ALICANTE. El nuevo concurso sobre el servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales de Alicante se hará esperar al menos otros dos meses. Esa es la previsión con la que trabaja el equipo de gobierno, el bipartito compuesto por PP y Cs, para poder completar la documentación necesaria para licitar la prestación, después de que, el pasado mes de septiembre, se acordase suspender la primera convocatoria para redactar un nuevo pliego de condiciones. El bipartito defendió entonces la necesidad de introducir modificaciones y mejoras, en un momento en el que ya se había registrado hasta tres recursos distintos contra las bases del procedimiento aprobado en agosto.

La nueva licitación espera, además, a que se pueda recabar los informes del servicio de Asesoría Jurídica municipal y del departamento de Intervención, imprescindibles para lanzar esa nueva convocatoria, según concretaron fuentes de la Concejalía de Infraestructuras que coordina el edil José Ramón González (PP). En todo caso, según las mismas fuentes, se confía en que el servicio pueda contar con un nuevo adjudicatario antes de que concluya el año 2021.

Como viene informando este diario, el servicio se presta desde el pasado mes de septiembre a través de un contrato de emergencia en manos de la misma alianza empresarial (la UTE compuesta por Clece y Fissa bajo la denominación de UTE Limpal) que logró la adjudicación en 2018. Aquel contrato se concertó con una duración de dos años, que vencieron en febrero de 2020. Es decir, hace ya más de un año y un mes. Desde marzo hasta septiembre, el ayuntamiento fue abonando los servicios prestados mediante la fórmula del reconocimiento extrajudicial de crédito (el procedimiento establecido para asumir gastos no presupuestados o imprevistos) tras la aprobación de los correspondientes certificados mensuales de la ejecución del servicio.

No obstante, como también ha informado este diario, esa dinámica ha quedado interrumpida a instancias del departamento de Intervención precisamente a partir del mes de septiembre, cuando se concertó ese contrato de emergencia, por un importe de 2,3 millones y una duración mínima de 10 meses, hasta que concluyese el curso escolar, o -una vez superado ese plazo- hasta que se pudiese disponer de un nuevo concesionario.