La reunión de coordinación celebrada este lunes entre representantes de la Conselleria de Medio Ambiente y del Ayuntamiento de Alicante.ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), seguirá explorando posibilidades legales frente al desarrollo de la planta de almacenaje de carburantes promovida por XC Business en la terminal de mercancías del Puerto tras la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que reconoce a la empresa el derecho a la concesión de licencia ambiental por silencio administrativo positivo.
Así lo ha señalado este martes el vicealcalde de Alicante y concejal de Medio Ambiente y Asesoría Jurídica, Manuel Villar, al confirmar que el siguiente paso a adoptar será el registro de la solicitud de aclaración de sentencia antes de valorar la posible interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) frente a la resolución del alto tribunal autonómico. "Creemos que en esa sentencia no se han tenido en cuenta determinados aspectos que sí se tocaron en la sentencia de primera instancia, por lo que pediremos esa aclaración antes de valorar siguientes pasos", ha explicado en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos aprobados en Junta Local.
Esa fue la posición que se puso en común en el encuentro de coordinación celebrado con representantes de la Conselleria de Agua, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, este martes, en la que pudo constatarse, como conclusión esencial, según ha recalcado, "la escenificación de la unidad" entre la administración local y la autonómica respecto al rechazo al proyecto de XC Business 90 en los términos en los que está planteado en la actualidad. "La reunión de ayer fue para demostrar que la Generalitat y el Ayuntamiento vamos de la mano en contra de los depósitos y para poner sobre la mesa posibilidades de actuación, en lo que se concretó que la conselleria estaría a la espera de lo que decida el Ayuntamiento", ha recalcado.
En esta línea, ha señalado que, a partir de la contestación que formule el TSJ respecto a la solicitud de aclaración de sentencia, se podrá concretar si el recurso de casación es viable. Y, entre tanto, se determinará si existen opciones de abordar una hipotética negociación con la empresa promotora de los depósitos, aunque ha optado por la prudencia sin llegar a desvelar cuál podría ser la estrategia concreta a seguir por el ayuntamiento "porque no sería inteligente desvelarla", ha incidido. Al tiempo, ha apuntado que uno de los próximos pasos a adoptar será la posibilidad de concertar una nueva reunión de trabajo con la Autoridad Portuaria para poner en común posiciones, toda vez que sus representantes no participaron en el encuentro celebrado este lunes, aunque ha sostenido que, por el momento, esa cita no estaba agendada.
De hecho, esa ha sido, también, una de las peticiones formulada por el grupo municipal de Compromís este mismo martes. En concreto, su portavoz municipal, Rafa Mas, ha reclamado al equipo de gobierno la convocatoria de una reunión de la comisión Puerto-ciudad para abordar la situación en la que se encuentra el proyecto de los depósitos y las posibles decisiones a adoptar. "Lo decimos alto y claro, no nos fiamos del Partido Popular, titubean. Lo de ayer fue una reunión del Partido Popular y faltaba el Puerto. Nosotros le pedimos desde Compromís que se sienten a negociar y que convoquen de urgencia la comisión Puerto Ciudad, que hace casi tres meses que se aprobó por el pleno, porque la parte social, Ayuntamiento y, sobre todo, los grupos de la oposición tenemos que saber qué están haciendo y que no titubeen", ha argumentado.
"Además no nos fiamos; el PP votó en contra de la Ley de Calidad Ambiental que aprobamos e impulsamos desde Compromís, una ley que impide que a menos de un kilómetro de zona habitada se pongan instalaciones que entrañen riesgo para los residentes. Queremos conocer exactamente la estrategia jurídica, social y política del PP; que se siente a negociar con el Puerto y con la empresa, como hizo Ángel Luna en su día. Creo que un equipo de gobierno, un alcalde no puede no poner todas las cartas al procedimiento jurídico y por tanto, por último, obviamente que recurra y que pida, solicite la aplicación de la Ley de Calidad Ambiental", ha concluido.
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, también se ha referido este martes a la situación del proyecto tras la sentencia del TSJ para garantizar el respaldo a las posiciones que pueda adoptar el Ayuntamiento. "Nos hemos puesto desde el primer momento a disposición del alcalde de la ciudad y a disposición de la ciudad. Ayer hubo una primera reunión, vamos a ir analizando cómo podemos avanzar en esta cuestión y cuáles son las posibilidades reales que hay, porque unas son las sentimentales, otras son las de barrio, otras las de ciudad, y nosotros somos permeables y empáticos con todas ellas", ha añadido.
"La voluntad del Ayuntamiento no favorable a que esto ocurra, es compartida por mi, pero vivimos en un Estado de Derecho, y la respuesta tiene que ser desde el Estado de Derecho", ha señalado. "En el panorama nacional estamos viendo demasiadas respuestas fuera del Estado de Derecho y la seguridad jurídica es importante, así que iniciamos un camino de asesoramiento, de coordinación y de apoyo al Ayuntamiento", ha añadido. "Se irán produciendo informes o resoluciones y estaremos en comunicación con el Ayuntamiento", ha garantizado.
Y sobre la hipótesis de que pueda promoverse una negociación con la empresa, ha apuntado que, en primer lugar, se debe evaluar "las opciones jurídicas que tenemos; una vez las tengamos claras, habrá que elegir la primera, que será siempre la que decida el Ayuntamiento, que contará con nuestro apoyo". "Todavía es pronto porque hay resoluciones jurídicas que están por producirse", ha apostillado.
