Los camiones de Geamur, la empresa que asumió el mantenimiento de zonas verdes hasta enero de este año.ALICANTE. El informe de liquidación del presupuesto de 2020, del que se dará cuenta el próximo viernes en el pleno ordinario de abril, vuelve a poner de manifiesto las dificultades a las que se enfrenta el Ayuntamiento de Alicante a la hora de contratar la prestación de varios servicios municipales. Tanto es así que, según concreta el departamento de Intervención, en su informe de fiscalización, durante el ejercicio precedente se aprobaron pagos por más de 13,2 millones por trabajos realizados sin contrato en vigor, a través del mecanismo del reconocimiento extrajudicial de crédito. Como detalla el informe, se trata de la fórmula prevista para aquellas prestaciones que siguen facilitándose tras una "prórroga tácita" del contrato ya finalizado sin que se haya adjudicado el siguiente.
La suma abonada a través de ese recurso supera a la registrada en 2018. En ese año, según el informe de Intervención sobre la liquidación del presupuesto de 2019, se pagaron facturas por valor de 9,8 millones por tareas que no disponían de la cobertura de un contrato o no contaban con la consignación presupuestaria requerida. Es decir, que dos años después, ese retraso en la tramitación de las correspondientes contrataciones habría conllevado que se abonasen 3,4 millones más con la fórmula del reconocimiento extrajudicial de crédito.
¿Qué servicios se habrían abonado a través de ese mecanismo? Básicamente, se trata de los mismos servicios que se detallaron en el informe del año pasado. Entre ellos, figura el mantenimiento de zonas verdes, prestado por Geamur hasta que se produjo su nueva adjudicación a STV Gestión, con un gasto de 4.125.756 euros en 2020. El informe también refleja pagos de 1.570.516 euros por el servicio de ayuda a domicilio (SAD), que ya se ha conseguido regularizar con una nueva adjudicación a la empresa Sacyr Social. O los 600.527 euros abonados por el servicio de telecomunicaciones del Ayuntamiento, sobre el que se ha tramitado una nueva contratación, ahora bloqueada a instancias de un recurso de Vodafone ante el Tribunal Central Administrativo de Recursos Contractuales (TCARC).
En el listado también se incluyen los 297.438 euros pagados por el servicio de actividades funerarias y mantenimiento del cementerio, que también se acaba de adjudicar ahora a Clece. O los 534.775 euros que derivan de la conservación y mantenimiento del alumbrado público. En cualquier caso, la prestación abonada a través del mecanismo del reconocimiento extrajudicial que supone una mayor cuantía es el de limpieza de colegios y dependencias municipales. En concreto, según el informe del interventor, supuso un desembolso de 5.307.857 euros en 2020. En la actualidad, ese servicio sigue pendiente de una nueva licitación, después de que se anulase el concurso convocado el pasado mes de agosto. Y, además, se da la circunstancia de que el pago de sus certificaciones mensuales se encuentra bloqueado por el mismo departamento de Intervención desde el pasado mes de octubre, después de que se requiriese la entrega de informes adicionales sobre los trabajos realizados, como informó este diario.
Ahora, el equipo de gobierno (el bipartito compuesto por PP y Cs) trata de concretar la fórmula indicada para regularizar la continuidad de la prestación de las dos contratas que suponen un mayor coste para las arcas municipales sin tener que acudir a ese mismo mecanismo: el del reconocimiento extrajudicial. Se trata del servicio de transporte público en autobús, cuya prórroga vence en julio, y del servicio de limpieza viaria y recogida de la basura, que expira en septiembre (aunque el contrato actual contempla dos posibles prórrogas de dos años cada una).
