ALICANTE. La propuesta de conclusiones conjuntas que los seis grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Alicante (PP, PSOE, Cs, Unides Podem, Compromís y Vox) tratan de pactar sobre la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de la basura ya está sobre la mesa. Al margen de expresar la visión compartida de que el contrato partió con carencias desde su misma licitación, con un recorte del 30% en el precio previsto en el contrato precedente, el documento en fase de borrador redactado por el edil de Limpieza, Manuel Villar (PP), plantea dos cuestiones que podrían resultar determinantes para el futuro. La primera manifiesta la coincidencia en la necesidad de modernizar el centro de tratamiento de residuos de la partida de Fontcalent, de titularidad municipal, con el fin de mejorar la separación y el reciclaje de residuos e introducir una línea diferenciada para procesar la materia orgánica. 

La segunda subraya la exigencia de incrementar la fiscalización del servicio, no solo mediante la incorporación de más inspectores municipales encargados de evaluar la labor de la empresa o empresas concesionarias, sino también de evitar comportamientos incívicos con los que se producen incumplimientos de la ordenanza de limpieza y se acaba ensuciandao la vía pública. Para ello, el documento plantea la conveniencia de lograr que agentes de Policía Local puedan patrullar de paisano para mejorar el respeto de la normativa con su labor de vigilancia y aplicar sanciones para quien la incumpla. Eso sí, esa actuación se vería complementada con el refuerzo de las campañas de concienciación para evitar ese incivismo.

El borrador de conclusiones, pendiente de revisión y de posibles modificaciones a petición de los grupos opositores, se articula en torno a los cinco ejes temáticos que se acordaron en la reunión celebrada este lunes: fiscalización del contrato de limpieza, recogida y gestión de residuos; análisis del pliego; el subparque (o parque auxiliar) en Playa de San Juan; constitución de una comisión no permanente del pleno para informar de la elaboración de los nuevos pliegos; y, por último, la situación de la planta de tratamiento de residuos. 

Así, sobre el primer eje, el borrador de conclusiones expone que "todos los grupos municipales estamos de acuerdo en que por parte del Ayuntamiento ha de llevarse a cabo una doble fiscalización. Por un lado, la inherente a todo contratante respecto del contratista y, por otro, al comportamiento de la ciudadanía respecto de las normas y ordenanzas que velan por el mantenimiento de la limpieza de la ciudad". En esta línea, señala que "en esta doble fiscalización son claves dos figuras: los inspectores y los policías locales asignados al servicio" de Limpieza.

Al respecto, el documento apunta que, durante este mandato, se ha conseguido incrementar el número de inspectores "hasta alcanzar el número de doce", aunque los técnicos municipales han venido exponiendo ante la comisión que su cifra debería ampiarse "para poder tener un servicio de inspección durante todos los turnos de todos los días de la semana". "Una mayor inspección permite tener la base para una mayor fiscalización de la contrata y con ello poder imponer deducciones o sanciones a la contratista en caso de incumplimientos", señala el borrador.

Al mismo tiempo, añade que "respecto de la verificación por parte de la policía local del cumplimiento de la ordenanza de limpieza por la ciudadanía, es cierto que el número de policías locales adscritos al Servicio ha visto incrementado su número hasta alcanzar el número de ocho, a lo que ayudaría el que pudiesen realizar su labor de paisano, por lo que se debería seguir insistiendo en poder obtener esa autorización". Así, se recalca que "los ciudadanos deben tener interiorizado que un incumplimiento de la ordenanza debe tener aparejada la correspondiente sanción" y se incide en que "no sólo debe actuarse frente a la ciudadanía mediante la imposición de sanciones, sino que son igualmente fundamentales las campañas de concienciación entre la población", de modo que se aboga por mantenerlas e incrementarlas.

En segundo término, respecto al análisis del pliego actual por el que se rige la prestación del servicio, el documento establece que "se desarrolló en unos momentos de profunda crisis económica en todos los ámbitos, con una drástica reducción de ingresos por parte de todas las administraciones, lo que obligó a los responsables en aquel momento a tener que reducir su importe económico en torno a un 30%. Ello influyó en una necesaria merma en las prestaciones, con evidentes reducciones de servicios".

Así, se sostiene que "debía prestarse un servicio a la ciudad con una reducción económica respecto al que se venía prestando hasta ese momento. Ello permite afirmar que, a partir de ese momento, y por el tipo de prestación, sería razonable pensar que el servicio difícilmente podría tener la misma eficiencia del que se prestaba con anterioridad". Se trata, en definitiva, del reconocimiento de la insuficiencia del contrato sobre la que prácticamente todas las formaciones políticas han venido coincidiendo desde el pasado mandato.

En tercer lugar, el borrador de conclusiones aborda otro de los puntos controvertidos de la ejecución del contrato: la construcción del subparque logístico que debía situarse en el distrito de Playa de San Juan para evitar desplazamientos de maquinaria desde las instalaciones centrales de la empresa concesionaria, en el polígono del Pla de la Vallonga. En esta línea, el documento sostiene que el "pliego del contrato de limpieza, recogida y gestión de residuos preveía la construcción de un 2º parque (al margen del Pla de la Vallonga), de 2.000 metros cuadrados de superficie y que no distase más de 3 kilómetros de la Avenida de Niza" y señala que la UTE concesionaria (compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica) ofreció situar dichas instalaciones en una parcela de la partida de La Condomina. 

Al respecto, se incide en que el Ayuntamiento aceptó dicha propuesta y que la contratista solicitó licencia para su construcción. Sin embargo, todavía no se ha concedido "ante las reticencias que podrían haber surgido en su tramitación por su ubicación en la zona conocida como de las Torres de la Huerta". "Esta situación se mantiene en la actualidad, y tras el informe emitido por la Conselleria de Cultura con correcciones al proyecto presentado por la contratista todo parece indicar que la concesión de la licencia se produciría en breve", añade. 

De hecho, como ya ha informado Alicante Plaza, en las últimas semanas se han producido varios encuentros entre técnicos de la Concejalía de Urbanismo y representantes de la UTE para exponerles los ajustes reclamados por Cultura para evitar que el tránsito de maquinaria a través del camino del Ciprés pudiese provocar algún perjuicio sobre la conservación de la Torre del Ciprés (integrada en el BIC declarado para el conjunto de las Torres de la Huerta). Es más, según fuentes consultadas, la concesionaria habría considerado que esos ajustes resultan asumibles y estaría en proceso de adaptación de su propuesta para posibilitar que se le concediese el permiso de obra.