ALCOY. Alcoy sigue sin poder utilizar el aparcamiento subterráneo de La Rosaleda, que sigue cerrado después de que hayan finalizado las obras de reurbanización de la plaza superior, que ha afectado a esas instalaciones, y de que el pasado septiembre se levantara la suspensión para que la concesionaria, la UTE Ortiz-Auplasa, pudiera poner en marcha el proceso de reapertura.
Ahora, el gobierno municipal teme que vaya a judicializarse, por parte de la concesionaria, lo que aún comportaría un mayor retraso en la reapertura. Recordar que el pasado enero el gobierno dio un ultimátum de 15 días a la concesionaria para que reabriera y anunció que en caso contrario iniciaría el proceso de resolución del contrato. Al trasladarle el acuerdo plenario al respecto, la concesionaria presentó una serie de alegaciones, principalmente referidas a cuestiones técnicas que a su juicio impiden la reapertura del parking, y está en fase de resolución.
La concejala de Contratación, Lorena Zamorano, ha señalado en la sesión plenaria celebrada este lunes que "estamos en fase de resolver un recurso de reposición contra ese acuerdo que adoptó el pleno en enero, se están ultimando los informes jurídicos, porque los técnicos ya los tenemos todos, y cuando esté a punto el expediente celebraremos un pleno extraordinario para resolver el recurso de reposición y continuar avanzando en este proceso. Tenemos que tener todo el cuidado, porque es un proceso que va a judicializarse y lo que no podemos es que por un plazo, por una mala gestión, por una falta de audiencia al contratista, darle armas en ese contencioso y que nos pueda ganar".
La necesidad de realizar unas obras de acondicionamiento del aparcamiento, para resolver problemas de humedades y seguridad, está en el centro del conflicto y Lorena Zamorano reitera que "nosotros queremos que esas obras las asuma el contratista, Ortiz, que es quien ejecutó mal la obra en su momento, tiene la obligación de hacerla y así se le ha requerido. En noviembre el pleno le requirió que en dos meses presentara un proyecto de reforma y no lo ha hecho. Otro incumplimiento más”.
Precisamente, la edil ha criticado a Vox por su postura, después de que el concejal Carlos García diera a conocer "un escrito de la concesionaria en la que recoge todo lo que pide para poder reabrir" y asegura que el informe de dos universidades recoge deficiencias en cuanto a humedades, incendios e instalación eléctrica. Lorena Zamorano ha remarcado que "Ortiz ha encontrado en Vox un aliado. Aquí estamos todos defendiendo los intereses de los alcoyanos y ustedes defienden a una empresa que tanto mal ha hecho en esta ciudad. Tienen un informe y unas alegaciones que son de la empresa, son de parte, y obvian todos los informes municipales, de los técnicos de la obra, que forman parte del expediente".
Legalización de la obra
A esta situación se ha llegado después de que la concesión fuera suspendiera en marzo de 2024 para poder llevar a cabo unas obras de reurbanización de la plaza superior, para cumplir una sentencia que dictaba que la remodelación puesta en marcha en 2001 era ilegal. La reforma tendría que haber estado a punto antes de finalizar 2024, si bien se solicitaron tres prórrogas, que lo demoraron hasta finales del año pasado, aunque el pasado agosto se recepcionó provisionalmente la obra y se determinó que el aparcamiento ya estaba a punto, levantando la suspensión en septiembre.
En su momento, la edil de Contratación explicó que tras una visita a las instalaciones con la concesionaria se firmó el acta de recepción y fue después cuando comunicaron que habían observado una serie de deficiencias que debían solucionarse antes de ponerlo en marcha. A partir de ahí se han dado varios requerimientos a la concesionaria, llegando al momento actual.
Ahora, el tema ha llegado al pleno municipal al presentar Guanyar Alcoi una moción en la que pedían que se diera por finalizada la actual concesión "por incumplimiento de esta de las obligaciones contractuales previstas en los pliegos de condiciones de la licitación y por no atender las demandas de reapertura hechas por el Ayuntamiento", según explica su portavoz, Sergi Rodríguez.
Igualmente, Guanyar Alcoi pedía que "se desestime una nueva licitación para privatizar de nuevo la gestión del parking y que lo antes posible reabra con gestión pública". La moción ha sido rechazada con el voto en contra de los demás partidos municipales, al considerar que no es el momento de valorar esta cuestión, "aún no sabemos si se resolverá el contrato, y si finalmente es así debe tratar el pleno la forma de gestión y ya se verá en ese momento la forma de gestión", apuntó Zamorano.
El vicealcalde, Àlex Cerradelo, ha remarcado que hay que cumplir la legalidad y esperar a que se cierre el proceso, "este parking nació ya vulnerando la legalidad, con un gobierno del PP que se creía por encima del bien y del mal, y del derecho. Aquella irregularidad ha costado a los ciudadanos de Alcoy casi cinco millones de euros, que han salido de los bolsillos de nuestros vecinos y vecinas. No nos podemos permitir repetir aquel error, por muy legítima que sea nuestra impaciencia". Mientras, la edil del PP Lirios García ha asegurado que la moción "no era necesaria" y sobre si apuestan por una gestión a cargo de la empresa pública ha señalado que "depende. Una empresa privada es ágil, flexible, innovadora, competitiva, y si no funciona se cierra, se liquida. Una empresa pública, si no funciona, se sigue inyectando dinero que pagamos todos nosotros. No nos cerramos ni a lo público ni a lo privado, lo que queremos es una gestión correcta, y que el parking abra con todas las condiciones".
El portavoz de Guanyar ha reiterado "incumplimientos de la concesionaria en el mantenimiento de las instalaciones" y coincidido en que "es un tema que va a judicializarse. Prefiero que nos lleven a los tribunales ellos que nosotros. Si tenemos que hacer algo, hagámoslo con decisión, con contundencia" y pedía saber qué piensa el gobierno sobre la futura gestión en caso de resolver este contrato.
