La edil de Acción Social, Julia Llopis.ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), ha aprobado este martes la clasificación de las ofertas presentadas al concurso para contratar la prestación del servicio de teleasistencia a domicilio, lo que, en la práctica, permite preadjudicar el servicio a la propuesta presentada por Clece.
La compañía, filial de ACS, se hará cargo del servicio durante los próximos tres años por un precio de 633.000 euros, en el momento en el que la Junta de Gobierno valide la adjudicación definitiva para que pueda producirse la firma del contrato. En principio, ese último trámite podría producirse a finales del mes de noviembre, según han concretado este martes los portavoces del equipo de gobierno, Manuel Villar y Antonio Manresa, durante su comparecencia posterior a la Junta Local para dar a conocer los asuntos acordados durante la sesión. De hecho, entre esos asuntos, ha figurado también el acuerdo de continuidad en la prestación del servicio a cargo de Cruz Roja (que logró la adjudicación en 2019) a la vista de que el contrato actual vence el 11 de noviembre.
El acuerdo de extensión del servicio se adopta con el objetivo de "no poner en grave riesgo social a sus usuarios" durante el tiempo en el que se demore la firma del nuevo contrato, según concreta la propuesta de acuerdo. La decisión se adopta sin contar con el informe de fiscalización previa del interventor municipal, quien sí apunta, no obstante, que "la propuesta conlleva un gasto por un plazo incierto y por lo tanto de importe indeterminado y se presenta sin documentos contables que garanticen la dotación presupuestaria adecuada y suficiente". Además, añade que "aunque dicho gasto se fundamenta en las condiciones del contrato agotado, ya no tiene naturaleza de precio del contrato, sino que se trata de una compensación económica por los servicios que en el futuro se seguirán prestando".
De ahí que concluya que "en estos términos, resulta imposible emitir un informe de fiscalización previa limitada". En todo caso, tanto Villar como Manresa han indicado que el gasto se fiscalizará con posterioridad, sin que el informe de advertencia del interventor suponga ningún contratiempo ni anomalía. "Es un procedimiento previsto por la Ley de Contratación al que se ha recurrido en otras ocasiones", ha subrayado Villar.
Sea como fuere, el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante ha denunciado a colación de esos dos acuerdos que "Barcala vuelve a demostrar su nefasta gestión al frente del Ayuntamiento al confirmar hoy la Junta de Gobierno la prórroga de la prórroga del servicio de teleasistencia domiciliaria de Alicante".
"En 2019 el contrato se terminó y está en la actualidad prorrogado bajo el paraguas de ser un servicio esencial. Lo que nos faltaba es que se tenga que volver a prorrogar por llegar de nuevo tarde, puesto que la prórroga actual vence la semana que viene", según ha afirmado la concejala Llanos Cano, a través de un comunicado.
Además, ha añadido que "lo más grave es que había un informe negativo del interventor en la anterior prórroga y fue taxativo: 'El contrato se extingió y no se puede prorrogar lo que no existe'". Cano apunta que "el dictamen del alto funcionario indicaba que la Concejalía de Acción Social no impulsó el expediente de contratación con antelación suficiente para su tramitación y adjudicación con anterioridad a la finalización del contrato que le precedió. Llegar dos veces tarde al mismo contrato que afecta a la población más necesitada de la ciudad es algo que Barcala no se puede permitir", concluye el comunicado.
