Alicante sube el precio de la nueva contrata de autobús a un tope de 17 millones y evita déficits

ALICANTE. Las bases del nuevo contrato del servicio de transporte público en autobús de Alicante echan a rodar oficialmente este martes. El equipo de gobierno compuesto por PP y Cs prevé aprobar en Junta Local el Proyecto de Servicio Público (PSP) que servirá de base para la licitación de la prestación y en el que ya se delimitan sus principales novedades. Una de las fundamentales tiene que ver con su coste: se plantea un encarecimiento asociado a las nuevas mejoras en la planificación de líneas. Así, la propuesta contempla que el servicio pase de un precio de cerca de 13 millones anuales a otro de 17,8 millones. 

Eso sí, ese incremento del 36,9% conlleva una transformación adicional que trata de evitar la generación de déficit sobrevenidos, como el que se ha generado a lo largo del último año como consecuencia del descenso en el número de usuarios registrado por el efecto de la covid-19. Ese cambio afecta, en concreto, a la modalidad de contrato que se pretende adoptar ahora. Con la nueva licitación, el transporte público dejará de funcionar como un contrato de servicios, en el que se paga por el servicio prestado en base a los kilómetros recorridos, para convertirse en una concesión, de modo que el ayuntamiento sólo quedará expuesto a abonar ese precio límite, establecido en los 17,8 millones. Es decir, que los costes que puedan exceder de ese umbral quedarán a cargo del futuro concesionario. Ese precio máximo ya queda calculado sobre la base del kilómetraje razonable que se prevé que pueda realizarse durante la prestación en base a los datos acumulados a lo largo de los últimos años. Pero si se excediese, su coste no tendría que quedar soportado por el presupuesto municipal, como sucede ahora.

¿Qué tipo de mejoras se pretende introducir en el servicio, al margen de esa modificación? Muchas de ellas ya son conocidas. La primera es la puesta en marcha de la nueva línea 7P que enlazará de forma directa con los polígonos de Las Atalayas y Pla de la Vallonga. La segunda consiste en la creación de una nueva línea circular entre Playa de San Juan, La Albufereta y el Hospital Universitario de San Juan, que conllevará la modificación de la línea 22 para que tenga un recorrido más directo hacia el centro de la ciudad.

El nuevo contrato incluirá el refuerzo de frecuencias y la creación de la línea 7P hasta los polígonos, la línea circular de Playa de San Juan y La Albufereta, el taxi a la demanda y las lanzaderas al Castillo

La tercera es la puesta en marcha de las lanzaderas para desplazarse hasta el Castillo de Santa Bárbara. Y la cuarta consiste en la implantación del servicio de taxi a demanda para mejorar los desplazamientos entre el casco urbano y las partidas rurales, que podría prestarse a través de taxis o microbuses.

Pero, además, también se incluye las mejoras en frecuencias y en recorridos de varias líneas que se planificaron hace cerca de dos años y que no se han podido activar hasta ahora al no superar el filtro del departamento de Intervención, puesto que suponían un coste adicional de 1,2 millones. Por último, en la nueva contrata también se incluye el servicio de autobús turístico conocido como Turibús, además de la implantación de al menos diez marquesinas situadas en las cabeceras de las principales líneas en las que se incorporarán baños habilitados de forma exclusiva para los conductores del servicio (en respuesta a una de las principales demandas del colectivo).

Otra de las novedades de la nueva contrata será su duración. La concesión se licitará por un plazo total de diez años, frente a los 50 años por los que se concertó el contrato actual, en manos de la empresa Masatusa (grupo Vectalia). Esa duración tuvo que ser ampliada, además, en julio de 2019 (cuando se produjo su vencimiento), con una prórroga extraordinaria de dos años de duración que también tendrá que ser prolongada ahora, toda vez que no se espera disponer de un nuevo concesionario probablemente hasta principios de 2022 por la tramitación requerida para el desarrollo del concurso. 

Por lo pronto, con la aprobación el PSP, este martes, se abrirá un plazo de exposición al público de 30 días para la presentación de alegaciones. Después, las observaciones que puedan formularse durante ese periodo tendrán que resolverse (aceptándolas o rechazándolas) para completar la redacción del pliego de condiciones definitivo. Por último, cuando esas bases estén terminadas, la convocatoria del concurso deberá publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), lo que conlleva plazos más amplios para la admisión de ofertas.