2024: Benidorm, un 'gigante' con lastre urbanístico

[Este artículo se incluye en la revista 'Alicante Plaza, 2016-2026: diez años creciendo'. Puede leerla íntegramente en este enlace]

ALICANTE. La ciudad de Benidorm ha encontrado la fórmula del éxito en el sector turístico; por mucho que pasen los años, la ciudad sigue demostrando que continúa en la mente de los turistas como opción de viaje. Dicen de ella que existe un Benidorm para cada público, y poco a poco consigue atraer la idea de que es un destino para las diferentes edades y gustos. Una ecuación que no obstante tendrá que lidiar con algunos líos urbanísticos que destacan por dos sentencias históricas: la demolición del edificio Gemelos 28 y la indemnización millonaria de los terrenos de Serra Gelada.

El año 2024 empezaba a consolidar los datos optimistas para el turismo después del profundo agujero que dejó en el principal motor económico de la ciudad la pandemia por covid-19 en 2020 y los años posteriores de recuperación de la normalidad. Se vivieron situaciones impensables: vuelos cancelados, restricciones a la movilidad —también dentro del país—, las playas de la ciudad cerradas al público e incluso con parcelas tiempo después para evitar contagios y un sector que se había acogido a financiaciones especiales para capear la situación y sobrevivir cuando todo pasara. Un escenario que empeoró con la trágica invasión de Rusia a Ucrania, que afectó en la economía del país por la subida de precios y la inflación.

Uno de los medidores para saber si la ciudad seguía teniendo el tirón de siempre está en la ocupación hotelera, que en el año 2024 llegó al 81,1%, superando en un 0,7% al año anterior, según los datos de los asociados a la patronal Hosbec, que aglutina casi la totalidad de establecimientos del municipio.  Lograban, además, que la estrategia que llevan años practicando diera sus frutos: los meses que más subían eran los situados fuera del verano, diversificando así su imagen altamente ligada al turismo de sol y playa y tratando de evitar un periodo de ‘temporada baja’. Desde entonces, han intensificado su objetivo de intentar ser más productivos, enfocándose menos en la ocupación, tratando de ganar más con menos clientes. Una recuperación del tejido empresarial que solo se resiente en el comercio local, según ha dejado patente la asociación del ramo, Aico. 

Y de la mano va el empleo. La ciudad lleva desde entonces encadenando incrementos de afiliados a la Seguridad Social y la bajada de demandantes de empleo en un contexto además en el que la población local no para de incrementarse. Todo ello con una dificultad añadida, la contratación de personal para la hostelería. Las asociaciones llevan tiempo manifestando las dificultades que tienen para completar sus plantillas y las consecuencias que reflejan en su actividad. Entre los factores que determinan este problema, el incremento de precios del alquiler y la compra de vivienda en el municipio, con cuantías que no paran de crecer en los últimos años y para las que los sueldos no son suficiente para hacer frente a estos gastos.

Dentro de todo este buen momento que mantiene la principal economía de la ciudad, también ha vivido dos reveses que tienen como denominador común la gestión urbanística, y ambas ponen en dificultades a dos administraciones públicas, una la autonómica y otra la municipal.

Demolición de Gemelos 28

La primera tiene que ver con el derribo del edificio Gemelos 28. Aunque en el momento de escribir estas líneas siguen calculando a cuánto asciende el coste de la demolición y la indemnización a los propietarios, parece que será este 2026 cuando avance el proyecto de demolición. Más que nada porque el auto de enero de este año del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) reclamaba a la Generalitat que presentara en el plazo de seis meses el documento. Un requerimiento que fuentes de la Conselleria de Territorio señalaron a Plaza que acatarán para cumplir con los plazos.

El problema se origina mucho antes, cuando la Generalitat otorga el permiso invadiendo una zona de dominio público servidumbre marítimo-terrestre. Fue en 2012 cuando el Tribunal Supremo declaró ilegal el permiso otorgado a la promotora en 2005 por parte de la Dirección General de Costas y Puertos de la Conselleria de Obras Públicas. Cinco años más tarde tiene su conclusión: el TSJ aclaraba el escrito judicial y ordenaba el derribo de estas torres de 22 plantas además de indemnizar a los propietarios. Decretó el derribo en ejecución de sentencia, firme un año después. Así, la Generalitat tenía que consignar desde entonces casi 71 millones de euros para hacer frente a la actuación. 
Al mismo tiempo le daba tres meses para presentar ante la sala el proyecto de demolición, la previsión presupuestaria del coste y habilitar el crédito correspondiente. La Generalitat recurrió, pero el Alto Tribunal lo inadmitió sin posibilidad de volver a ser recurrida y alcanzaba la firmeza en noviembre de 2018. Un periplo judicial que lleva años provocando la incertidumbre en los casi 170 propietarios que podrían tener estas dos torres.

Desde entonces, poco se ha avanzado. Además de la elaboración de una hoja de ruta, lo más relevante es la creación de la Comisión Judicial que preside el TSJCV. Esta ha puesto una meta: octubre de 2029. Fecha en la que tendría que comenzar el derribo de las dos torres. Para ello, la Generalitat ha contratado una empresa externa que está realizando los informes necesarios para identificar a todos los propietarios y calcular la indemnización final. Todo ello sabiendo que se podría volver a edificar, pero seis metros más atrás de donde está en la actualidad. Es más, el Ayuntamiento de Benidorm ya elaboró un informe que ponía negro sobre blanco en el que defendía que existía la posibilidad de levantar una torre de 58 plantas en esta parcela dentro del linde legal, frente a los edificios de 22 alturas actual.

Problemas en Serra Gelada

Y no muy lejos de ahí reside una sentencia millonaria que toca el bolsillo del Ayuntamiento de Benidorm. La indemnización por los terrenos de Serra Gelada. A pesar de todos los recursos interpuestos por la administración local para quitarle la razón a los propietarios, la última bala sobre el Tribunal Constitucional dejó sin más escapatoria al Consistorio después de que fuera inadmitido el recurso de amparo. El Ayuntamiento fue condenado a pagar 283 millones de euros más intereses a las empresas Murcia Puchades Expasión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL. El conflicto parte de sus terrenos, en el sector APR-7 de Benidorm. En 2003, siendo alcalde el popular Vicente Pérez Devesa, el Consistorio firma un convenio con los dueños de estos suelos en el que se comprometían a compensar en otros planes parciales el aprovechamiento que perdían una vez se protegiera como Parque Natural estas parcelas de Serra Gelada, que se declaró en 2005. 

Sin embargo, con el paso de los años, fueron sobrepasando las fechas estipuladas, más allá de las prórrogas aprobadas en 2010 y 2013 por el alcalde sucesor del PSOE Agustín Navarro. Es en 2016 cuando se da por caducado sin llegar a cumplir con el acuerdo y el Ayuntamiento, ya con Toni Pérez (PP) como primer edil, lidera una estrategia que busca anular estos documentos. Para ello, se apoya en informes de expertos externos y en el dictamen del Consell Jurídic Consultiu que avala este razonamiento. No obstante, las empresas mencionadas acuden a los tribunales para reclamar que se haga efectivo el convenio y les compensen por estos terrenos. Y a pesar de que en primera instancia le dan la razón al Ayuntamiento, el recurso de los propietarios sigue adelante hasta el punto de no encontrar oposición en los altos tribunales, incluido el Constitucional.

La sentencia dictada el 23 de mayo de 2024 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ condenaba al Ayuntamiento a pagar los 283 millones de euros, más los intereses legales que a enero de 2026 calculaban que podrían estar en los 353 millones de euros, a contar desde 2018 con la primera sentencia.

Aprieto para las arcas municipales

Y los propietarios no están dispuestos a renunciar. Desde que se hizo firme el fallo, son múltiples los escritos que han enviado a los juzgados reclamando la ejecución de la sentencia. El Ayuntamiento, en el momento de escribir estas líneas, estudiaba un calendario de pagos para hacer frente a esta cuantía aunque sí que propuso una vía de diálogo con los dueños de estos suelos para llegar a un acuerdo a la hora de abonar estas cantidades tan importantes y por las que se ha tenido que endeudar. Los escenarios preveían que se alargaría más de 100 años para abonar la totalidad del importe sin tener que subir impuestos y tasas ni reducir servicios.

Para tener contexto sobre lo que supone esta indemnización para las arcas municipales hay que tener en cuenta que el borrador del presupuesto municipal que elaboró para este 2026 era de 146 millones de euros. Es decir, tendría que usar casi tres presupuestos anuales para sufragar la totalidad de la deuda, sabiendo que no podría abonar sueldos o que paralizaría por completo concesiones de servicios básicos, lo que parece impensable.

Así que la primera medida anunciada por el alcalde ha sido la petición para acogerse al Fondo de Impulso Económico gestionado por el Ministerio de Hacienda y regulado en el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales. La solicitud es de 55 millones de euros que irían a parar directamente al pago de la sentencia. Un importe que a todas luces es insuficiente ya solo para los 283 millones de euros, sin contar los intereses legales, pero que da muestras de la intención del Consistorio en ejecutar la sentencia.

El departamento de Intervención del Ayuntamiento de Benidorm no ocultaba la preocupación para hacer efectivo el pago sin llegar a la quiebra del Consistorio. Una situación a la que buscan solución desde hace tiempo y que, al menos, el alcalde ha insistido en que evitarán que se apruebe como herramienta la subida de impuestos a la ciudadanía.

FUE NOTICIA EN 2024

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Ascenso del Hércules CF a Primera Federación

ALICANTE (ÓSCAR MANTECA). Nada menos que 5.069 días después de haber conseguido el último, el 5 de mayo de 2024 el Hércules CF lograba otro ascenso. Aunque esta vez era a Primera Federación y no a Primera División (hoy LaLiga EA Sports), la realidad es que lo conseguía después de que nadie diera un duro por un equipo blanquiazul que casi cuatro años antes había eludido el descenso a la desaparecida Tercera División en los despachos, gracias a una decisión federativa que se justificaba en la imposibilidad de terminar la temporada 2019/20 por culpa de la pandemia de covid-19. 

Lo imposible, eso que suponía ver al primer equipo del Hércules CF compitiendo en el cuarto escalón del fútbol español poco más de diez años después de haberlo hecho en Primera, terminaría haciéndose realidad de cara al curso 2021/22, tras una temporada 2020/21 en la que los blanquiazules, con futbolistas en sus filas como el internacional marroquí Ez Abde, fueron incapaces de hacerse un sitio en el grupo de equipos que participó en la edición inaugural de la Primera Federación, una categoría de nuevo cuño que venía a sustituir a la extinta Segunda B.

El Hércules cerró las dos primeras campañas en Segunda Federación con fracaso: si en la primera de ellas, en la 2021/22, con Sergio Mora como entrenador, quedó apeado en la primera eliminatoria de un play-off de ascenso que acogía el estadio Rico Pérez a manos de un equipo de barrio, concretamente el Unión Adarve, conjunto del madrileño barrio de El Pilar, en la segunda no llegó ni a pelear el salto de categoría… es más, coqueteó con el descenso.

Rubén Torrecilla

La espantada que protagonizó en el verano de 2023 el técnico ‘Lolo’ Escobar llevó al banquillo del Hércules al extremeño Rubén Torrecilla, quien ya forma parte de la centenaria historia del club blanquiazul por haber logrado cerrar el curso 2023/24 con un ascenso.  Lo anterior fue posible tras un esprint final de fase regular con seis victorias consecutivas que unidas a los resultados de los rivales directos permitieron a los blanquiazules acabar la misma como campeones de grupo y, en consecuencia, conseguir el ascenso directo.

Sin perder la categoría

El citado 5 de mayo de 2024, festividad del Día de la Madre, el Hércules logró el sexto y último de esos cinco triunfos vitales, al imponerse por dos goles a uno en Alicante al Lleida Esportiu. En un Rico Pérez con 27.832 entregados herculanos y gracias a los tantos de Josema Gómez en el minuto 29 y de Agustín Coscia en el 61, con los que neutralizaban el efecto del gol de Bakero para los ilerdenses en el 50, el primer equipo blanquiazul protagonizaba un éxito deportivo que visto con perspectiva puede parecer menor, pero por cómo se llegó a esa última jornada (encadenando cuantas victorias eran necesarias) y, especialmente, cómo se desarrolló el choque adscrito a la misma (los blanquiazules no solo vieron cómo el rival les empataba el partido, es que llegaron a estar contra las cuerdas en no pocos momentos), de menor no tuvo nada. 

Es más, la celebración con motivo del mismo fue de las grandes: tanto en el propio coliseo blanquiazul tras el partido como horas más tarde en la plaza de los Luceros, más de 100.000 herculanos acostumbrados a que su equipo solo fuera protagonista de noticias negativas no dudaron en festejar el éxito deportivo del mismo. Y es que una cosa es descender y otra perder la categoría y, si bien ya eran (y siguen siendo) demasiados los años del Hércules fuera de la elite del fútbol español (en junio de 2019 jugó la eliminatoria final por el ascenso a LaLiga Hypermotion, pero la SD Ponferradina le ganó la misma por un global de cuatro goles a uno), la afición blanquiazul nunca ha dejado de ser de primera división.