ALICANTE. Cambio de rumbo en el pago de las obras de remodelación de la avenida de Jijona de Alicante con consecuencias directas sobre la llegada de fondos europeos. El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), aprobó este miércoles, en una reunión extraordinaria de la Junta Local, el acuerdo de refinanciación de los trabajos de reurbanización por el que se concreta que se costearán a cargo del préstamo bancario a largo plazo concertado a través de los presupuestos municipales de 2024 para financiar la ejecución de inversiones. En la práctica, ese acuerdo supone que los cerca de 2,4 millones de importe de las obras queden asumidos íntegramente con fondos municipales, sin que se cuente con el 50% de cobertura prevista mediante fondos comunitarios concedidos para su realización, a través de Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica.

En concreto, el proyecto contaba con una aportación cifrada en 1.050.334 euros procedentes de la Unión Europea en el marco del programa operativo Feder. En ese programa, se precisaba que la ejecución y certificación de los contratos debían quedar justificados a fecha de 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, los trabajos siguen sin haberse recepcionado de forma oficial, tras haber superado varios retrasos en su realización desde que se adjudicaron al Grupo Bertolín en noviembre de 2022, a la espera de que se complete algunos elementos recogidos en el proyecto como la instalación de mobiliario urbano y la plantación de arbolado, según la información que ha venido facilitando hasta ahora el equipo de gobierno. 

Esa demora llevó, incluso, a que se plantease una rescisión de la adjudicación por causas imputables al contratista, después de que se plantease una disputa sobre la tramitación de un modificado derivado del hallazgo de restos de amianto que requerían de un tratamiento especial para su retirada y eliminación, entre otras circunstancias sobrevenidas durante el desarrollo de las obras. No obstante, finalmente se alcanzó un nuevo acuerdo por el que Bertolín asumía el compromiso de retomar y acelerar el proyecto, de modo que se desistió de su resolución, lo que habría supuesto un retraso adicional al tener que volver a licitarse. Eso sí, esa decisión se acompañó de la imposición de una sanción próxima a los 100.000 euros por la demora en la comunicación del hallazgo del amianto y en la consiguiente ejecución de los trabajos.