ALCOY. Los familiares de las personas fallecidas en la residencia Domus Vi Alcoy durante la pandemia no recurrirán la sentencia en contra, al ser inasumible económicamente. Según explican, “aunque no compartimos la sentencia, los familiares hemos decidido, de forma colectiva, no recurrirla. El esfuerzo económico que supondría continuar, tras casi cinco años de litigio, ya no es asumible”. Recordar que la sentencia desestimaba la demanda presentada por los familiares de 15 víctimas, al descartar una actuación negligente por parte de la empresa que gestiona el centro. Fueron 74 las personas fallecidas, y la demanda se formalizó por los familiares de 15 de ellos, puesto que hubo familiares que no pudieron sumarse precisamente por no poder asumir el coste económico.
Pero que no recurran la sentencia no significa que vayan a dejar de llevar adelante sus reivindicaciones, "no renunciamos a nuestra lucha. Seguiremos alzando la voz por nuestros seres queridos y por quienes hoy están en residencias. Porque el dolor que sentimos no se borra con una sentencia desfavorable, ni el recuerdo de quienes perdimos se apaga con el paso del tiempo. Lo hacemos por ellos, por su dignidad, y por un futuro en el que ninguna familia tenga que vivir lo que nosotros hemos vivido”, y remarcan que “continuaremos trabajando para que las personas mayores reciban el trato digno, humano y seguro que merecen. Es nuestro compromiso, y no pararemos hasta lograrlo. Agradecemos de corazón a los profesionales de los medios de comunicación que nos han apoyado. Gracias a vosotros, este grave suceso no ha quedado sepultado en el olvido. A nuestros seres queridos, a los 74 que ya no están: no los olvidamos. Esta lucha es, y seguirá siendo, por ellos".
Remarcan que la sentencia emitida por el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Alcoy "ha supuesto un revés más que importante para las expectativas de los familiares que presentamos la demanda por responsabilidad civil contra Quavitae Servicios Asistenciales SAU", y califican el fallo como "doloroso y decepcionante porque perpetúa nuestra situación de desconocimiento, agravada por los interrogantes que surgen respecto al abandono institucional. Casi cinco años después, seguimos sin saber qué ocurrió realmente en la residencia para que se produjera una tragedia de tal magnitud, con 74 personas fallecidas. Que no se haya probado judicialmente la negligencia no significa que no existiera".
Valoración crítica de la sentencia
A la hora de valorar la sentencia, los familiares aseguran que "echamos en falta una mayor sensibilidad y rigor en la valoración de los testimonios e informes periciales. Se ha dado credibilidad a algunos informes clínicos presentados por Quavitae, a pesar de que alertamos sobre la existencia de datos erróneos, falsos o contradictorios. La sentencia exime a Quavitae de responsabilidad preventiva argumentando que en ese momento no existía ningún protocolo o normativa, y una mercantil no tenía por qué adelantarse a esas medidas", si bien por su parte consideran que "una empresa como Quavitae, que gestiona la vida de personas vulnerables, debería haber adoptado medidas preventivas adicionales, más allá del cumplimiento formal de una normativa obsoleta de 2005".
Tal y como explican los familiares que presentaron la demanda, en un comunicado, "resulta especialmente indignante que los peritos de la parte demandada utilicen la vulnerabilidad de los residentes para justificar el elevado número de muertes en un corto periodo. Estas personas ya eran frágiles mucho antes de la pandemia, pero no fallecieron juntas en un mes por casualidad. La reorganización de la residencia en febrero de 2020, que concentró a los residentes más dependientes en una misma planta, lejos de mejorar la atención, generó un entorno propicio para la propagación de cualquier agente infeccioso. Lo que vivimos en esos días fue un auténtico caos: personas agolpadas, gerocultoras desbordadas e impotentes, y una supervisión claramente insuficiente. Ese descontrol fue la antesala del silencio que vino después”.
Falta de apoyo institucional y obstáculos a la información
Este fue el primer juicio en España que atendía la demanda de familiares por las muertes de personas mayores en residencias durante la pandemia, "desde el inicio sabíamos a quién nos enfrentábamos. La empresa demandada, a través de su matriz DomusVi, es la mercantil líder en la gestión de residencias en el país. Era evidente que la parte débil en este litigio éramos los familiares". En un comunicado, los familiares demandantes remarcan que "una sentencia desfavorable podía sentar un peligroso precedente para los intereses de DomusVi y otras mercantiles en la gestión de residencias geriátricas. Por mucho que se quiera maquillar, entendemos que no todos partimos en igualdad de condiciones cuando acudimos a la justicia".
Al recordar el proceso previo, han incidido en los obstáculos para acceder a la información necesaria para fundamentar la demanda, y recuerdan que "en julio de 2020, la Fiscalía nos impidió personarnos como parte afectada en las diligencias preprocesales, negándonos así el acceso a información fundamental", a lo que añaden que por su parte, "la empresa actuó con manifiesta mala fe, aportando información sesgada, sin registros documentales claros e incluso desobedeciendo en muchas ocasiones, los requerimientos del juzgado. A pesar de las observaciones presentadas por nuestros abogados, la sentencia no refleja nada hacia esta actitud".
Igualmente, se refieren a la ausencia de apoyo institucional "encontramos una falta de colaboración por parte de las Consellerias de Sanidad y Políticas Inclusivas. Sabemos que Sanidad intervino la residencia y elaboró informes, pero la mayoría de ellos no nos fueron facilitados. Por su parte, Mónica Oltra afirmó públicamente que existían informes que advertían de posibles negligencias graves, pero nunca tuvimos acceso a ellos, ni sabemos qué se hizo con dicha información".
Sobre la comisión de investigación en Les Corts Valencianes, "anunciada el pasado 18 de Abril de 2024, en rueda de prensa por el actual gobierno de la Generalitat Valenciana, hubiera permitido acceder a esta documentación y arrojar luz sobre lo ocurrido. Sin embargo, pese a la gravedad del caso, dicha comisión nunca se llegó a constituir, y ya no la habrá porque no somos políticamente rentables. A pesar de todas estas trabas, nuestros representantes legales consiguieron fundamentar la demanda, que fue admitida a trámite, lo que consideramos un logro significativo".
