ALICANTE. Ahora sí. El Ayuntamiento de Alicante recurre al mecanismo de financiación que puso en marcha a mediados de 2022 y comienza a hacer uso del primero de los préstamos bancarios de 19,8 millones concertados con la intención de cubrir costes derivados de la ejecución de distintas inversiones con plazos superiores a un año de duración encaminadas a modernizar la escena urbana. 

La disponibilidad de los fondos de ese primer crédito, contratado en dos lotes distintos con Banco Sabadell y Unicaja, se activó el pasado 1 de diciembre, para comenzar a sufragar distintas actuaciones en los barrios por un valor global de 1,79 millones, lo que explicaría que su uso no haya quedado reflejado en el informe de fiscalización elaborado por el departamento de Intervención sobre la propuesta de presupuestos para 2024 trazada por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), según concretaron fuentes consultadas de la Concejalía de Hacienda. En ese dictamen, fechado el 19 de diciembre, aunque con datos sobre la contabilidad municipal actualizada hasta noviembre, se llamaba la atención sobre el hecho de que no se hubiese utilizado todavía los fondos previstos en los dos préstamos contratados hasta ahora por el ayuntamiento, en la medida en que las actuaciones a desarrollar se habían podido sufragar con recursos propios, por lo que no existía la necesidad de acudir al endeudamiento que supone la contratación de esos préstamos.

No obstante, las fuentes de la concejalía que coordina el edil Toni Gallego precisaron que el uso del primer crédito se activó en el momento en el que vencía el periodo de carencia previsto entre las condiciones de préstamo, por lo que, hasta el momento, el ayuntamiento no ha tenido que asumir el pago de intereses, como sí comenzará a suceder a partir de este mes de diciembre (así como también, la generación de intereses por su depósito en las cuentas bancarias municipales).

Y esa misma circunstancia también concurre respecto al segundo crédito bancario, por un importe de 9,7 millones, que se concertó para anticipar el porcentaje del coste de las obras que corresponde asumir a la Unión Europea (UE) en el marco del proyecto de implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), así como otras actuaciones vinculadas a financiación comunitaria como la adaptación de El Secadero del complejo de la antigua fábrica de tabacos, por ejemplo. Ese crédito sigue sin activarse, por lo que tampoco habría comenzado a devengar intereses.