ALICANTE. El año 2016 fue el año del lanzamiento del diario digital Alicante Plaza, del grupo Ediciones Plaza, y por eso este año 2026 cumple su décimo aniversario.
Fue el 6 de octubre de 2016 cuando centenares de personas acudieron al acto de presentación de la publicación, celebrado en el Auditorio de la Diputación de Alicante, para dar la bienvenida a la que sería, por aquel entonces, la segunda cabecera del grupo. Su objetivo era incrementar la oferta informativa en la Comunitat Valenciana y complementar lo que ya ofrecía Valencia Plaza y sus verticales de Cultura y Deportes, además de la revista Plaza.
La apuesta de Alicante Plaza era clara: convertirse en un referente en información económica y empresarial, además de aportar un valor diferencial en otros ámbitos, como la información institucional de cada ayuntamiento, la cultural, la deportiva o el impulso a los jóvenes emprendedores. El nacimiento de Alicante Plaza se produjo en un contexto singular por dos motivos. Por un lado, suponía la apuesta decidida del grupo Ediciones Plaza por la información estrictamente digital, en un contexto en el que la prensa escrita tradicional vivía una profunda crisis. Por otro, su lanzamiento coincidió con una etapa de fragmentación política tras la crisis del bipartidismo y la aparición de nuevos actores en el panorama electoral y la gestión pública.
Pactos en los ayuntamientos
¿Con qué realidad política se topó Alicante Plaza en sus inicios? Las elecciones de 2015 habían deparado un vuelco en la mayoría de las autonomías y ayuntamientos. Después de muchos años, en la Comunitat Valenciana, la izquierda —PSPV y Compromís— había recuperado el Gobierno de la Generalitat, con el respaldo externo de Podemos. Y ese esquema se repitió en muchos consistorios de la provincia.
En Alicante capital, un tripartito formado por el PSOE, Guanyar y Compromís gobernaba la ciudad después de la resaca del huracán del caso Brugal, que provocó la dimisión de la exalcaldesa Sonia Castedo dos años antes. En junio de 2015, el socialista Gabriel Echávarri tomó las riendas de la ciudad con un pacto de gobierno que vivió desde el principio muchas crisis, especialmente con la gestión de Urbanismo, de la que el líder de Guanyar —que aglutinaba a EU y Podemos, entre otros—, Miguel Ángel Pavón, era su responsable. Con la llegada de Echávarri, el PSOE recuperaba el poder tras veinte años de gobiernos populares, como en la Generalitat Valenciana, aunque el mandato socialista no tuvo el final deseado.
En Elche, todo comenzó con una situación parecida: PSOE, Compromís, Partido de Elche e Ilicitanos por Elche formaron la coalición que permitió que Carlos González se convirtiera en primer edil tras la etapa de Mercedes Alonso. El Gobierno municipal —PSOE + Compromís + Partido de Elche (PDE)— funcionó sin grandes crisis internas tras la ruptura con Ilicitanos por Elche ocurrida a comienzos de año. Aun así, hubo tres grandes ejes: gestión económica, planificación urbana y consolidación del nuevo equilibrio político. Entre octubre y diciembre de 2016, el proyecto del nuevo Mercado Central, adjudicado a Aparcisa, entró en una fase de bloqueo político, técnico y social que marcaría todo el ciclo posterior. Fue uno de los temas más tensos del primer mandato de Carlos González.
La fórmula PSPV + Compromís + otras fuerzas progresistas se repitió en muchos ayuntamientos, como en Elda, Petrer, Dénia, La Vila Joiosa, Sant Vicent del Raspeig o Sant Joan d’Alacant. El empuje alcanzado por Compromís le permitió alcanzar alcaldías como las de Altea y El Campello, y tener una fuerte presencia en la Diputación de Alicante con tres representantes, su mejor resultado en la historia de la coalición. Los Verdes se hicieron con las varas de mando de Torrevieja y Villena (aquí ya gobernaban desde 2011, pero en 2015 alcanzaron la mayoría absoluta). Fue singular el cambio en Torrevieja, donde un pentapartito formado por Verdes, socialistas, EU y una formación localista escindida del PP acabó con veintiséis años de gobierno popular. José Manuel Dolón, de Los Verdes, fue el nuevo primer edil con el respaldo de Ciudadanos.
Los populares lograron resistir en ciudades como Benidorm, Orihuela y Calp, y amarrar el Gobierno de la Diputación de Alicante, con César Sánchez como nuevo presidente. Fue gracias al respaldo del único representante de Ciudadanos, Fernando Sepulcre, no sin antes provocar la formación naranja un cambio en las previsiones del PP. En principio, el presidente provincial del PP de Alicante, José Císcar, iba a ser el futuro inquilino de la institución, pero el bloqueo de C's obligó a los populares a presentar a César Sánchez, que finalmente fue investido presidente, con la particularidad de que Sepulcre más adelante dejó C's, pero siguió dando respaldo puntual a los populares.
- Francisco Gómez, último presidente de Coepa, saluda a Salvador Navarro, presidente de la CEV en ese momento -
- FOTO: Rafa Molina
El adiós a Coepa
Si el panorama político había cambiado en 2015 y ya operaba con normalidad en 2016, algo similar pasó con el mapa de las organizaciones empresariales. Entre 2016 y 2017, la provincia de Alicante vivió una de las transformaciones empresariales más profundas de su historia reciente: la desaparición de Coepa y la consolidación de la CEV como patronal autonómica única y sus diferentes direcciones provinciales. Ambos procesos, estrechamente conectados, marcaron el fin de un ciclo y el inicio de un nuevo modelo de representación empresarial en la Comunitat Valenciana.
Coepa, durante décadas la organización empresarial de referencia en la provincia, llegó a 2016 en una situación crítica. El concurso de acreedores declarado en marzo de ese año evidenció una deuda estructural de 1,9 millones de euros, vinculada al centro de formación financiado con ayudas del Servef. La Generalitat reclamó la devolución de esas ayudas, consideradas no justificadas, y en 2017 activó el embargo de bienes y cuentas, dejando a la patronal sin liquidez ni capacidad operativa. El 21–22 de diciembre de 2017, tras meses de bloqueo financiero y sin posibilidad de aprobar un convenio de acreedores, Coepa acordó su liquidación definitiva, cerrando así más de cuarenta años de historia empresarial en Alicante.
La caída de Coepa coincidió con la crisis paralela de la CEC en Castellón y con el colapso de la antigua Cierval, lo que abrió la puerta a un nuevo escenario. En ese contexto, la CEV (Confederación Empresarial Valenciana) impulsó un modelo de representación autonómica unificada. Con ello, la CEV pasó a representar oficialmente a las tres provincias, convirtiéndose en la patronal autonómica única y asumiendo un papel reforzado en la interlocución con la Generalitat y los agentes sociales. En el caso de Alicante, el empresario Perfecto Palacio se convirtió en el primer presidente de la CEV.
El resultado fue un cambio de paradigma: el fin del modelo provincial clásico y la consolidación de una estructura empresarial más centralizada, con mayor peso político y capacidad de negociación. La desaparición de Coepa no solo cerró una etapa, sino que aceleró la transición hacia un sistema patronal que redefiniría el equilibrio de poder económico en la Comunitat Valenciana. No todas las organizaciones bendijeron ese modelo. Un año más tarde nació la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal), que quiso tomar el testigo del modelo de Coepa.
- Protesta en Alicante por la libertad horaria en las grandes superficies comerciales -
- FOTO: Rafa Molina
Tasa turística y horarios comerciales
A nivel económico, la provincia de Alicante vivió durante esos meses dos debates planteados desde las Corts Valencianes. Compromís y Podemos plantearon al PSPV de Ximo Puig la posibilidad de implantar una tasa turística en la Comunitat como herramienta de financiación turística y sostenibilidad. El PSPV se movía en posiciones más ambiguas, consciente del rechazo empresarial, con el secretario autonómico, el socialista Francesc Colomer, como principal opositor junto a PP, Ciudadanos y las organizaciones empresariales. Finalmente, no se aprobó la tasa turística en 2016 ni 2017 y el debate quedó encallado, pero marcó profundamente la relación entre el Consell y el sector turístico alicantino, que fue el que más oposición expresó a la medida.
El debate sobre los horarios comerciales en Alicante se convirtió, entre 2015 y 2017, en uno de los conflictos más intensos de la Comunitat Valenciana, enfrentando a Generalitat, Ayuntamiento, grandes superficies, pequeño comercio y tribunales. La disputa giró en torno a la declaración de Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT), que determinaba qué centros podían abrir domingos y festivos. Desde 2012, con el decreto estatal del PP, Alicante podía considerarse zona turística en todo su término municipal, lo que permitía la apertura total. El Ayuntamiento del PP limitó esa libertad al centro tradicional, beneficiando principalmente a El Corte Inglés de Maisonnave. Cuando llegó el tripartito (PSOE–Guanyar–Compromís), heredó un sistema inestable y muy contestado.
En 2016, el Consell Jurídic Consultiu tumbó el plan de la Conselleria de Economía para anular las ZGAT por defectos de forma, dejando al Consell sin capacidad inmediata para imponer su modelo restrictivo. Ese mismo año, PSOE y Compromís alcanzaron un pacto local para permitir libertad horaria solo a las grandes superficies que limitaran a once los festivos trabajados por su plantilla. El Corte Inglés aceptó; Carrefour y Alcampo se negaron, temiendo un precedente estatal. En 2017, el TSJ determinó que la competencia final sobre horarios era autonómica, reforzando la posición del Consell. La Generalitat impuso entonces un modelo estacional: toda la ciudad sería zona turística solo del 15 de junio al 15 de septiembre, y con un número de domingos y festivos establecidos previamente.
