ALICANTE. El proyecto del centro de congresos de Alicante pone el contador a cero, después de más de 40 años de reivindicaciones por parte del conjunto de los actores del sector turístico de la ciudad. El pistoletazo de salida para su redacción llega con el desbloqueo de la modificación del Plan Especial del Puerto de Alicante (PEPA) con la que se da encaje a su construcción entre las explanadas de los muelles 7 y 9. Los cambios introducidos en ese documento, que ahora deben ser revisados y asumidos tanto por el Ayuntamiento de Alicante como por la Conselleria de Medio Ambiente, son los que permiten que pueda producirse la firma efectiva del contrato con la alianza de gabinetes de arquitectura que resultó seleccionada para diseñar el edificio.

O mejor dicho, el conjunto de edificios que lo componen, en función de la propuesta trazada por Frade Arquitectos, Luca Poian Forms Limited y Prointec: uno concebido como infraestructura congresual, otro que debe acoger las oficinas del centro operativo de Suma (el organismo tributario de la Diputación) y otro de uso multidisciplinar concebido como nexo de unión, en el que también se prevé dar cabida al aparcamiento.

Fuentes consultadas por Alicante Plaza precisaron que la redacción del proyecto de ejecución todavía no se ha iniciado de forma oficial, a pesar de que ha transcurrido más de un año desde que se produjo la entrega de premios del concurso internacional de ideas convocado por la Diputación Provincial para elegir el diseño del complejo congresual. Y no se ha iniciado porque sencillamente no podía iniciarse, al no existir hasta ahora ningún documento administrativo que facultase para que se comenzase a diseñar un edificio que no tenía suelo garantizado sobre el que situarse. Es decir, que sin el cambio en la ordenación urbanística del Puerto que amparase la ubicación del edificio no podía darse el paso de comenzar a trazar el proyecto, según inciden las mismas fuentes.

¿Cuáles son las siguientes etapas del proceso, una vez planteada la actualización del PEPA? En principio, la primera de ellas consistiría en la firma del contrato entre la Diputación y el equipo redactor del proyecto, para lo que todavía no se ha fijado ninguna fecha concreta. A partir de ahí, se iniciarían los trabajos de redacción del proyecto, para lo que se dispone de un plazo mínimo de seis meses, según se concreta en las bases del concurso. Eso sí, ese pliego no precisa un tiempo máximo para su entrega que, en todo caso, será superior a ese medio año, dada la complejidad que entraña la propuesta, según las mismas fuentes.

Al próximo mandato

En todo caso, el trabajo de redacción no parte de cero, puesto que las líneas centrales ya quedan plasmadas en el anteproyecto presentado en la fase de concurso, aunque el hecho de que se requiera de más de medio año para su finalización ya supone que su entrega no se producirá al menos hasta el primer tercio de 2027. A partir de ahí, la Diputación y el Ayuntamiento deberán dar el visto bueno al proyecto de ejecución o, en su caso, plantear posibles adaptaciones. De este modo, solo después de que llegue ese beneplácito podrá convocarse el concurso para contratar sus obras, para las que se ha estimado un coste que podría superar los 65 millones a financiar entre la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante, a la espera de que se confirme la participación de la Generalitat en la cobertura de esa inversión, como anunció el expresidente de la institución provincial y exjefe del Consell, Carlos Mazón. 

Esa secuencia comprende que la licitación de la realización de las obras se retrase como mínimo hasta finales de 2027, cuando se complete el proceso administrativo de selección del contratista, lo que podría consumir entre tres y cuatro meses entre plazos de presentación y de revisión de las propuestas presentadas. Con ello, la responsabilidad de impulsar su ejecución quedará en manos de los próximos responsables que asuman la gestión de la Diputación y del Ayuntamiento de Alicante, una vez celebradas las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2027, siempre que para entonces se mantenga el interés en el desarrollo de la infraestructura.