VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana cuenta con el rotundo apoyo del Consell Jurídic Consultiu (CJC) en su pugna con Marina d'Or a cuenta del fallido megacomplejo Marina d'Or Golf, un vasto PAI de 18 millones de metros cuadrados proyectado al interior de la 'Ciudad de Vacaciones' que fue tumbado en los tribunales y cuya desgracia achaca la empresa a la mala gestión de la administración autonómica. Como reveló este viernes Valencia Plaza, la indemnización que pide la compañía de Jesús Ger supera los 600 millones de euros, una cantidad que contempla la inversión realizada en la compra de terrenos y el lucro cesante de las mercantiles impulsoras, que consideran que el proyecto se adecuó a una normativa medioambiental incorrecta por culpa del Gobierno Valenciano -liderado entonces por el PP-.

Lejos de hacer suyo este relato, el CJC carga con dureza contra los argumentos de los promotores en su dictamen de 16 páginas, rubricado el 18 de febrero del pasado 2018. Entre sus consideraciones, el organismo consultivo argumenta que la empresa reclamante -Promociones PAI Golf SLU en el caso de este informe, si bien hay otra reclamación de la también firma de Jesús Ger Comervi- "es a lo sumo una adjudicataria provisional en la promoción urbanística de aquellos terrenos, sobre los que se proyectaba el complejo urbanístico y turístico de Mundo Ilusión", la denominación primigenia de la iniciativa.

Pero el CJC va mucho más allá, hasta el punto de subrayar que, por cuantiosa que haya sido la inversión de la empresa, la hizo sabiendo que compraba suelo rústico sin la garantía definitiva de que pasaría a ser urbanizable. "En esta situación, en base a aquellas simples expectativas urbanísticas, la parte reclamante adquirió libremente y por el precio que convino aquellos terrenos, de naturaleza rústica pero sobre los que simplemente se promovía y se proyectaba aquella actuación urbanística de dimensiones y características notables", sostiene el organismo.

Además, sobre el lucro cesante que pide la empresa, el Jurídic no solo duda de que hubiera sido realmente un negocio, sino que desliza que no se incidió en su desarrollo porque Marina d'Or sabía que era inviable. "Lo cierto es que la adjudicación definitiva del programa de actuación integrada nunca se produjo, seguramente por la aguda y grave crisis económica y del sector inmobiliario que se inició en 2007-2008, por lo que el convenio urbanístico nunca se formalizó, con las estipulaciones relativas a los derechos y a las obligaciones de las partes, ni se adquirió la condición legal plena de agente urbanizador", afirma.