ALICANTE. Ayuda en bloque, pero con controversia política. El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado de forma inicial este viernes -en una sesión de carácter extraordinario y urgente- la cuarta modificación de crédito del presupuesto de 2024 con el fin de destinar 1,5 millones en ayudas a los damnificados por la catástrofe de la Dana que ha causado hasta ahora 221 víctimas mortales y destrozos en 75 poblaciones de la provincia de Valencia.
El acuerdo se ha alcanzado con el voto unánime de los representantes de los cinco partidos con presencia en la corporación municipal (PP, PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem) como ya sucedió en el dictamen de la comisión de Hacienda. No obstante, esa unidad se ha roto en las argumentaciones políticas con las que se ha justificado la posición de voto, en las que los representantes del eje progresista han reprochado la gestión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, hasta el punto de solicitar su dimisión.
Todo, además, después de que el secretario general haya recordado que el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, se encuentra en situación de baja por su reciente paternidad, por lo que la legislación estatal impide su participación en las sesiones plenarias. Es más, ha añadido que el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) tampoco contempla la posibilidad de que pueda ejercer su voto de forma telemática, lo que impediría que pudiese participar tanto en esta como en las siguientes sesiones plenarias durante el periodo en el que dure su baja obligatoria por paternidad. De ahí que se le haya conminado a salir del salón de plenos, a pesar de que Ortolá tenía intención de sumarse al desarrollo de la sesión. Con todo, la portavoz de su grupo, Carmen Robledillo, ha anticipado que Vox presentaría recurso de reposición frente a esa decisión y ha anunciado la posibilidad de impugnar el desarrollo del pleno al considerar que se estaba vulnerando el derecho fundamental de Ortolá a la participación política.
Por su parte, el alcalde, Luis Barcala, ha apuntado que el informe de la Secretaría General en el que se hacía constancia de la imposibilidad de que el edil de Vox pudiese tomar parte de las sesiones plenarias se había comunicado con carácter previo al propio regidor, por lo que también ha solicitado que constase en acta esa circunstancia como salvaguarda de que ya había sido informado con carácter previo.
Tras el desenlace de esa cuestión previa, ha sido el edil de Hacienda, Toni Gallego, quien ha defendido la propuesta de modificación presupuestaria. Gallego ha explicado que se trataba de promover una iniciativa para ayudar a los damnificados por la catástrofe del pasado 29 de octubre como "muestra de solidaridad de todos los alicantinos para con nuestros hermanos". "Es un paso más porque se suma a las más de 260 toneladas de ayuda material que se logró enviar gracias a la aportación solidaria de toda la ciudadanía en los primeros días", ha incidido.
Todo, al margen de los recursos humanos (bomberos, policías, etc.) y materiales (maquinaria de limpieza, etc.) que se han derivado a las poblaciones afectadas. Además, ha confiando en que, gracias a la "eficacia" en la gestión administrativa municipal, la ayuda pueda materializarse antes de que concluya este año. Y, por último, ha apuntado que en los presupuestos de 2025, "se dejará abierta una partida" ante el supuesto de que resultase necesario realizar nuevas aportaciones con el mismo fin.
En el turno de intervenciones de los grupos de la oposición, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha sido el primero en abrir la espita de la crítica, después de anticipar su voto a favor del acuerdo. En esta línea, Copé ha señalado que resultaba necesario hablar sobre consecuencias y responsabilidades, tras advertir también sobre la conveniencia de tratar sobre las causas, como el cambio climático, según ha dicho. "Nos da pena que la solución que plantea el PP, que sea la encomienda a un teniente general", en alusión al nombramiento de Gan Pampols como vicepresidente para la reconstrucción. A juicio de Copé, eso supone "militarizar" el Consell y la vida política, cuando, en su opinión, existían otras personas de otros ámbitos con competencias y formación para asumir esa tarea.
PSOE, Compromís y EU Podem piden la dimisión del jefe del Consell al que han responsabilizado de no haber prevenido a la población activando el sistema de alerta
Además, ha considerado que "no se puede enviar esta ayuda cuando aquí se sigue avalando la construcción de viviendas en zonas con riesgo de inundación como La Albufereta o Playa de San Juan", ha sostenido, aunque el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), ya ha salido al paso de la preocupación generada en torno a esos desarrollos para sostener que existen informes que certifican la viabilidad de actuaciones como la urbanización del segundo sector del PAU 5 o el Plan Parcial 4 de La Albufereta. Asimismo, ha reprochado el retraso en el pago de las ayudas a los afectados, ha insistido, "cuando vemos pagos ligados a empresas ligadas con la corrupción del PP". Así, ha sido el primero en solicitar la dimisión de Mazón.
En segundo término, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, también ha anticipado su voto favorable tras mostrar su solidaridad con los afectados. Con todo, no ha escatimado en reproches al primer edil respecto a su inactividad en actos públicos a lo largo de las tres últimas semanas "para que no le salpicara la negligencia de un presunto criminal que se llama Carlos Mazón", ha dicho. "No ha estado a la altura de las circunstancias", ha recriminado, tras afear la supuesta falta de apoyo a los municipios afectados o a los voluntarios alicantinos que han acudido a ayudar a los damnificados.
No obstante, ha cargado contra la gestión de Mazón "que estuvo desaparecido más de tres horas" en los primeros momentos de la catástrofe. "Un presunto criminal que activó tarde y mal todos los protocolos de emergencia y no supo coordinar la ayuda y la emergencia y que ya está destinando miles de millones a favorecer a amiguitos de siempre del PP vinculados con la Gurtel", ha enfatizado. "Sientan vergüenza de un señor que se sentó ahí", en los bancos del PP durante el pasado mandato "y que es alicantino", ha sostenido. Así, ha anticipado que, en el pleno ordinario de noviembre, Compromís presentará una declaración institucional para instar al jefe del Consell a presentar su dimisión.
En tercer término, la portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, ha lamentado que Esquerra Unida Podem y Compromís hayan "politizado este tema". "Vamos a apoyar este acuerdo, es responsabilidad de todos ayudar a nuestros compatriotas", ha insistido. "Esos 1,5 millones van a aportar un granito de arena, a pesar de que la partida se va a incrementar en 2025", ha justificado. Además, ha deseado que no se eternice la distribución de las ayudas. "No podemos dejar a ningún español atrás", ha enfatizado.
Por último, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha considerado que la "magnitud de la tragedia de la Dana se puede ver cómo ha quedado de devastada la zona". Después, ha enumerado la relación de daños y afectados para dar cuenta del perjuicio ocasionado en todos los ámbitos: desde las infraestructuras hasta la movilidad o las instalaciones educativas y sanitarias. Así, ha considerado que "nuestra aportación es un acto de generosidad de todos los alicantinos". "Estoy segura de que estarán orgullosos de que sus políticos estén a la altura para aportar esta cantidad", ha incidido. "Con este dinero vamos a contribuir a que pueda recuperarse la vida cotidiana", ha dicho, aunque "lo único que no vamos a poder recuperar son las 221 vidas de las víctimas, ni cómo ni dónde murieron, una parte importante, en sus casas, ajenos a lo que iba a ocurrir", ha explicado. Por último, ha considerado que "la magnitud de la tragedia es equiparable a la responsabilidad del señor Mazón, al que pido su dimisión", ha concluido.
En el turno de réplica, Copé ha insistido en resaltar las dudas que suscitaba la adopción del acuerdo en cuanto a quién debía gestionar los 1,5 millones en ayudas, en alusión a Mazón, después de recriminar a los representantes de Vox que sus compañeros de filas rechazasen el fondo de ayuda que se debatió en el Congreso el jueves. "Tenemos dudas respecto a la negligencia que ha demostrado el señor Mazón; debía haber dimitido hace tres semanas y lo seguimos reivindicando", ha recalcado. "No utilizamos a las víctimas, pero ante un dinero que es de los alicantinos, mostramos nuestras dudas respecto a cómo se va a gestionar ese dinero", ha insistido.
Mas, por su parte, se ha vuelto a dirigir a Vox para asegurar que lo que da pena es "que ustedes nieguen el cambio climático" o que el PP "desmantelase las unidades de emergencia" nada más llegar al Consell o que se siga "reduciendo los servicios públicos". "Ustedes fueron cómplices en la reducción de esos recursos", ha abundado, para persistir en su crítica a la "negligencia" del jefe del Consell. Robledillo ha contestado a Mas para sostener que "la unidad de emergencia de la que habla se desmanteló porque cuando llegamos al gobierno lo único que había era un polo con un logo". Y respecto al fondo aprobado en el Congreso, con el voto en contra de Vox, ha sostenido que las obras promovidas por la CHJ hasta ahora se han adjudicado a empresas envueltas en asuntos judiciales.
La portavoz del PSOE, Barceló, por su parte, ha renunciado a su segundo turno de intervención. Así, a la postre, el edil de Hacienda, Toni Gallego, ha eludido responder a las manifestaciones formuladas por los representantes de los grupos del eje progresista "para no ensuciar la aportación de los ciudadanos" de lo que, según ha dicho, debería ser una manifestación unitaria y se ha limitado a insistir en la provisión de posibles fondos adicionales a través de los presupuestos de 2025, en el supuesto de que resultase necesario suplementar fondos.
Acto seguido, se ha producido la votación con el respaldo de los 28 concejales de la corporación presentes en el salón de plenos (Ortolá, por su parte, se encontraba sentado entre el público), con lo que el acuerdo ha quedado aprobado de forma inicial.
Por su parte, en una comparecencia posterior -prácticamente, la primera en las últimas tres semanas- el alcalde, Luis Barcala, ha evitado pronunciarse sobre el debate político suscitado en el pleno y ha optado por destacar el sentido del acuerdo alcanzado con la aprobación de la ayuda de 1,5 millones "que todos los alicantinos, a través del ayuntamiento, enviamos para paliar los efectos" de la Dana. "Lo importante es que ese acuerdo ha salido por unanimidad", ha apuntado, tras clarificar, respecto a la situación particular de Ortolá, que el secretario general "ya la había informado previamente de la situación de incompatibilidad" que le impide participar en los plenos. E, igualmente, el primer edil también ha eludido valorar la gestión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, respecto a la Dana para asegurar que "nosotros estamos en lo que estamos, que es en la reconstrucción".
"A mí lo que me importa son las personas, la memoria de los que fallecieron, cómo se encuentran las familias de los fallecidos y cómo reconstruimos la vida a quienes han perdido todo; en eso es en lo que estamos volcados; otro tipo de debates, cada cual que considere qué debate hace, cómo lo plantea y cuándo", ha incidido. "Estamos en la reconstrucción, respaldando todas las medidas que se entiendan como imprescindibles y necesarias para que la reconstrucción se acelere lo máximo posible y alcance a todos los damnificados", ha insistido al explicar su posición personal y como alcalde de Alicante.
Solo ha salido de ese argumento para valorar los nuevos nombramientos efectuados en el Consell (los del vicepresidente Francisco José Gan Pampols, la consellera de Industria y Turismo, Marián Cano, la responsable de Justicia, Nuria Martínez, y el titular de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, que se han oficializado este viernes con su publicación en el DOGV) para asegurar que se trata de personas cualificadas para el desempeño de las funciones encomendadas. En alusión a las críticas dirigidas por representantes de la oposición, ha añadido que "siempre habla el que más tiene que callar", al referirse a la comparación que podría establecerse entre los currículums y las trayectorias de cada uno. "Crítica el que menos cualificación tiene", ha insistido. En este sentido, ha considerado que los nuevos consellers cumplen con los requisitos de cualificación y profesionalidad "específica para la reconstrucción".
Por otra parte, el portavoz adjunto del grupo municipal de Vox, Mario Ortolá, ha valorado el desenlace del pleno extraordinario de este viernes, y el hecho de que se haya esgrimido un informe jurídico para impedir su participación al encontrarse de baja por paternidad, para sostener que lo sucedido en la sesión "ha sido algo inaudito, ya que Barcala me ha expulsado del pleno por estar de permiso obligatorio de paternidad cuando su compañera María José Catalá, la alcaldesa de València, fue a su pleno de investidura a votarse a sí misma en 2023, tan solo 12 días después del nacimiento de su progenitor e inmersa, evidentemente, en permiso de maternidad. ¿Acaso Barcala está invitando a impugnar la elección de Catalá como alcaldesa de València?", ha cuestionado.
En esta línea, ha considerado que "hay antecedentes suficientes para asegurar que tengo derecho a asistir y votar y, por ello, vamos a estudiar las acciones legales oportunas para hacer valer min derecho fundamental a la participación política como concejal elegido los alicantinos", ha concluido.