ALCOY. El Ayuntamiento de Alcoy va a conceder al concesionario del aparcamiento subterráneo de La Rosaleda, la UTE Ortiz-Auplasa, el plazo legal de 15 días para que reabra estas instalaciones o en caso contrario le rescindirá el contrato "por incumplimiento culpable", como ha apuntado la edil de Contratación, Lorena Zamorano. La concesión se formalizó a 50 años y prácticamente se encuentra a la mitad del plazo.

A falta de que transcurra este plazo, todo apunta a esa rescisión, teniendo en cuenta que la UTE no parece estar por la labor de seguir adelante con este contrato. Recordar que el aparcamiento se cerró para llevar a cabo la reforma de la plaza superior, con el fin de cumplir una sentencia que obligaba al Ayuntamiento a reponer la zona verde y que declaraba ilegal la obra que se realizó en el año 2001. Las obras de reforma empezaron en enero de 2024 y finalizaron en noviembre de 2025, prácticamente un año después del plazo de ejecución, si bien el aparcamiento estaba a punto en agosto.

De momento, el primer paso es celebrar el lunes un pleno municipal en el que se resolverá un escrito presentado por la concesionaria, en el que exponía una serie de circunstancias que a su entender le impedían reabrir el aparcamiento.

Sin embargo, la edil ha explicado que desde septiembre hasta ahora los técnicos municipales y la dirección facultativa de la obra han venido informando a la empresa que "no tiene razón, se trata de cuestiones menores que no impiden poner en funcionamiento el parking. Vamos a comunicarle que no hay causa para que a estas alturas esté el aparcamiento sin actividad y si en 15 días desde la notificación del acuerdo del pleno no pone el parking en marcha se revolverá el contrato de concesión de explotación por incumplimiento culpable". Tal y como ha apuntado Zamorano, entre las cuestiones que apuntan está que faltan unas papeleras y apliques en los baños, la señal de parking, que ya ha sido colocada, o bien "suministros como la luz, el agua o internet, que debe ser la empresa la que los contrate".

De momento el Ayuntamiento no avanza qué pasará si finalmente se resuelve la concesión. Una posibilidad es abrir una nueva licitación, sin que exista una previsión de reapartura de las instalaciones.

Prórrogas, escritos y responsabilidades

La concejala Lorena Zamorano ha explicado la situación actual y para ello ha echado la vista atrás recordando todo el proceso vivido hasta ahora. Así, ha explicado que la concesión fue supendida en marzo de 2024, con motivo de unas obras de reurbanización de la plaza superior que tenían que acabar a finales de ese año. Sin embargo, se solicitaron tres prórrogas, que han demorado el final hasta finales del año pasado, si bien en agosto se recepcionó provisionalmente la obra y se determinó que el aparcamiento ya estaba a punto.

El concesionario iba presentando escritos al Ayuntamiento pidiendo ser informados al menos con un mes de antelación para poder poner en marcha el aparcamiento, "y a principios de agosto se les notificó que en septiembre se levantaría la suspensión". A partir de ahí y tras una visita a las instalaciones con la concesionaria, se firmó el acta de recepción y transcurrido un tiempo "nos dicen que han observado una serie de deficiencias que deben solucionarse antes de ponerlo en marcha, y entre ellas un tema como la limpieza, cuando en la visita habían firmado que estaba bien". También cuestionan la licencia, que desde el Ayuntamiento se les recuerda que es la misma que tenían.

Llegados al mes de noviembre sin reabrir, "le trasladamos a la UTE que hay un acuerdo de septiembre y que no hay causa que justifique que no esté abierto. Además, se les informa que según el pliego el deber de vigilancia lo tiene la empresa y todos los desperfectos que pudieran darse corren a cargo de ellos”. Igualmente, se les informa de que "sigue habiendo humedades, un tema que debe resolver la concesionaria que además fue la que ejecutó la obra, y la que asume el mantenimiento", dando un plazo de dos meses para presentar un proyecto de subsanación que se ha incumplido, como ha explicado la edil.

El 3 de diciembre la concesionaria interpuso un escrito de oposición al tema de la vigilancia y las humedades, "y toman mis dos notificaciones como si fueran dos actos administrativos y plantean una oposición. Nosotros lo que vamos a revolver en el pleno es este escrito, que consideramos que está fuera de plazo porque si es una oposición debería haberse hecho al acto administrativo de levantamiento de la suspensión, en septiembre, pero ahí no presentaron el recurso pertinente y ahora ha caducado". La edil señala que aunque piden que se abra un expediente de indemnización, "no han presentado una liquidación de daños cuantificada, por lo que no puede abrirse un expediente".

Recordar que las obras de reforma de La Rosaleda, puestas en marcha por el gobierno del PP en 2001, tenían como fin habilitar un aparcamiento subterráneo en una zona especialmente comercial. Sin embargo, 25 años después y tras una segunda obra para cumplir una sentencia que ha comportado 4,3 millones de las arcas municipales, el aparcamiento sigue sin funcionar.