ALICANTE. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, compuesto por PP y Cs, da el primer paso para conseguir la continuidad del funcionamiento de la estación provisional de autobuses en terrenos del Puerto de Alicante. En concreto, como avanzó el edil de Transportes, Manuel Villar, en el pleno ordinario de junio, celebrado este jueves, se trata del inicio de acciones legales para que sea un juzgado el que garantice la prolongación de ese acuerdo, como mínimo de manera temporal. 

Así, los servicios jurídicos municipales han presentado un recurso contencioso-administrativo frente a la caducidad de ese convenio en el que solicitan la suspensión del acto en el que debería producirse la firma del acuerdo sobre la reversión de las instalaciones (el edificio de la propia terminal), como medida cautelarísima. Ese acto, según ese contencioso, ya ha sido convocado por la Autoridad Portuaria para el próximo 1 de julio. Es decir, un día después de que expire la duración de la última prórroga del convenio de cesión del suelo.

Como viene informando Alicante Plaza, la reversión de las instalaciones es una de las condiciones que, según la Autoridad Portuaria, quedó reflejada en el convenio regulador de la ocupación de la parcela, firmado en el año 2006. Ahora, tras la extinción de ese acuerdo, con una duración inicial de 10 años, pero ampliado en otros cuatro años adicionales más, el edificio -que supuso una inversión de tres millones de euros- debería pasar a manos de la Autoridad Portuaria, al tiempo que se debería acordar un nuevo convenio con el Ayuntamiento para regular su funcionamiento. Ese nuevo acuerdo conllevaría una actualización de las tasas por la ocupación del suelo, dado que no se han modificado desde hace 14 años.

No obstante, el Ayuntamiento sostiene que parte de esas condiciones son inasumibles, por lo que ya ha dado curso a ese primer contencioso con la intención de mantener la titularidad del edificio y poder prolongar su funcionamiento actual, como espacio para la organización de las conexiones regulares de autobús entre Alicante y otros municipios. 

En la petición de suspensión cautelar de la reversión de la instalación, se alega, entre otros puntos, que existe una concesión en vigor que rige la explotación de la terminal provisional de autobuses, en manos de Vectalia y Enatcar. Además, se esgrime que existe un error en el cómputo de periodo establecido para la cesión de uso de la parcela (en concreto, según el ayuntamiento, el vencimiento se produciría a finales de julio). Y se apunta, también, que existe predisposición del Ayuntamiento y de la Autoridad Portuaria por llegar a un nuevo acuerdo sobre la continuidad de la estación. Por último, se considera que la reversión del edificio supondría que dejase de prestar el servicio actual, al menos hasta que no se firmase un nuevo acuerdo que habilitase a la Autoridad Portuaria para que la estación siguiese prestando el servicio actual.

Barcala solicita la mediación de la Generalitat, al ser la administración competente sobre el transporte interurbano, y confía en llegar a un nuevo acuerdo en el que se evite el incremento de tasas

Por lo pronto, el propio alcalde, Luis Barcala (PP), se ha referido este viernes a la controversia sobre la terminal provisional para señalar que se debe contar con la mediación de la Generalitat, ya que es la administración competente sobre el servicio de transporte interurbano y quien debe velar por su continuidad, en el caso de que no se pacte una salida que permita mantener el funcionamiento de la terminal.

Además, ha indicado que se sigue tratando de negociar con la Autoridad Portuaria para alcanzar un nuevo acuerdo en el que deberían resolverse dos cuestiones esenciales. La primera, si corresponde que se lleve a cabo la reversión del edificio en favor del Puerto, ya que, según ha indicado, existen informes contradictorios sobre la cuestión: los que maneja la Autoridad Portuaria apuntan que sí, mientras que los elaborados por el Ayuntamiento lo niegan. 

La segunda cuestión a resolver es el importe de las tasas a satisfacer por parte del ayuntamiento, en el caso de que progrese la negociación de un nuevo acuerdo por la ocupación de la parcela. Según el primer edil, no es momento de que se produzca un incremento, que podría suponer cerca de 100.000 euros anuales más.

En todo caso, como ya informó este diario, la Autoridad Portuaria sigue abierta a una negociación para resolver un conflicto que, según se sostiene, se podía haber evitado, ya que el Ayuntamiento era consciente de que la prórroga vencía este mes de junio. Eso sí, portavoces oficiales consultados han insistido en que quien debe solicitar que se tramite una nueva cesión de la parcela debe ser el Ayuntamiento.