ALICANTE. El último movimiento auspiciado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en el entuerto del BIC de Torre Placia comienza a tener consecuencias. La primera de ellas es la reactivación del contrato adjudicado por el Ayuntamiento de Alicante para que se pueda ejecutar el traslado del monumento, en el momento en el que el Ministerio de Cultura cumpla con el requerimiento formulado por el alto tribunal autonómico y resuelva sobre la procedencia (o no) de su desplazamiento después de haber alegado que se trataba de una decisión bajo la competencia de la Generalitat.

Fuentes municipales consultadas precisaron que el departamento de Contratación ha retomado el expediente de adjudicación para evaluar si resulta necesario abordar una reevaluación de costes respecto al importe por el que se cerró la encomienda a la empresa Estudio Métodos de la Restauración a finales de 2019. El precio de adjudicación ascendió a 1.488.693,25 euros (impuestos incluidos) para que se llevase a cabo el desmontaje de la torre y su reubicación y reconstrucción en la parcela de zona verde, de propiedad municipal, situada entre las Avenidas Pintor Pérez Gil y Conrado Abaladejo y la calle Juana Francés.

Ese importe podría verse alterado tanto por el incremento de precios de los materiales y medios a emplear que se hubiese registrado cuatro años después, así como por un hipotético cambio en el procedimiento que acabe autorizando el ministerio que coordina Miquel Iceta. Como ya ha informado este diario, el comité de expertos que evaluó las ofertas presentadas al concurso acabó decantándose por la propuesta de desmontaje pieza a pieza planteado por Estudio Métodos de la Restauración al considerar que era el más indicado para preservar la integridad del edificio.