SAN VICENTE DEL RASPEIG. El Pleno de San Vicente del Raspeig ha aprobado la modificación de la ordenanza del recibo de la basura. Lo ha hecho con 13 votos a favor del equipo de Gobierno (PP y Vox) y 11 en contra de PSOE, EU-UP y Compromís, tras un debate de oposición por parte de los grupos que no forman parte del gobierno.

Según el equipo de Gobierno, estas reducciones beneficiarán a alrededor de 1.800 familias en situación vulnerable a partir del próximo 1 de enero. Se han contemplado dos alternativas para esta ordenanza. La primera entraría en vigor si se adjudica este año el nuevo contrato de residuos y limpieza urbana a la empresa Prezero y, la segunda, prevalecerá en caso de que el Ayuntamiento se vea obligado a mantener el contrato actual hasta que se resuelva el recurso presentado por una ute, que mantiene paralizado el proceso de adjudicación. La concejal de Gestión Tributaria, Mª Isabel Domínguez, ha remarcado que “en ambos casos, están garantizadas las reducciones para las familias que más lo necesitan”.

Domínguez ha explicado que, con el nuevo contrato y los nuevos criterios de generación de residuos, se estima que los costes de recogida, transporte y tratamiento del servicio ascenderán a 7,5 millones de euros en el próximo ejercicio. Por primera vez se establecerán dos reducciones que premian la colaboración ciudadana de hasta un 4% por depósitos en el ecoparque y hasta un 16% por depositar residuos orgánicos en los contenedores inteligentes que se irán implantando en un periodo máximo de 18 meses desde el inicio del nuevo contrato.

También se establece en la ordenanza una reducción de hasta el 65% en la tasa para las familias numerosas Este porcentaje se elevará al 70% para las familias numerosas de categoría especial, monoparentales y aquellas que tengan algún integrante en situación de dependencia. En todos los casos, se requiere un determinado nivel de renta. 
Otra de las novedades es la consideración de las viviendas turísticas como actividad de carácter económico, una decisión que podría suponer un aumento de la recaudación de más de 16.000 euros para el municipio de San Vicente.

Domínguez ha informado de que, como resultado de todos los cambios aplicados en la ordenanza, el incremento de la recaudación es del 1,18% en actividades y, en cuanto a las viviendas, el mayor incremento se da en la zona uno, antes denominada como casco urbano, que es de 17 euros anuales por vivienda.

Ante la posibilidad de que se tenga que prolongar el contrato actual, la edil titular de Gestión Tributaria ha confirmado que la ordenanza de la tasa de residuos recoge una disposición transitoria, sustentada en el principio de prudencia. En este caso, se aplicarán tarifas inferiores a las antes mencionadas. La edil ha insistido en “se mantendrá, en cualquiera de los dos escenarios posibles, reducciones de hasta el 70% de la tasa para las familias más vulnerables”.

La edil ha recordado que, en el último año, la ordenanza sufrió otra modificación para adaptarse a la Ley 7/2022 que obliga a cubrir todo el coste del servicio de recogida de residuos con las tasas aportadas por los contribuyentes, una medida que Domínguez ha calificado como “el tasazo de Pedro Sánchez y de los grupos de izquierda”.

En defensa de los criterios aplicados, el alcalde, Pachi Pascual, ha explicado que las deducciones y su repercusión en el coste general han sido calculadas por los técnicos municipales aplicando la normativa.

PSOE

De esta manera, el grupo municipal socialista no ha cambiado su postura, al considerar que el nuevo recibo de la basura ya ha supuesto un aumento aproximadamente del doble de la tasa que depende exclusivamente del Ayuntamiento, pese a que ahora la derecha quiera aplicar medidas sociales, las cuales son “insuficientes”.

El PSOE insiste en que el texto sigue sin cumplir la Ley europea que dice claramente que “quien contamina paga”. “Sigue sin fomentar el reciclaje ni campañas de concienciación ciudadana”.  Así, los socialistas sostienen que la subida de la tasa continúa siendo “lineal e indiscriminada” porque “es injusto que una persona que vive sola pague el mismo recibo que una familia de tres o cuatro miembros”.

El equipo de gobierno de Pachi Pascual, integrado por PP y Vox, se ha visto obligado nueve meses después de rechazar una batería de alegaciones sociales y políticas para rebajar dicha tasa, a rectificar su ordenanza a raíz de que PSOE y EU-Podem hayan presentado sendos recursos contenciosos administrativos, por lo que “se ha demostrado que otra ordenanza era posible y la derecha no la trabajó políticamente”.

“Nos hubiera encantado votar a favor de una modificación real y justa para todos y cada uno de los vecinos y vecinas de nuestro municipio, pero lamentablemente no es así. La derecha sigue sin creer realmente que Sant Vicent del Raspeig merece una tasa justa, con sentido común, porque además siguen sin creer realmente en el principio de quien contamina paga”, ha defendido en su intervención la portavoz del PSOE, Asun París.

Asimismo, ha recalcado que sigue sin ser la ordenanza que hubiera hecho el Partido Socialista en el gobierno local, porque el PSOE propuso en 2024 un modelo justo: que la factura del agua, que refleja cuánta gente vive y consume en una casa, sirviera de referencia.

“¿Genera la misma basura una vivienda donde tan sólo vive una persona que una vivienda habitada por cuatro? Pues evidentemente no, y no es justo que paguen todos lo mismo. Se han dejado a familias vulnerables por el camino, vienen a rectificar su ordenanza con migajas, y no con medidas sociales reales. Nuestra propuesta era la exención total para las familias en situación de exclusión social. Cero euros de recibo”, ha criticado Asun París.

Así lamenta el PSOE que PP y Vox traen una propuesta que “se queda corta” porque “no cubre a todas las familias que, de una u otra manera, se encuentran en una situación de vulnerabilidad”, como son personas jubiladas, unidades familiares víctimas de violencia de género, hogares unifamiliares en los que los ingresos brutos anuales sean muy bajos, desempleados de larga duración o personas inmersas en algún proceso de desahucio, entre otros casos. “Y lo peor de todo, siguen empecinados en que lo que se bonifica a unos lo tienen que pagar los demás”, ha agregado.

Por último, ha recordado que el recibo volverá a subir en 2026 y lamenta la ausencia de medidas reales para concienciar a la ciudadanía de que el principal objetivo es “reciclar más para pagar menos”. La tasa volverá a subir. Ahora, la cantidad dependerá de si se aplica la tasa con el actual contrato o con el nuevo en el caso de que entrara antes de final de año, algo que todos queremos, por el bien de nuestras calles y de la imagen de nuestra ciudad”, ha indicado.

“Señores y señoras del equipo de gobierno, ha pasado un año y nos traen una mínima modificación de la ordenanza. Ha pasado un año y no han hecho ni una sola campaña de concienciación a la ciudadanía para fomentar el reciclaje. El objetivo principal es la reducción de residuos impropios, cuanto menos se generen, menos pagaremos. Y para eso ustedes no están haciendo nada. Esperábamos una modificación con un objetivo: una tasa que fuera sostenible, justa y que nos hiciera a todos más responsables con nuestro entorno”, ha zanjado.

Esquerra Unida - Podem

Por su parte, EU-UP ha considerado que se aplica un modelo injusto y engañoso que vuelve a recaer sobre las familias trabajadoras del municipio:

Bonificaciones limitadas que dejan fuera a la inmensa mayoría de familias.  Las bonificaciones aplicadas solo van a beneficiar a determinados hogares. El 91% de las viviendas, es decir, la mayoría de las viviendas pagará un mínimo de 192 euros y un máximo de 236 euros. Las bonificaciones van dirigidas a familias numerosas, monoparentales y aquellas con algún miembro en situación de dependencia, teniendo en cuenta la capacidad económica de la unidad familiar.  Sin embargo, se han olvidado de otras circunstancias socioeconómicas a la hora de implantar más bonificaciones como: jubilados, pensionistas y desempleados de larga duración con  ingresos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional; hogares vulnerables con bajos recursos económicos que no alcancen a poder optar a la cuota reducida o viviendas con un solo habitante.

Un reciclaje de mentira. El equipo de gobierno presume de haber introducido reducciones vinculadas al reciclaje, pero en la práctica se trata de un “engaño verde”. La supuesta bonificación del contenedor orgánico con llave, que actualmente no cuentan con ningún sistema para comprobar la cantidad real que recicla cada hogar. Sin contenedores inteligentes en todas las fracciones (papel, vidrio, plástico y orgánico) no hay forma de medir ni premiar el esfuerzo ciudadano. De esta manera, los vecinos que ya reciclan cada día no verán ningún beneficio en su recibo, mientras siguen pagando más.

La planta de transferencia, una oportunidad perdida. Esquerra Unida-Podem recuerda que existe una alternativa clara para abaratar el coste del servicio: recuperar la planta de transferencia de residuos. Su puesta en funcionamiento supondría una rebaja en el recibo de un 8 a un 10%,  ya  que sirve para seleccionar los residuos y evitar viajes al vertedero. Sin embargo, PP y Vox han preferido “regalar” esta planta al Consorcio, en lugar de defender los intereses de los sanvicenteros y sanvicenteras.

El equipo de Gobierno tenía el trabajo hecho gracias a las enmiendas presentadas hace un año por Esquerra Unida-Podem, enfocadas a una tasa de basura justa, progresiva y ecológica: que tenga en cuenta la capacidad de cada hogar, que premie el reciclaje real y que cada euro ahorrado se use para bajar el recibo. “Sin embargo, PP y Vox son los responsables de una Ordenanza perversa, una ordenanza concebida únicamente para recaudar”.