ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante activa el proceso para desplegar la primera fase del plan de ampliación del clúster agroalimentario de Mercalicante. Lo hace con el inicio del expediente de expropiación del suelo en el que se organizará esa extensión: dos primeras parcelas que suman 19.433 metros cuadrados, situadas junto al borde del propio recinto empresarial.

El proyecto de esa compra forzosa -que asume la administración local como órgano promotor- queda ahora en exposición al público, con una propuesta de valoración de más de 3,2 millones (3.209.003,18 euros), con el fin de que los propietarios de esos terrenos puedan formular alegaciones, en el caso de que pudiese existir algún tipo de disconformidad respecto a las condiciones planteadas. En realidad, esas dos parcelas quedan bajo la titularidad de una misma sociedad: Dosval SL, una empresa controlada por la familia Gómez-Trénor. O lo que es lo mismo, la familia responsable de Colebega, la antigua embotelladora valenciana de Coca-cola, que -tras el acuerdo de fusión de las siete embotelladoras españolas del refresco alcanzado hace cerca de una década- pasó a convertirse en uno de los socios de Coca-Cola European Partners.

De acuerdo con el proyecto de expropiación, Dosval es la titular de los dos solares objeto de la expropiación: uno de 18.734 metros cuadrados, tasado en 3.129.718 euros, y otro de un tamaño mucho menor, de solo 699 metros, valorado en 79.284 euros. A priori, la adquisición de ambos debería cerrarse en el margen de los próximos meses, toda vez que ya habría superado la tramitación previa de la disponibilidad de recursos para poder ejecutarla. Como informó este diario, el consejo de administración de Mercalicante aprobó a mediados del pasado diciembre una ampliación de su capital social por un importe de más de 3,7 millones con el fin de abordar esa compra.

El acuerdo se alcanzó después de que los dos socios que cubren el 100% del accionariado de la empresa pública -el Ayuntamiento de Alicante y Mercasa- consignasen la aportación que les correspondía asumir para financiar la operación. En el caso del Ayuntamiento de Alicante, dicha provisión quedó incorporada en la tercera modificación de crédito sobre el presupuesto de 2024, aprobada el pasado mes de octubre, por un importe de 1.945.179 de euros. Y en el caso de Mercasa, también se habría dispuesto una aportación equivalente, canalizada a través de la entidad pública empresarial de suelo Sepes.

Espacio para atender la demanda empresarial

El propósito de esa ampliación es organizar el crecimiento de las instalaciones de Mercalicante para dar cabida a nuevos espacios capaces de satisfacer las necesidades de operadores ya asentados en Mercalicante, y de atraer a otras empresas interesadas en aprovechar las ventajas del clúster, entre las que se incluye la disponibilidad de servicio de vigilancia y seguridad, un acceso controlado, la existencia de un aparcamiento para camiones, servicio de mantenimiento compartido, gestión de residuos o servicio de aduanas, además de instalaciones para el suministro de carburante en el propio recinto, a las que se sumarán, en breve, también de estaciones de carga para vehículos eléctricos, tras el desarrollo de un proyecto liderado por la joint venture constituida entre Iberdrola y bp pulse.

Por lo pronto, la ampliación de capital aprobada el pasado diciembre incluye ya una primera dotación de 325.000 euros destinada a sufragar gastos de acondicionamiento de una nave preexistente en esos 19.500 metros cuadrados, con la intención de poder ofrecerla en régimen de arrendamiento a un nuevo operador. Con ello, se contaría con una opción a corto plazo de albergar nuevas empresas, en un contexto en el que el clúster ya se encuentran por encima del 91% de ocupación media anual. En todo caso, el proyecto de expropiación -redactado por la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante- establece que se respetarán los derechos de superficie que puedan estar en vigor en la actualidad en esa bolsa de suelo que albergará la ampliación del recinto, de modo que permanecerán vigentes como mínimo hasta noviembre de este año.