ALICANTE. Los seis grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Alicante (PP, PSOE, Cs, Unides Podem, Compromís y Vox) se conjuraron este jueves para tratar de dar una respuesta institucional a los principales retos de Tabarca: la única isla habitada de la Comunitat. Lo hicieron en la primera sesión de trabajo de la comisión específica sobre la isla, creada a instancias de una iniciativa plenaria del PSOE, en la que se concretaron cuáles son los principales desafíos de Tabarca en los que se debía centrar la planificación municipal: el fin de los amarres ilegales que causen daños en los fondos marinos; la mejora de las conexiones con la implantación de un servicio de transporte regular, y la regulación de la actividad turística y comercial para evitar una sobreexplotación, de modo que se preserve su valor ambiental y cultural.
Sobre el primer punto, en la comisión se puso de manifiesto que la Generalitat, en coordinación con el Ayuntamiento, ya ha planificado la creación de dos parques de boyas ecológicas (una en la zona de la Iglesia, con capacidad para unos 100 amarres, y otra en la zona de la playa, con otros 50 amarres más) con lo que se trataría de evitar los atraques incontrolados que ocasionen daños en el fondo marino. Se trataría de un sistema similar al que ya funciona en las Islas Baleares, según precisó el jefe de servicio de la Concejalía de Medio Ambiente, Juan Luis Berasaluce. No obstante, apuntó que para su implantación, todavía debe desarrollarse un proyecto de gestión, en el que se dote de personal a cargo del control de esos campos de boyas y que, además, incluya la regulación del pago de las tasas correspondientes por el uso de esos amarres.
En esta línea, apuntó que ese proyecto de gestión lo debe concretar la propia Generalitat, ya que el ayuntamiento no dispone de competencias para ello. Así, volvió a referirse al ejemplo balear, para apuntar que, en ese caso, había sido el ejecutivo autonómico el que había dejado la explotación de esos amarres en manos de una fundación creada de manera específica para ese fin. Además, añadió que se había establecido un sistema de tasas de entre 18 y 45 euros en función del tamaño de cada embarcación. En este sentido, el edil socialista,, Raúl Ruiz, abogó por apostar por fórmulas para el control de los amarres, lo que "no afecta a los barcos de pasajeros por la transitoriedad de su estacionamiento". Así, señaló que debería implantarse un sistema que sirva "para limitar las embarcaciones privadas facilitando a su vez su estancia mediante alternativas al arrastre que eviten seguir destruyendo posidonia y miles de invertebrados".
Respecto al segundo punto, la mejora de las conexiones con la península mediante la implantación de un sistema de transporte regular, el concejal de Transportes y Medio Ambiente, Manuel Villar (PP), confirmó, a preguntas del portavoz de Unides Podem, Xavier López, que el ayuntamiento no tenía competencias para prestar ese servicio o para incluirlo en la futura contrata de transportes y apuntó que se había mantenido varios contactos con la Generalitat para que resolviese sobre la implantación de un servicio regular. De hecho, las Cortes Valencianas aprobaron el 11 de junio de 2018 una resolución que hasta la fecha no se ha cumplido en la que se exigía la implantación de una conexión marítima con tres conexiones diarias, como se concretó en una declaración institucional debatida en el pleno de Ailcante en junio de 2020 a propuesta de PP y Cs.
Y respecto al tercer punto (el modelo turístico), después de que el propio Villar apuntase que uno de los principales problemas de la isla era la existencia de una sobreexplotación durante los meses de verano, se acordó la creación de un grupo de trabajo específico para plantear cuál debía ser el modelo turístico y comercial de la isla para evitar esa saturación, a partir de la propuesta formulada por el grupo municipal de Unides Podem. Su portavoz, López, añadió, al respecto, que "tenemos que abordar la explotación sostenible de los recursos y ser conscientes que un exceso de turistas puede suponer daños irreversibles en uno de los mayores tesoros de Alicante".
El bipartito admite una sobreexplotación de la isla en los meses de verano y condiciona la solución al problema de los amarres incontrolados a la implantación de dos parques de boyas en manos del Consell
De igual modo, el edil de Compromís, Rafa Mas, también planteó que se estudiase la implantación de un sistema de control de la afluencia turística basado en lectura de códigos QR que permita lograr su sostenibilidad. En este sentido, propuso "un estudio de impacto ambiental para analizar la capacidad de la isla y las medidas a implantar para garantizar su protección y la sostenibilidad del turismo". De igual modo, también solicitó que el Ayuntamiento, junto con la Generalitat, inicie los trámites para la declaración del perímetro de la isla de Tabarca como a Zona Marítima Particularmente Sensible ( ZMPP) de la organización Mártitima Internacional, "para reducir el riesgo de daños por accidentes de navegación en lugares de gran valor ecológico".
La comisión convino, en cualquier caso, que el estudio sobre ese modelo turístico para la isla debía coordinarse con las propuestas que ya estén en estudio en el seno del Patronato de Turismo para no incurrir en contradicciones o un posible solapamiento de competencias que resultaría incompatible con las funciones de la comisión.
Al margen de ese grupo de trabajo específico, se acordó -a propuesta del PSOE- crear otro para diseñar una propuesta de limitación y ordenación del fondeo en el litoral de la isla; otro para el desarrollo de una propuesta de gestión municipal de la torre de la isla y otro sobre el desarrollo de la planificación y evaluación continua del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos. Eso sí, sus funciones quedarán limitadas al planteamiento de propuestas, sin que se pueda proponer acuerdos ejecutivos, ya que se trata de competencias asignadas a cada una de las concejalías, a la Junta de Gobierno o al alcalde. Así lo concretó de forma expresa el secretario de la comisión en advertencia de legalidad, que llevó al conjunto de grupos de la oposición a solicitar que esa conclusión se plasmase por escrito en un informe jurídico, ya que "el secretario municipal no apuntó nada al respecto en el momento en el que se aprobó la moción para crear esta comisión", según subrayó la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós.
De igual modo, en el transcurso de la comisión se puso de manifiesto que el equipo de gobierno, el bipartito compuesto por PP y Cs, no ha licitado aún la redacción del Plan Integral de Tabarca. El edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), solo señaló al respecto que se preveía aprobar la convocatoria en breve. Además, también se detalló que la posibilidad de regular la instalación de un helipuerto en la isla sigue pendiente de la emisión de informes por parte de la Conselleria de Cultura.
Sobre la posibilidad de optar a la concesión del faro de Tabarca, también se concretó que, en estos momentos, la Autoridad Portuaria no tenía ninguna propuesta sobre la mesa, como la que se planteó (y se descartó) con el propósito de dar cabida a un hotel. Y, a preguntas de Mas, igualmente, se señaló que la posibilidad de que la Torre de San José pudiese incluirse en la operación de permuta sobre el cuartel de la Guradia Civil de la calle San Vicente quedó descartada por el Ministerio del Interior. Eso sí, según concretó Berasaluce, en ese momento, el ministerio si abrió la puerta a que se pudiese pedir su cesión de manera individual, aunque no se pudo concretar si el ayuntamiento había dado ese paso y había registrado esa petición de manera formal.
Respecto a la situación de la limpieza, Villar detalló que se había mejorado su prestación con la implantación del servicio regular a través del último modificado del contrato. Y, a preguntas del portavoz de Unides Podem, el regidor también detalló que la conexión del emisario submarino con la depuradora de Santa Pola quedaría completada en el mes de abril.
Por último, los representantes de la comisión concertaron que sus reuniones se producirían cada tres meses (la próxima se fijó para el 14 de mayo) y que se daría cabida a la participación de entidades vecinales que pudiesen aportar su trabajo o puntos de vista.
