SANT JOAN D'ALACANT. Sant Joan d'Alacant está más cerca de tener nuevos presupuestos para 2025. El Ayuntamiento ha celebrado ya la primera comisión de Hacienda para abordar las cuentas municipales, que ascienden a 32,7 millones de euros (en concreto, 32.736.782 €), y ha fijado el pleno extraordinario para debatir y aprobar el asunto para el viernes 29 de agosto.
Entre las inversiones, destaca una reclamación que se pide desde hace más de dos años: la equiparación salarial de las trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD). Para ponerse al día, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025, el Consistorio ha dotado una partida con 200.000 euros.
Dentro de esa cantidad no solo se encuentra esta asignatura pendiente, sino que también se incluye la productividad especial de la Policía Local y el complemento de productividad de todos los empleados municipales para cubrir todo el año 2025.
Según explicó este diario el pasado mes de marzo, tras más de dos años de desigualdad retributiva dentro de la empresa municipal PYCSA, aquellas empleadas adscritas a un convenio diferente perciben hasta 4.300 euros anuales menos pese a realizar las mismas funciones que sus compañeras.
Presupuesto para 2025
Dentro de los 32,7 millones de euros, el Ayuntamiento sanjuanero destinará 513.000 € en nuevas instalaciones eléctricas y reposición del alumbrado público; 773.000 € para pavimentación de vías públicas; 860.000 € para parques y jardines; 200.000 € para juegos infantiles en parques y jardines; 150.000 € para mobiliario en vías públicas, y 200.000 € para la transformación de la pinada de Belucha y la Pacheca, 125.000 euros en La zona verde de La Coix y 150.000 en otras zonas verdes urbanas.
También habrá 150.000 € destinados al polideportivo para la creación de nuevas pistas deportivas y su reforma operativa y 50.000 para cubrir parte de las pistas de petanca; 60.000 € para la adquisición de un vehículo adaptado para trasladar a personas con movilidad reducida y 120.000 € para la ampliación de las dependencias de servicios sociales, y 25.000 € para la instalación de desfibriladores en todos los edificios públicos y colegios.
