ALICANTE. Alicante no seguirá los pasos de Elche para regular el funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) pese a ser ciudades vecinas con gobiernos alineados desde el punto de vista político. En el caso de la capital, no habrá ningún tipo de restricción adicional (al margen de las que ya rigen en el Casco Antiguo) para el acceso de vehículos en el ámbito comprendido desde el anillo de la Gran Vía hasta el Centro Tradicional. Como en Elche, tampoco se exigirá la disposición de tarjeta ECO y, sobre todo (y aquí radica una de las principales diferencias entre los planteamientos de las dos ciudades) no se aplazará la imposición de sanciones a futuro, como sí queda reflejado en la ordenanza reguladora de la ZBE de Elche aprobada este martes.

Como mínimo, ese fue el mensaje que persistió en trasladar el vicealcalde, concejal de Medio Ambiente y portavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar, este martes, tras ser cuestionado por la fórmula por la que se pretende apostar en la ciudad respecto a la regulación de la ZBE, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta de Gobierno.

Villar insistió en la argumentación que el PP ya ha venido defendiendo respecto al modelo de ZBE que se pretende implantar en Alicante para asegurar que "aquí partimos de la premisa de que no existe un problema de contaminación [lo cierto es que el gobierno de Elche (PP y Vox) también lo niega], por lo que no creemos necesario que se deba imponer ninguna restricción al tráfico, ni tampoco demorar la aplicación de multas".

Pero, además, añadió una valoración adicional respecto al objetivo de las actuaciones puestas en marcha gracias a la obtención de los 15 millones en fondos europeos concedidos para la implantación de ese mecanismo de reducción de emisiones contaminantes, traspuesto a la legislación española a través de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica. Al respecto, señaló que "lo que hemos pretendido es aprovechar esos fondos para llevar a cabo una transformación urbana y una mejora en la movilidad", explicó. Así, justificó el cumplimiento del objetivo de reducción de emisiones al argumentar que "si se mejoran las condiciones de movilidad, también se reducirá la contaminación".

Por lo pronto, el proyecto de implantación de la ZBE de Alicante validado por el Ministerio para la Transición Ecológica prevé un conjunto de iniciativas con las que se aspiraba a reducir el tráfico de vehículos en hasta un 20%, tras la instalación de cámaras y sensores como puntos de rastreo y monitorización en un primer anillo exterior, sobre el borde de la Gran Vía, que permitirían activar hipotéticas limitaciones en el caso de que se detectasen niveles de polución en la calidad del aire superiores a los establecidos en la legislación.