ALICANTE. Apostar por la industria 4.0, fomentar la implantación de empresas tecnológicas y la nueva economía desde Alicante. Ese era el objetivo principal de Distrito Digital, el proyecto que impulsó la Generalitat del Botànic siendo una realidad a finales de 2018, si bien su puesta de largo llegaba ya en 2019. Unos meses antes de su puesta en marcha, medio centenar de mercantiles se habían interesado por las ayudas para la implantación de dichas empresas que convocó el Consell, que pasaban por hasta 40.000 euros el primer año a cada una que se fundara o instalara en Alicante y creara empleo relacionado con el sector digital. Un proyecto que nació de la mano de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), con Antonio Rodes como director general, primero con la Conselleria de Hacienda y posteriormente con la de Innovación, cuya sede estaba implantada en Alicante
La filosofía de Distrito Digital la resumía Antonio Rodes a Alicante Plaza días antes de su puesta de largo: "Consiste en intentar poner en pie un ecosistema en el ámbito de la economía digital. Esto viene por un impulso del presidente Ximo Puig para contribuir al cambio de modelo económico tradicional, que empieza por el sur pero no se va a limitar al sur. Y empieza por aquí, primero porque hacía más falta que en el norte, y luego porque tiene ventajas competitivas muy importantes, algunas comunes a toda la Comunitat y otras específicas. Pero un proyecto así necesita tiempo. Muchas empresas son extranjeras, y hay más solicitudes que plazas. Teníamos previstas 62 plazas por el presupuesto de incentivos, y ha habido 69 solicitudes, pero además han aparecido empresas que no quieren el incentivo pero sí quieren venir, una docena ya. Y a eso se suman las empresas tractoras, tipo Indra, Accenture… que tampoco piden incentivo. Entonces lo que estábamos pensando que era un ecosistema para generar en un plazo de dos años alrededor de 500 puestos de trabajo de la nueva economía, se ha convertido en un horizonte de 3.000 empleos pero, eso sí, en cinco años".
A finales de 2018 Indra ya estaba instalada en el antiguo centro de estudios (junto a À Punt), con varias decenas de profesionales y en esos momentos ya se contaba con ocho empresas instaladas en la Ciudad de la Luz. Este proyecto tenía una doble finalidad, pues a la apuesta por la implantación de empresas tecnológicas se sumaba dar salida a parte de las instalaciones de Ciudad de la Luz al plantearse su ubicación en parte de sus edificios. Los estudios de la Ciudad de la Luz, que en su momento nacieron buscando potenciar la actividad económica de la mano del mundo audiovisual, gracias a unos estudios de cine de promoción pública que supusieron unas obras faraónicas, habían vivido unos tiempos de color de rosa, con rodajes nacionales e internacionales, que situaron las instalaciones en el primer nivel. Sin embargo, la Unión Europea declaró, en 2012, ilegales las ayudas públicas concedidas por la Generalitat popular para la construcción del complejo, tras la denuncia de unos estudios británicos privados, y fijaba un plazo de quince años de paro de la actividad económica en los platós. Una situación que trajo el abandono y la degradación.
La recuperación de las instalaciones de Ciudad de la Luz
El Botànic luchó el tema y consiguió que la Ciudad de la Luz quedara en sus manos, después de que la Comisión de Defensa de la Competencia de la Unión Europea aceptara, en 2017, la propuesta de dación en pago planteada por el Consell como fórmula de reintegro de las ayudas que Bruselas consideró ilegales tras la denuncia presentada por los estudios Pinewood. Con este acuerdo, las instalaciones ya no podían ser vendidas ni subastadas al mejor postor con el perjuicio que eso hubiese supuesto sobre los recursos públicos, según insistía en ese momento el jefe del Consell, Ximo Puig. En la construcción del complejo por el anterior gobierno autonómico se invirtieron 343 millones, y con la propuesta de subasta planteada por el PP sin ningún precio mínimo prácticamente se podía haber regalado.
Ya se habían salvado las instalaciones, pero había que darles uso. A finales de 2017 el Gobierno valenciano anuncia un proyecto que consideraba iba a salvar el complejo de Ciudad de la Luz: la puesta en marcha de Distrito Digital Alicante. Así, además de una línea de ayudas, el Consell ponía a punto las instalaciones que iba a ocupar, buscando ofrecer un mayor atractivo a quienes pudieran pensar en instalarse allí. Cuatro años después de su puesta en marcha, contaba con un centenar de mercantiles instaladas, que suponían alrededor de mil trabajadores.
Además de la Ciudad de la Luz, con el edificio de las antiguas oficinas y el que fuera Centro de Estudios del complejo cinematográfico, también ha contado con sedes en el Puerto de Alicante, en el Muelle 14 y el Muelle 5. El perfil de las empresas que tienen cabida en Distrito Digital va desde aquellas relacionadas con el big y smart data, a las propias de software o de base tecnológica vinculadas a sectores tan diferentes como las finanzas o el turismo, pasando por la IA. La apuesta del Botànic por potenciar esa nueva economía en Alicante parecía dar sus frutos y Distrito Digital llegó a trabajar en su implantación en Alcoy, en el Parque Tecnológico Urbano de Rodes, algo que no ha llegado a materializarse. De la mano de la Conselleria de Educación y junto a las empresas se trabajó en el impulso de la FP Dual y se implantó el Centro de investigación y formación del profesorado en temas digitales.
Ciudad de la Luz recuperó su uso original
Mientras Distrito Digital avanzaba, la situación de la Ciudad de la Luz daba un giro. En el verano de 2022 el Consell conseguía su objetivo de recuperar estas instalaciones también para su uso original. La Unión Europea accedía a las solicitudes cursadas por la Generalitat, a través de la Conselleria de Innovación y la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat, y adelantaba cinco años el fin de la sanción impuesta sobre la utilización del complejo para albergar rodajes cinematográficos, con lo que los platós de Agua Amarga podían volver a tener la actividad para la que nacieron. Este levantamiento comportaba empezar a plantearse la inversión a llevar a cabo para poder volver a rodar en unas instalaciones que habían llegado a acoger el 'vacunódromo' durante la covid-19, y en unos momentos con la industria del audiovisual en alza.
A punto de cerrarse la pasada legislatura, Distrito Digital celebraba la inauguración oficial de su nueva sede en el Muelle 5 del puerto de Alicante, el edificio conocido como DD5, con una jornada de puertas abiertas. Clausurada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, presentaba en sociedad el que la Generalitat considera como el 'hito' clave de su apuesta por el cambio de modelo económico en el sur de la Comunitat hacia la economía digital. Pero el cambio de gobierno autonómico, a mediados de 2023, hizo que la balanza entre economía digital y rodajes pareciera decantarse por estos últimos. A principios de 2026 se alcanzaba un acuerdo con la productora de origen británico Good Films, que da continuidad al uso de los platós durante la próxima década, un periodo en el que la productora pretende llevar a cabo veinte largometrajes con base en los estudios alicantinos. Además, la Sociedad Proyectos para la Transformación Digital, que asume la explotación de los estudios, trabaja en la captación de nuevos rodajes que podrían llegar a Ciudad de la Luz entre 2027 y 2028.
Caída a un segundo plano
Con el avance de la presente legislatura, Distrito Digital ha ido cayendo a un segundo plano, y lo que fue un símbolo de la nueva economía en Alicante parece dar sus últimos coletazos. En marzo de este mismo año, la Sociedad Proyectos para la Transformación Digital, la entidad pública adscrita a la Conselleria de Innovación, renuncia a la gestión de las oficinas de la planta baja de la terminal marítima de cruceros del Puerto de Alicante, que disponía en régimen de concesión como una de las primeras sedes del proyecto. Se producía año y medio después de que Accenture abandonase esas dependencias y optase por un traslado a las instalaciones de Panoramis Life & Business. Desde ese momento, han permanecido vacías, a la vez que las del Muelle 5 presentan una ocupación máxima del 50% por parte de empresas de ámbito tecnológico, mientras acoge a funcionarios autonómicos adscritos a Innovación.
Esta situación va unida al hecho de que no se ha llevado a cabo una labor intensiva de captación de nuevas compañías ligadas a la fórmula del Distrito Digital desde que se produjo el cambio de signo político en el Consell tras las elecciones autonómicas de 2023, como también se ha reducido el interés por promocionar la implantación de empresas desde el momento en el que se consiguió recuperar la actividad audiovisual en las instalaciones de Ciudad de la Luz. Esto ha propiciado que la mayor parte de las instalaciones del complejo de Agua Amarga vuelvan a dedicarse a la actividad cinematográfica, en menoscabo de parte de los espacios que se venían utilizando como sede de las empresas vinculadas a Distrito Digital.
Siete años después, está en el aire el futuro de un proyecto promovido por el Consell del Botànic con el propósito de fomentar la diversificación del tejido productivo, incentivar la innovación y propiciar la atracción de empresas de base tecnológica a la provincia de Alicante y al conjunto de la Comunitat, llegando a ser un símbolo de esta nueva economía.
FUE NOTICIA EN 2018
- El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en su primera toma de posesión, en 2018 -
- FOTO: Rafa Molina
El regreso del PP a la Alcaldía de Alicante
ALICANTE (RAÚL NAVARRO). Dos procesos judiciales, una dimisión, una elección y un voto en blanco, el de la exconcejal de Guanyar Nerea Belmonte. Ese fue el recorrido que permitió que el Partido Popular (PP) recuperase la Alcaldía de Alicante hace ahora ocho años, tras un periodo de menos de tres años de mandato de la izquierda.
El pacto suscrito entre PSOE, Guanyar (la candidatura que contaba con el respaldo externo de Podemos) y Compromís tras las municipales de 2015 se resquebrajó dos años después con la salida de Compromís, primero, y de Guanyar, después. Las desavenencias mantenidas con el entonces alcalde socialista, Gabriel Echávarri, llegaron a su colofón con su procesamiento por el llamado caso Comercio a cuenta de la adjudicación de veinticinco contratos menores que sumaban un importe de 189.000 euros, a partir de la denuncia presentada por el PP. Los dos partidos renunciaron a sus competencias y dejaron al PSOE en un gobierno en solitario con solo seis concejales.
Pero esa situación cambió cuando se precipitó la apertura de un segundo juicio por el despido de la cuñada de Luis Barcala, que trabajaba como interina en el Ayuntamiento. La dirección del PSPV-PSOE acabó forzando la dimisión de Echávarri, a pesar de no tener garantizada la elección de Eva Montesinos como su sustituta. Ciudadanos (Cs) negó su apoyo al PSOE. Así que, en el pleno de elección de nuevo alcalde, celebrado el 18 de abril de 2018, todo quedó en manos de los dos concejales no adscritos, Fernando Sepulcre (ex de Cs) y Nerea Belmonte (ex de Guanyar). El voto del primero se consideró nulo. Y la segunda votó en blanco. ¿El resultado? Al no alcanzarse mayoría absoluta, el popular Luis Barcala se convirtió en nuevo alcalde como candidato de la lista más votada.
A partir de entonces, agotó el año de mandato que tenía por delante con un gobierno compuesto por ocho concejales. En las municipales de 2019 rentabilizó esa primera experiencia sumando un edil más y logró formar un bipartito con Cs. Y la senda de crecimiento continuó en 2023, hasta alcanzar los catorce ediles, aunque todavía sin disponer de mayoría. De ahí que dependa de la búsqueda de un apoyo adicional clave para superar votaciones complejas, que ha venido encontrando en los cuatro concejales de Vox.
