ALICANTE. La suspensión de licencias para pisos turísticos por un periodo de dos años que prevé promover el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), seguirá acompañada de una labor de inspección reforzada con nuevos efectivos policiales con el propósito de detectar y, en su caso, penalizar las viviendas de uso turístico (VUT) no declaradas, que se estén ofreciendo para el alojamiento temporal de manera irregular.
De hecho, esa labor ha permitido doblar la apertura de actas de infracción detectadas en pisos que carecían de permiso de actividad o que no reunían los requisitos necesarios para mantener esa autorización, hasta alcanzar un centenar de expedientes abiertos, según ha precisado este martes el vicealcalde, Manuel Villar, durante la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta de Gobierno.
En concreto, Villar ha precisado que las 50 actas de infracción levantadas hasta el mes de septiembre han aumentado hasta llegar a doblarse, después de que las actuaciones de la Brigada de Disciplina Urbanística de la Policía Local de Alicante -encargada hasta ahora de este cometido-, se hayan visto reforzadas por la intervención de los agentes de la Policía Comunitaria o de Barrio, que han recibido orientación para que incorporen a sus cometidos esta función inspectora de apartamentos turísticos en las zonas en las que trabajan, según han precisado fuentes municipales, a través de un comunicado posterior. En concreto, las actas corresponderían con viviendas de uso turístico concentradas fundamentalmente en el Centro y en Playa de San Juan.
En todos esos casos, según fuentes consultadas, se ha tramitado los correspondientes expedientes de suspensión de actividad, de modo que esos pisos turísticos no pueden seguir arrendándose para acoger a turistas. En la práctica totalidad de esos pisos turísticos, se ha concede un plazo de subsanación para que los titulares de dichas viviendas puedan regularizar la actividad. En en caso contrario, se ordenará su precinto y se elevará el expediente a la Generalitat para que se dicte la sanción correspondiente en cada situación (que pueden ascender a los 600.000 euros), a la espera de que el Ayuntamiento pueda asumir también las competencias sancionadoras y de recaudación, en un proceso que seguiría en fase de trámite, según fuentes consultadas.
"Estamos volcados en el control de irregularidades en la actividad de las viviendas de uso turístico y pondremos todos los medios necesarios para evitar que este negocio se desarrolle de forma ilegal en Alicante, aprovechando las nuevas competencias sancionadoras que le hemos solicitado a la Generalitat", ha señalado la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, a través de dicha nota pública.
"Los agentes de la Policía Comunitaria son los que mejor conocen los barrios en los que patrullan cada día y este conocimiento y cercanía es una ventaja que podemos aprovechar para intensificar y optimizar el control de ilegalidades en la actividad de los pisos turísticos", ha añadido el concejal de Seguridad Ciudadana, Julio Calero.
Recomendación de los informes
El incremento de la inspección sobre los apartamentos turísticos es, según fuentes municipales, "la primera y principal recomendación estratégica" que se extrae de los estudios sobre la situación de las VUT en Alicante elaborados por la Cátedra de Turismo y la empresa especializada Estrategia y Organización S.A. (EOSA), a petición del Ayuntamiento de Alicante. En concreto, proponen inspecciones y sanciones efectivas para el incumplimiento de normativas urbanísticas.
"Para reforzar el cumplimiento de las normativas urbanísticas sobre las Viviendas de Uso Turístico (VUT), sería fundamental implementar sanciones efectivas para los propietarios que no se adhieran a las regulaciones vigentes", expone el estudio de EOSA. En este sentido, recomienda "imponer multas económicas considerables a aquellos que operen sin licencia o incumplan los requisitos urbanísticos y, en casos de infracciones graves, como la reincidencia o la falta de adecuación de la propiedad a las normativas, se podría revocar de inmediato la licencia para operar como VUT", añade el informe.
Además, aboga por "establecer un sistema de seguimiento y control periódico que permita la detección temprana de infracciones, asegurando un mejor manejo del impacto del turismo en los barrios residenciales", según precisa la nota pública como primer avance del estudio, cuyas conclusiones todavía no se han dado a conocer, lo que ha seguido generando este martes la crítica de los grupos políticos que ejercen funciones de oposición: PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem.
¿Suspensión retroactiva?
Por el momento, solo el grupo municipal de Vox ha anticipado la posibilidad de prestar apoyo al acuerdo de suspensión de licencias que se prevé elevar a aprobación inicial en el pleno ordinario de diciembre. Cuando menos, así lo ha sostenido su portavoz, Carmen Robledillo, a pesar de que, este lunes fue especialmente crítica con la medida, hasta el punto de sostener que podía tratarse de "un parche" y que suponía poner límites al uso de la propiedad privada. Este martes, ha modulado su discurso y ha apuntado que Vox estaría dispuesto a secundar el acuerdo siempre que se excluya de esa moratoria a los proyectos de apartamentos turísticos en bloque completo, como ha anticipado este diario. Según Robledillo, esa diferenciación implicaría preservar la iniciativa de los emprendedores y los empresarios, a los que "Vox va a prestar apoyo siempre, ya que son los que generan economía", ha enfatizado.
