ALICANTE. Los compromisos económicos a asumir por el Ayuntamiento de Alicante en el convenio por la renovación de infraestructuras ferroviarias suscrito en 2003 con motivo de la llegada del AVE comienzan a endurecerse. Tanto que, por primera vez, la administración local se ha visto obligada a formalizar una aportación millonaria para contribuir a los gastos de planificación del conjunto de actuaciones previstas en ese acuerdo suscrito hace 21 años, que dio pie a la constitución de la sociedad Avant, como entidad responsable de planificarlas.
En concreto, la aportación municipal correspondiente a este ejercicio supera los 2,7 millones (2.737.500,00 euros) a través de la concesión de un préstamo participativo, en el que también participan las otras dos administraciones superiores que forman parte de Avant: el Gobierno central y la Generalitat. La administración autonómica debe aportar la misma cuantía, al quedar representada con el mismo 25% de las participaciones de las que dispone el Ayuntamiento, mientras que el Gobierno debe asumir en torno al doble de esa cuantía, al asumir el 50% la representación de Avant.
El acuerdo de concesión de ese préstamo participativo quedó aprobado en la Junta de Gobierno de este martes. Y volverá a repetirse por el mismo importe en los tres próximos ejercicios (2025, 2026 y 2027) frente a los 175.000 que se aportaron en 2023 o los 360.000 correspondientes a 2022. Todo con el objetivo de llegar a cubrir los 12,3 millones que corresponde aportar al ayuntamiento en el horizonte del año 2029, en función de los plazos y reparto de cuotas establecidos en la adenda al convenio de 2003 que se firmó en 2019.
En suma, Avant debe contar en 2029 con unas aportaciones totales de 50.678.974 euros por parte de sus tres socios con el fin de financiar al menos la planificación de las actuaciones comprometidas en el convenio. Y, en principio, también parte de la ejecución de sus obras, aunque todo apunta a que ese cálculo deberá redimensionarse para introducir una revisión de precios derivada del incremento de costes registrado en el sector de la construcción en los últimos cinco años.
