ALICANTE. Todo correcto en la prestación del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales de Alicante. Al menos, esa es la conclusión que se desprende del informe elaborado por el jefe del Servicio de Infraestructuras del Ayuntamiento, Javier Maestre, al considerar que ninguno de los tres funcionarios adscritos a su departamento que ha asumido la tarea de supervisión del contrato desde el inicio de la prestación ha llegado a proponer una propuesta motivada de sanción tramitada de forma completa tras el hallazgo de un posible incumplimiento por parte de la concesionaria: la alianza empresarial compuesta por Clece y Fissa, bajo la denominación de UTE Limpal.
En concreto, el dictamen apunta que esos tres responsables del contrato -los funcionarios Jesús Rubio, María Teresa Moreno y Alejandro Ybarra- vinieron aprobando de manera sucesiva las certificaciones mensuales del servicio sin elevar una propuesta formal a la Junta de Gobierno para que se acordase una posible penalización. Todo pese a que, según el informe, el pliego de condiciones que regula el servicio si contempla al menos dos mecanismos para corregir posibles defectos en la prestación. Primero, solicitando "limpiezas especiales" en aquellos centros en los que se acreditase una falta de limpieza, como establece el artículo 10. Y segundo, requiriendo a otra empresa de limpieza "para realizar el trabajo pendiente o defectuoso" descontando "su coste de la certificación correspondiente", como se contempla en el artículo 13.
En todo caso, el informe -elaborado a petición de la comisión que fiscaliza la prestación del servicio- subraya que la única actuación seguida por los tres responsables del contrato ha sido la de demorar la firma de las certificaciones de pago mensuales, que -a la postre- se han acabado firmando con algunos meses de retraso, sin llegar a concluir la tramitación de un posible expediente de penalización.
En esta línea, el dictamen señala que el actual responsable accidental, Alejandro Ybarra, también ha avalado ya la labor desarrollada por UTE Limpal en los meses de marzo, abril y mayo, tras el vencimiento del plazo oficial de su concesión (el pasado 8 de febrero), tras el acuerdo alcanzado para extenderla en precario por motivos de emergencia, hasta que se produzca una nueva adjudicación del servicio (la licitación sigue tramitándose en la Concejalía de Contratación). Según detalla el informe, en la firma de esas certificaciones se daba alas a la tramitación del preceptivo expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos para abonar esas facturas "dado que el servicio se ha prestado". Es lo que ya ha pasado por lo que respecta a la certificación del mes completo de febrero, como informó este diario.
De hecho, el jefe de Infraestructuras señala en su dictamen que en el acta final por la que Ybarra asumía las certificaciones de esos tres últimos meses, se consideraba que "las prestaciones han sido realizadas conforme a las prescripciones establecidas en el conrato y que se ha cumplido en los términos del mismo, sin que, en natural y lógica consecuencia de ello, procediera a efectuar deducciones en las certificaciones, ni a completar expediente alguno, con propuesta al órgano de contratación, de aplicación de penalidades, ni a proponer al propio órgano de contratación descuentos en la garantía depositada por el contratista".
Así, el informe resuelve que: "En resumen de todo lo expuesto, parece deducirse -salvo opinión mejor fundada- que no han existido por parte del contratista incumplimientos de sus obligaciones que no estuvieran justificadas por tener carácter compensatorio por prestaciones ejecutadas por aquél a petición municipal sin estar incluidas incluidas en el contrato o por haberlas realizado en intensidades o frecuencias superiores a las previstas en el pliego de prescripciones técnicas particulares o por la comisión de incumplimientos por parte del propio Ayuntamiento (retrasos injustificados en la expedición de las certificaciones u otras)".
Se trata, en definitiva, de la misma apreciación que el propio Maestre ya efectuó durante su comparecencia ante la comisión, en cuanto fue cuestionado por los informes elaborados por Rubio respecto a la falta de prestación de más de 60.000 horas de servicio. En ese momento, el jefe de Infraestructuras señaló que la empresa había prestado servicios adicionales a los previstos en el contrato para atender determinadas circunstancias, como la limpieza de canalizaciones, la aplicación de tratamientos contra plagas, o la realización de servicios ordinarios no obligatorios en verano, por ejemplo.
