El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el edil de Transportes, Manuel Villar, junto a los representantes de Masatusa, en la presentación del ensayo sobre de un pirmer autobús eléctrico en la red municipal. ALICANTE. La nueva contrata del servicio de transporte público en autobús de la ciudad de Alicante se hará esperar. El proceso administrativo para que se pueda incorporar el futuro concesionario no quedará completado hasta dentro de un año. Ese es, al menos, el plazo que sopesa el equipo de gobierno, el bipartito compuesto por PP y Cs, según admitió este viernes el edil de Transportes, Manuel Villar (PP), en la presentación de la prueba sobre el funcionamiento de un primer autobús 100% eléctrico en la red municipal.
De hecho, la licitación no podrá convocarse hasta dentro de un plazo aproximado de un mes y medio, en cuanto se resuelvan los 34 documentos de alegaciones presentadas por particulares, asociaciones y grupos políticos a la propuesta de Proyecto de Servicio Público (PSP) planteada por los técnicos municipales, tras el trabajo de asistencia técnica externa elaborado por Ingartek Consulting y Broseta Abogados.
Villar concretó que el plazo para la presentación de las alegaciones se cerró el 4 de mayo y que ya están en estudio para su resolución, lo que permitirá asumir o rechazar los planteamientos que en ellas se formulen. Entre ellas, se plantea que se apueste por un nuevo modelo de líneas circulares, en lugar de por el mantenimiento de la estructura radial y concéntrica actual, para mejorar el alcance del servicio. Así, se prevé que el pliego de condiciones definitivo (con los posibles ajustes que corresponda introducir) pueda completarse y licitarse entre finales de junio y principios de julio.
"Queremos que entre este mes y el que viene estén resueltas las alegaciones y, a partir de ahí, la licitación", apuntó. Eso sí, entre el periodo previsto para la presentación de ofertas (el concurso debe publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea, lo que amplía ese plazo) y los posibles recursos que se augura que podrían presentarse, se calcula que no habrá adjudicación "hasta dentro de un año aproximadamente", pese a que se había llegado a apuntar que se podría disponer de un nuevo contratista en el arranque de 2022.
¿La consecuencia? Que, como mínimo, el bipartito deberá conceder a Masatusa -la empresa concesionaria actual, que viene asumiendo el servicio desde hace 52 años- una nueva prórroga por otro año adicional para que siga garantizándose la prestación mientras se formaliza la nueva contratación. Hasta el momento, según Villar, se sigue estudiando cuál es la fórmula jurídica adecuada para procurar esa continuidad, después de que, en 2019, ya se concediese una prórroga extraordinaria por dos años de duración que vence este mes de julio.
En todo caso, el objetivo fundamental del equipo de gobierno es no tener que mantener la prestación recurriendo al mecanismo del reconocimiento extrajudicial de crédito: el sistema previsto para los gastos no presupuestados (como lo son los servicios no sujetos a una obligación contractual en vigor). Esa situación abocaría al ayuntamiento a abonar cerca de 11 millones a través de ese procedimiento por el año que se prevé que pueda demorarse la nueva concesión.
Como ya ha informado este diario, el PSP contempla que la convocatoria del nuevo concurso parta con un presupuesto de licitación de 172 millones por diez años de duración, lo que supone un coste medio de 17 millones anuales. La propuesta incorpora modificaciones y nuevos servicios como el del taxi a la demanda, las lanzaderas al Castillo de Santa Bárbara, el autobús turístico (Turibús), la creación de una nueva línea circular en Playa de San Juan para conectar con el Hospital Universitario, así como otra para mejorar los desplazamientos a los polígonos industriales.
