Los últimos vehículos incorporados a la flota del transporte urbano de autobús en Alicante.ALICANTE. Orden y planificación. Ese es el doble objetivo del convenio marco aprobado por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante (PP y Cs) este martes sobre el funcionamiento del transporte metropolitano de Alicante: el conocido como sistema TAM. Se trata de un documento que ataja el vacío existente desde 2013 (cuando venció el último convenio en vigor) con el que el ayuntamiento y la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad regulan la aplicación de tarifas y la prestación de servicios de transporte en Alicante y los municipios de su área de influencia después de 9 años en los que se ha venido funcionando "en base a la costumbre", como resumió el edil de Transportes, Manuel Villar (PP), al dar cuenta del alcance del acuerdo.
El convenio, con una duración de cuatro años (con posibilidad de prórroga por otros cuatro años más en dos periodos de dos), ataja esa interinidad y normaliza la coexistencia de los distintos medios de transporte gestionados por diferentes operadores en ese ámbito: autobuses urbanos (actualmente gestionados por Masatusa), autobuses interurbanos (operados por La Alcoyana) y tranvía (a cargo de Ferrocarrils de la Generalitat). Pero, además, como avanzó este diario, el acuerdo -pactado con el departamento autonómico y solo pendiente de revisión por parte de la Abogacía de la Generalitat- también abre la puerta a la incorporación de otros medios de transporte con sus consiguientes operadores, como el cercanías de Renfe, y ampara la posible adhesión de otros municipios limítrofes, como Agost o Busot, al margen de los que ya forman parte de él (San Vicente, Sant Joan d'Alacant, Mutxamel y El Campello). Es más, Villar llegó a manifestar que lo deseable sería que en ese marco se integrase también a Elche para configurar una gran área con sistemas de movilidad compartida en la que los ciudadanos pudiesen emplear los mismos bonos o títulos para pagar el importe de los desplazamientos. Con ello se facilitaría el uso del transporte público como alternativa al vehículo privado, según recalcó.
Por el momento, con el convenio se establece que la venta de esos bonos seguirá recayendo bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Alicante, aunque a partir de ahora, a través de un contrato independiente a la prestación del servicio de autobuses (como sucede ahora, cuando los dos servicios quedan a cargo de Masatusa). De hecho, como viene informando este diario, una vez firmado este convenio y aprobado el Proyecto de Servicio Público del Transporte (PSP) en autobús que se encuentra en fase de alegaciones, se prevé sacar a licitación sendos contratos (uno para la operativa de los autobuses, y otro para gestionar la venta y distribución de los títulos de transporte) antes del verano.
El convenio incluye una comisión de seguimiento como germen del Ente Metropolitano responsable de la coordinación y la planificación de todos los sistemas de transporte
Pero, además, el convenio permite crear una comisión de coordinación y seguimiento entre el ayuntamiento y la conselleria que mantendrá reuniones periódicas con el propósito de analizar necesidades o posibles modificaciones en el funcionamiento del sistema. Dicha comisión constituiría el germen del Ente Metropolitano de Transportes que se viene planteando desde hace más de dos mandatos como réplica del que ya funciona en el área metropolitana de València, de modo que pueda funcionar como instancia responsable de la coordinación y planificación de todos los servicios de transporte público.
Estaría por ver si la creación de ese futuro ente conllevaría una posible aportación autonómica adicional para contribuir a financiar el funcionamiento de esos servicios. Entre tanto, el sistema seguirá funcionando con el mismo reparto de costes e ingresos, de modo que el ayuntamiento sufragaría y recaudaría el importe correspondiente al coste y al uso del servicio de transporte urbano, mientras que la Generalitat asumiría tanto el precio por el funcionamiento como los ingresos por las cancelaciones de los títulos derivados de la utilización del transporte interurbano (autobuses azules y tranvía).
