ALICANTE. Primer balance numérico provisional sobre las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Alicante para la ordenación y regulación de la actividad de viviendas de uso turístico (VUT), después de que, a principios de este año, asumiese de forma efectiva las competencias de control, inspección y sanción ante la constatación de anomalías, que prevé el decreto autonómico aprobado por el Consell en 2023. Ese balance refleja hasta ahora la apertura de 57 expedientes de investigación, 26 expedientes sancionadores y nueve suspensiones de actividad en los ocho meses transcurridos de este 2026, así como la denegación de todos los certificados de compatibilidad urbanística para VUT presentados desde la entrada en vigor de la moratoria municipal para la concesión de nuevos permisos para alojamientos turísticos, en enero de 2025.
Así lo ha expuesto este jueves el concejal de Urbanismo, Toño Peral, en el transcurso del pleno ordinario de septiembre, en respuesta a la pregunta formulada por el portavoz del grupo municipal de Compromís, Rafa Mas. Eso sí, Peral ha señalado que, hasta el momento, no se ha impuesto ninguna sanción definitiva, toda vez que la instrucción de los expedientes requiere de un plazo de tramitación de al menos seis meses y no se habría concluido todavía ninguno.
Entre las cifras que ha facilitado destaca la apertura de 57 expedientes de investigación a VUT y 26 expedientes sancionadores este año, los cuales han derivado en 9 suspensiones de actividad. Es decir, en el cierre temporal, a la espera de subsanaciones. En este momento, según ha concretado, existen 4 procedimientos sancionadores incoados, todos por infracciones muy graves, 7 por incoar (6 muy graves y uno grave) y 8 expedientes cerrados, según ha detallado. En este sentido, ha recalcado que los expedientes muy graves que ya están incoados, que tienen un plazo mínimo de tramitación de seis meses, darán lugar a corto plazo a sanciones ejemplares, dentro del marco que marca la Generalitat, que pueden llegar hasta los 600.000 euros.
Además, Peral ha avanzado que "estamos ya desplegando el Plan Mensual de Inspecciones vinculado a la Modificación Puntual número 52 del PGOU en tramitación, que va a ser la herramienta definitiva para ordenar el alojamiento turístico en la ciudad". Se trata del cambio urbanístico en el que se fijan ratios para la concesión de autorizaciones a futuras actividades vinculadas al alojamiento, con un límite de 0,187 plazas por habitante en cada distrito censal como norma general, como viene informando este diario. En el caso de los proyectos para la apertura de hoteles de tres estrellas, se fija una ratio menos restrictiva, de 0,82 plazas por habitante, mientras que las propuestas para establecimientos de 4 y 5 estrellas permanecen exentas con el fin de promover la llegada de establecimientos de gama alta que mejoren la oferta alojativa de la ciudad.
Peral ha resaltado, además, que "antes de final de año" se aprobará esa "nueva regulación de la actividad turística de la ciudad". "El equipo de gobierno se marcó como objetivo de mandato regular y ordenar las viviendas de uso turístico, así como el resto de actividades vinculadas a este sector y hemos tomado medidas contundentes que están dando sus frutos", ha añadido.
La respuesta, no obstante, no ha satisfecho al portavoz de Compromís, quien ha instado a Peral a precisar cuántos apartamentos turísticos se habían cerrado desde enero de 2026. Con todo, su protesta no ha encontrado acomodo, después de que el alcalde, Luis Barcala, haya sostenido que sí se había facilitado una contestación.
Moratoria, regulación de usos y sanción
Fuentes municipales han incidido, a través de un comunicado posterior, que el pleno aprobó en diciembre de 2024 la suspensión del otorgamiento de licencias a las viviendas de uso turístico ubicadas en edificios residenciales, por un plazo de dos años. En julio de 2025 se aprobó la ampliación de la moratoria para incluir también a los bloques de apartamentos, pensiones y albergues turísticos, manteniendo el plazo inicial. "Esta moratoria en la concesión de licencias es una medida transitoria que se adoptó para dar tiempo a la tramitación de una nueva regulación de los usos turísticos de la ciudad", añaden las mismas fuentes.
En este sentido, el Ayuntamiento tiene previsto aprobar de forma definitiva este año la modificación del PGOU que regula los alojamientos turísticos en la ciudad, en la que se establece el ya índice máximo ya citado de 0,187 plazas turísticas por habitante y se prohíbe la implantación de nuevas plazas turísticas en aquellas zonas saturadas urbanísticamente. Es decir, en las que se supera el índice máximo establecido, con excepciones específicas para hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, ya detalladas.
Además, prohíbe la implantación de usos turísticos en las plantas bajas de los principales viarios comerciales y establece un acceso independiente como condición a la concesión de licencias de alojamientos turísticos ubicados en edificios residenciales. Esta regulación se articula a través de la modificación puntual Nº 52 del PGOU. Una regulación que se aprobó de forma inicial en diciembre de 2025. Por último, fuentes municipales inciden en que en el pleno de enero de 2026, el Ayuntamiento aprobó la propuesta de adhesión al convenio para llevar a cabo la incoación, tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores por infracciones leves, graves y muy graves en materia de viviendas de uso turístico que permite asumir esas competencias de control, inspección y penalización.
