ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante aspira a tener todo el control en la regulación, inspección y capacidad sancionadora respecto a los apartamentos turísticos. De hecho, el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), ha cumplimentado ya los primeros trámites para solicitar la cesión de esas competencias específicas, anticipando su intención de adherirse a esa opción junto a una consulta sobre los requisitos que resultan necesarios para asumirlas, como queda amparado en el Decreto Ley 9/2024 aprobado por el Consell en julio, ahora pendiente de ratificación en les Corts, aunque su entrada en vigor se produjo el mismo día de publicación en el DOGV, el pasado 7 de agosto.

La solicitud cursada a través de la Concejalía de Urbanismo pasa por ser una de las primeras registradas ante la Conselleria de Innovación, Industria y Comercio y Turismo, en la que ya se habría registrado peticiones de información y consultas por parte de otros municipios de la Comunitat, según fuentes consultadas. Y respondería al interés del gabinete que coordina Luis Barcala por manejar el timón de una actividad económica en auge para poder actuar de manera inmediata y directa en el ámbito municipal, sin tener que depender de la intervención de otras instancias superiores.

Con la delegación de competencias, el Ayuntamiento de Alicante no solo tendrá la capacidad de ordenar y decidir desde el punto de vista urbanístico en qué zonas del casco urbano y en qué condiciones concretas (bloque completo o inmueble aislado) podrá autorizarse el funcionamiento de un apartamento turístico. Así se prevé en el artículo 64 bis del Decreto Ley, en el que se concreta que "los Ayuntamientos, por razón imperiosa de interés general, y mediante el ejercicio de sus competencias de planeamiento urbanístico, podrán establecer limitaciones proporcionadas, en lo que respecta al número máximo de viviendas de uso turístico por edificio, sector, ámbito, área o zona. Dichas limitaciones deberán obedecer a criterios claros, inequívocos y objetivos, a los que se haya dado debida publicidad con anterioridad a su aplicación".

A esa potestad se sumará ahora la capacidad de reforzar la lucha contra la oferta ilegal al ejercer de forma directa la función de inspección. Es más, también podrá incoar, instruir y resolver expedientes sancionadores en caso de que se detecten posibles infracciones leves, graves o muy graves, como informó este diario.