Un grupo de motocicletas estacionadas en una calle de Alicante regulada por el sistema de estacionamiento controlado.ALICANTE. El sistema de estacionamiento controlado, más conocido como la zona azul o sistema ORA, seguirá en manos de la UTE compuesta por Pavapark Movilidad y el Grupo Vectalia al menos durante un año más. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante aprobó este miércoles, en Junta Local, la concesión de la primera de las dos prórrogas de un año de duración previstas en el contrato actual que se adjudicó en 2013. En virtud de ese acuerdo, la UTE asumía la concesión por un periodo inicial de ocho años y un importe global de 27,1 millones (impuestos incluidos): 8,3 por el control de la zona azul y otros 18,7 por el servicio de retirada con grúa, inmovilización y depósito de vehículos.
Con la prórroga concedida ahora, la UTE ingresará otros 3,5 millones adicionales en desarrollo de los dos servicios que conlleva la concesión, sin menoscabo de que, dentro de un año, pueda concederse la segunda prórroga por otro año adicional. En principio, la primera extensión temporal del contrato vence el 31 de octubre de 2022 y la UTE debería registrar su predisposición a acogerse a esa segunda prórroga -que tendría duración hasta noviembre de 2023- con seis meses de antelación. Es decir, en junio del próximo año.
Sea como fuere, lo cierto es que el acuerdo coincide con otros dos acuerdos municipales que, a priori, irían en detrimento del número de plazas de estacionamiento englobadas en el servicio, sin que se haya previsto por ahora ninguna modificación específica para adaptar el servicio a sus consecuencias.
El primero de esos acuerdos es la renuncia definitiva a implantar el sistema de estacionamiento regulado (con plazas de zona azul y de zona naranja, para residentes) en el barrio de Carolinas Altas. La medida se justificó a la vista del rechazo generado entre los vecinos, según una consulta impulsada por el propio equipo de gobierno, según informó la Concejalía de Coordinación de Proyectos, el pasado septiembre. Con todo, la decisión no se había hecho efectiva de manera oficial hasta este mismo miércoles, cuando el acuerdo de desestimiento se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
Hasta el momento, no se ha anunciado ninguna modificación que pueda suponer una compensación para crear un numero de plazas equivalente en otros puntos de la ciudad. En todo caso, lo cierto es que, en los últimos años, sí se ha implantado el sistema de pago en otras zonas no previstas en el inicio de la concesión, como sucedió en 2018 en el entorno del Mercado Central.
El contrato, que se adjudicó en 2013 por un importe de 27,1 millones y ocho años de duración, se amplía ahora hasta el próximo noviembre con otros 3,5 millones
El segundo de los acuerdos que debe conllevar modificaciones en el funcionamiento del sistema es el proyecto de implantación de una zona de bajas emisiones (ZBE) en el Centro, que debe estar operativa en 2023. Como concretaron fuentes del equipo de gobierno cuando la propuesta se aprobó en Junta Local, con esa propuesta se pretende limitar el acceso de vehículos provistos de motor a combustión en las calles del Centro Tradicional con el propósito de reducir emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. El proyecto conlleva, además, el avance en la peatonalización de calles del mismo barrio, al margen del eje conformado por la Avenida de la Constitución y la Calle Bailén, con lo que se augura una reducción del número de plazas de estacionamiento en calles delimitadas hasta ahora como zona de pago. Entre esas actuaciones, se incluye, por ejemplo, la peatonalización de la calle Navas. Y, por el momento, tampoco se ha anunciado ninguna modificación por lo que respecta al funcionamiento de la concesión.
Pero, además, la extensión del contrato se ha acordado sin que se haya llegado a aprobar de forma definitiva la modificación de la ordenanza promovida por el bipartito por la que se preveía que los ciclomotores y las motocicletas también tuviesen que abonar por el tiempo en el que permaneciesen estacionados en plazas delimitadas como zona azul, al tiempo que se amparaban bonificaciones para los vehículos eléctricos. El departamento de Movilidad abrió el proceso para la modificación de la norma en noviembre de 2019. Sin embargo, dos años después esos cambios no han llegado a aplicarse de manera efectiva, pese a que sí se habilitó un plazo de dos meses para que pudiesen presentarse sugerencias.
