satisfacción respecto al hecho de que "el Ayuntamiento, por una vez, no haga la vista gorda ante una infracción urbanística de esta magnitud, como ya ocurrió en el hospital de Vistahermosa. Estamos frente a una obra de 3,3 millones de euros y muy pendientes de esta cuestión. Por eso, hace un mes pedimos por registro más información y la convocatoria de la comisión de Urbanismo. Sabemos que el presupuesto no va a ejecutarse y, por eso, el grupo parlamentario ha presentado una enmienda para que ese millón y medio de euros" de ayuda consignada por la Generalitat para la ejecución de las obras "en vez de ir destinado a la Cámara de Comercio, vaya destinado a una unidad para pacientes oncológicos. Por tanto, esperamos que Barcala no de orden posterior, ni se presenten modificaciones puntuales del PGOU para tapar esta obra y esta reforma. Al final se trata de que todo el mundo tenga la misma vara de medir, que no es nada menos que cumplir la ley", ha concluido.

Por último, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha considerado que "la situación de la sede de la Cámara de Comercio es confusa y genera más incertidumbre institucional, justo lo que menos necesita Alicante. Abundan las contradicciones y decisiones difíciles de entender, que parecen responder a intereses ajenos al bien común". Así, ha señalado que "el Ayuntamiento ya advirtió sobre la situación urbanística del edificio, pero la Cámara hizo oídos sordos. Este caso recuerda demasiado a lo ocurrido con el hospital privado en Vistahermosa: sombras, opacidad y desigualdad en la aplicación de las normas. Da la sensación de que en Alicante se gobierna según quién seas o a quién molestes", ha insistido. De ahí que haya exigido "transparencia total". "Basta de arbitrariedades, silencios cómplices y posibles represalias. Alicante merece una política limpia, con reglas claras para todos y lejos de la corrupción urbanística del pasado", ha concluido.