ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante garantiza la prestación del servicio de mantenimiento de zonas verdes tras la decisión del Tribunal Supremo (TS) anticipada por Alicante Plaza que da por ratificada la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en julio de 2022. En esa resolución, el alto tribunal autonómico conminaba al ayuntamiento a retrotraer el concurso convocado en 2019 para contratar ese servicio al momento de la valoración de las ofertas presentadas. En ese trámite, se debía readmitir la propuesta presentada por la empresa Geamur (la compañía que había venido asumiendo la prestación al menos durante las dos últimas dos décadas precedentes), al considerar que sí había acreditado de forma justificada el precio propuesto para asumir el encargo, en contra de lo que resolvieron los informes técnicos, en los que se basó su exclusión del proceso.

Tanto el ayuntamiento como la empresa a la que se le acabó concediendo la adjudicación, STV Gestión, recurrieron esa sentencia en casación. No obstante, el TS resuelve ahora la inadmisión de esos recursos por motivos formales, al considerar que no se había justificado la concurrencia de las infracciones procesales aludidas como fundamento de sus impugnaciones frente a la sentencia del TSJ. Contra la decisión del TS no cabe recurso, lo que aboca al ayuntamiento a recuperar el concurso de 2019 con una nueva valoración del conjunto de los licitadores que dé lugar, también, a una nueva propuesta de clasificación.

Por lo pronto, portavoces del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), precisaron este jueves que, al menos temporalmente, la prestación seguirá en funcionamiento a cargo de STV Gestión, la empresa que asumió el contrato en enero de 2021 (entonces, con el aval del TSJ), ante la imposibilidad de dejar a la ciudad sin servicio. 

Esa situación se mantendrá, como mínimo, hasta que los servicios jurídicos municipales puedan estudiar y analizar el alcance de la decisión del TS que, según las mismas fuentes, no habría sido comunicada oficialmente todavía al ayuntamiento. A partir de ahí, se valorarán los pasos a seguir, sin que, por ahora, se haya planteado revocar la prórroga de un año de duración ya concedida a STV Gestión para que continuase prestando el servicio hasta 2025 (la duración del contrato original vencía en enero de 2024).

En todo caso, las mismas fuentes incidieron en que todas las decisiones adoptadas en el proceso administrativo de contratación objeto del litigio se basaron en las conclusiones recogidas en los informes técnicos sobre la valoración de las ofertas. De ahí que se siguiese el criterio que se apuntaba en ellos, tanto por lo que respecta a la exclusión de Geamur, como por lo que concierne a la adjudicación en favor de STV Gestión.

Plazo de ejecución

Entre tanto, representantes de Geamur consultados por Alicante Plaza apuntaron que, a juicio de su gabinete jurídico, la providencia del TS deja poco espacio para la interpretación en la medida en que confirma la sentencia del TSJ en la que se da por anulado el acuerdo de adjudicación y se fuerza a acordar una nueva evaluación del conjunto de las ofertas concurrentes al concurso. 

Según las mismas fuentes, a partir de ahora, se abre un plazo de dos meses para que el ayuntamiento dé cumplimiento a esa sentencia del alto tribunal autonómico, recuperando el proceso de licitación de 2019. En caso de que no se den pasos en esa dirección, sería Geamur quien solicitaría la ejecución de sentencia ante el TSJ, una vez consolidada su firmeza, tras descartar la opción que tenía su alcance desde julio de 2022 de solicitar su ejecución provisional. 

Al tiempo, fuentes jurídicas consultadas añadieron, también, que la reactivación del procedimiento de licitación podría quedar sometido a una actualización de precios del servicio, toda vez que las circunstancias de la prestación se han modificado desde la convocatoria del concurso, hace cuatro años. 

En esta línea, se ha incorporado la obligación de mantener las nuevas zonas verdes desarrolladas en la ciudad (entre ellas, el Parque del Mar, cedido por el Puerto al ayuntamiento), lo que forzó a ampliar el precio del contrato en cerca de un millón adicional. Así, estaría por ver si el conjunto de los licitadores que presentaron oferta estarían dispuestos a mantener su interés en asumir la prestación con esas nuevas condiciones.