MURCIA (EFE). Una empresa agrícola con sede en Pilar de la Horadada (Alicante) ha pedido a la Fiscalía Superior de la Región de Murcia que investigue si en torno a la explotación de la desalinizadora de Valdelentisco se han podido cometer los presuntos delitos de prevaricación omisiva, usurpación de funciones y daños.

Así se recoge en la denuncia presentada en nombre de esa sociedad por el letrado murciano Javier Pérez, que ha pedido a la Fiscalía que investigue los hechos recogidos en la misma y que solicite numerosa documentación a los organismos afectados para corroborar sus afirmaciones.

La denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, tiene su origen en los numerosos expedientes sancionadores incoados por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a los regantes que, pese a tener suscrito un convenio con ACUAMED para el suministro de caudales de dicha planta, se han encontrado con que son sancionados por el órgano de cuenca por no contar con la concesión de este.

Dice el letrado que los agricultores suscribieron en su día convenios de suministro de agua desalada "a los que ahora no se da relevancia jurídica alguna, consecuencia de lo cual es la apertura de multitud de expedientes sancionadores, pese a que se les exigió un aval para garantizar su consumo".

Y añade que esas fianzas "han servido para avalar a ACUAMED ante las entidades financieras a la hora de solicitar créditos para la ejecución de obras de ampliación de la desalinizadora de Valdelentisco y de su red de distribución". Además, expone Pérez, la administración central ha venido subvencionando el precio del agua desalada.

Dice el denunciante que la CHS no podía desconocer que Valdelentisco suministraba agua año tras año a través de convenios, ya que sus representantes estaban presentes en el consejo de administración de ACUAMED y, anteriormente, en la empresa estatal que promovió la construcción de la planta, Aguas de la Cuenca del Segura (ACUASEGURA).

Las multas impuestas por el órgano de cuenca han sido anuladas o rebajadas, en numerosos casos, por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), al discrepar del procedimiento seguido por la CHS, que se basó en el listado de usuarios de la desalinizadora para incoar los expedientes, sin efectuar las comprobaciones oportunas.

En algunos casos, los recursos fueron desestimados o estimados solo parcialmente porque, según se recogió en las sentencias, los regadíos a los que fue destinada el agua comprada no estaban autorizados.