ALICANTE. Los últimos flecos para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Alicante comienzan a despejarse en los tiempos en los que se contemplaba en la hoja de ruta trazada por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP). De hecho, este lunes, en la reunión semanal de la Junta Local, quedó aprobado de forma definitiva el proyecto que regula los aspectos técnicos de ese sistema de seguimiento y monitorización del tráfico, distribuido en tres anillos distintos, que parte con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera.
El acuerdo se adopta después de que se haya desestimado el conjunto de las alegaciones presentadas a esa propuesta en el plazo de 30 días habilitado para ello desde su aprobación inicial, el pasado 22 de octubre. En concreto, el informe de resolución de esas aportaciones -cuyo contenido no ha trascendido- desestima las 32 sugerencias o peticiones de corrección que se habían formulado en ese tiempo, sin que se haya precisado los argumentos en los que se justificaría esa decisión.
Además, ese es el resultado que también se propone para las alegaciones registradas respecto a la ordenanza reguladora del funcionamiento de la ZBE. En principio, esa propuesta de desestimación se prevé elevar a debate y votación en la comisión municipal de Servicios este próximo viernes con el fin de que pueda emitirse el dictamen previo que resulta preceptivo antes de que se traslade a pleno.
Por lo pronto, el rechazo de esas alegaciones no debería de encontrar dificultades en el plano político, toda vez que el texto regulador se mantendría íntegramente en las condiciones pactadas entre el equipo de gobierno y Vox: las dos formaciones que apoyaron su aprobación inicial, sin restricciones adicionales, al margen de las ya previstas en el anillo del Casco Antiguo. Así, todo parece indicar que la ratificación de la ordenanza se producirá con un respaldo superior al de la mayoría absoluta (18 votos en una corporación compuesta por 29 concejales) tanto en su debate en comisión como en su votación posterior en pleno, en una sesión extraordinaria prevista para el próximo 30 de diciembre.
De este modo, la ZBE quedará activada en el inicio de 2025, en función de los plazos establecidos para ello por el Gobierno Central, toda vez que ya se habría completado la fase de comprobaciones técnicas respecto a todos sus sistemas: desde las pantallas informativas, hasta las estaciones de medición de la calidad del aire, pasando por la aplicación específica para teléfonos inteligentes.
Lo cierto es que, esa activación no conllevará cambios perceptibles de relevancia para el conjunto de los conductores, ya que no se contemplan cambios en la circulación ni limitaciones de acceso, al margen de las ya instauradas en el Casco Antiguo desde el año 2010. Los usuarios de todas las tipologías de vehículos podrán seguir desplazándose hasta el anillo del Centro Tradicional con normalidad, salvo en el hipotético caso de que se registren episodios de contaminación superiores a los permitidos en la legislación sobre la calidad del aire que motiven la adopción de restricciones extraordinarias.
De hecho, el diseño de la ZBE aspira a reducir las emisiones a través del calmado de la velocidad del tráfico, con actuaciones como la eliminación o estrechamiento de carriles llevadas a cabo tanto en el Paseo de los Mártires de la Libertad como en el eje formado por General Marvá y Doctor Gadea. Todo, al margen de que se trate de fomentar el uso del transporte público (autobús y tranvía), en el que también se ha apostado por la incorporación de vehículos no contaminantes, con autobuses 100% eléctricos o híbridos.
Sea como fuere, el objetivo del equipo de gobierno es aprovechar la sesión plenaria del 30 de diciembre para abordar también la aprobación definitiva de otra ordenanza: la que regula la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos. A priori, se pretende convocar también la comisión de Hacienda el próximo viernes para emitir un dictamen sobre las alegaciones presentadas tras su aprobación inicial con la intención de que la propuesta pueda quedar incluida en el orden del día del pleno del día 30. Se trata de una fecha clave, ya que, sin su aprobación antes de que finalice 2024, la subida del precio de los recibos de la basura no podrá comenzar a aplicarse en 2025, como establece el mandato estatal.
¿Qué se propone respecto a la resolución de las alegaciones presentadas? Por el momento, no existiría todavía una propuesta cerrada, ya que se estaría analizando las últimas aportaciones registradas por canales indirectos (de recepción no inmediata). Por lo pronto, según fuentes consultadas, los técnicos de la Concejalía de Hacienda habrían planteado la inadmisión por cuestiones formales, o la desestimación por motivos técnicos, de todas las sugerencias analizadas hasta el momento, según fuentes consultadas.
¿Qué sucederá si no se admite ninguna alegación? Básicamente, que la ordenanza permanecerá invariable y no habrá que someterla a una nueva votación para su aprobación definitiva: una circunstancia que puede resultar determinante, ya que, en este caso, el equipo de gobierno no tendría mayoría política suficiente asegurada como para que su propuesta pudiese salir adelante. Vox ya votó en contra de su aprobación inicial y fue el voto de calidad del alcalde, Luis Barcala, el que procuró su aprobación inicial tras deshacer el empate a 14 votos cosechado en su votación, ante la inasistencia de uno de los cuatro regidores de Vox (Mario Ortolá, ausente del pleno al encontrarse en el hospital por el nacimiento de su segundo hijo).
En todo caso, el primer edil ya anticipó la semana pasada que el secretario general del Ayuntamiento emitirá una advertencia de legalidad a la hora de abordar el punto en el desarrollo del pleno con el fin de poner en conocimiento del conjunto de concejales que la revisión de la tasa responde al cumplimiento de una obligación legal, en función de las disposiciones acordadas por el Gobierno. Se trata de un apunte que los representantes de los grupos políticos del eje progresista interpretaron como una amenaza con el fin de coaccionar su posición de voto, a la que confrontaron su propia propuesta: que el PP se aviniese a negociar las enmiendas que presentaron en la fase previa a la aprobación inicial de la ordenanza.
En todo caso, el futuro de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de residuos también tendrá implicaciones sobre otro proyecto que queda directamente vinculado a los ingresos adicionales de cerca de 16 millones a los que dará pie, en el caso de que llegue a aprobarse. Se trata de los presupuestos municipales de 2025, que ahora siguen en fase de fiscalización en el departamento de Intervención. El equipo de gobierno baraja la posibilidad de que la propuesta pueda quedar aprobada en Junta Local antes de fin de año, de modo que pueda elevarse a pleno durante la primera quincena del próximo ejercicio. Con todo, ese proyecto de planificación económica queda supeditado a que pueda tener validez la previsión de ese incremento de la recaudación que conllevaría la aprobación de la ordenanza fiscal. Así que los plazos de tramitación de las cuentas quedan en el aire.