ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), vuelve a poner el foco en la reorganización de la plantilla municipal con el fin de optimizar el funcionamiento de la administración. Sobre todo, en el ámbito de la Concejalía de Urbanismo con el objetivo de agilizar la resolución de trámites y acelerar la tramitación de licencias, que sigue siendo motivo de queja entre los empresarios vinculados a la promoción inmobiliaria o de los inversores que tratan de poner en marcha negocios en la ciudad. Tanto que se viene denunciando esperas de más de un año para que se resuelvan las solicitudes de autorización presentadas, con la salvedad de que, en ocasiones, esos tiempos de tramitación derivan de la reclamación de subsanaciones.
Cuando menos, ese refuerzo quedó concretado este miércoles por parte del mismo alcalde, Luis Barcala, en una comparecencia pública tras el acto de recepción institucional ofrecido a una delegación de representantes políticos y empresariales de Bulgaria, al señalar que la asunción de ese compromiso de reorganización es uno de los principales fines que se pretendía conseguir con el nombramiento de los dos coordinadores generales de estrategia y de transformación y gestión municipal, y de la directora general de Plan General y Planeamiento, aprobados el pasado diciembre.
Es más, señaló que la coordinadora general de transformación y gestión municipal, Asunción Martínez, ya se encuentra inmersa en esa labor de planificación junto a la directora general de Planeamiento, Leticia Martín, y la edil del área, Rocío Gómez, para concretar las necesidades de ese nuevo organigrama y, al tiempo, "agilizar la gestión eliminando burocracia, acortando plazos".
Ya no solo por lo que respecta al análisis de los permisos de obra solicitados, sino también, según incidió, para impulsar la redacción del nuevo PGOU en su fase estructural y para impulsar, en paralelo, las modificaciones puntuales del planeamiento vigente (de 1987) que resulten necesarias a corto o medio plazo para poder "generar suelo apto para la construcción de viviendas a precios asequibles", ya sea a través de vivienda de protección pública (VPP) o de vivienda de protección oficial (VPO), según explicó, además de suelo que permita albergar la instalación de empresas interesadas en implantarse en la ciudad y, por último, suelo para promover el crecimiento de la planta hotelera actual.
Así se puso de manifiesto en el encuentro de trabajo celebrado hace dos semanas con la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, en la que se puso sobre la mesa la necesidad de ampliar la oferta alojativa de la capital, toda vez que Benidorm cuenta con 42.000 camas y València con 17.000, frente a las 7.200 disponibles en Alicante.
