ALICANTE. Las limitaciones sobre la actividad del ocio y la hostelería para tratar de reducir las molestias por ruido y favorecer el descanso vecinal tanto en el Centro Tradicional como en el Casco Antiguo de Alicante podrían comenzar a aplicarse más pronto de lo esperado. El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), trabaja en la implantación de un primer paquete de medidas cautelares con las que se pretende aminorar los niveles sonoros sin esperar a que pueda entrar en vigor la declaración de las dos Zonas Acústicas Saturadas (ZAS) que los populares ya habían anunciado para los dos barrios.
Esas nuevas directrices o restricciones deberían comenzar a aplicarse en cuestión de semanas. Si es posible, incluso antes de que concluya el mes de junio, según señaló el vicealcalde, portavoz del equipo de gobierno y edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, este martes, en la comparecencia pública semanal en la que se informa sobre los acuerdos alcanzados en Junta Local. La decisión de anticipar esas medidas se habría adoptado con la intención de acelerar la instauración de un nuevo régimen de convivencia entre residentes y empresarios del ocio y la hostelería, toda vez que el proceso para que la Generalitat pueda aprobar las dos propuestas de la ZAS puede conllevar varios meses de tramitación.
El propio Villar ya había apuntado, al ofrecer explicaciones al respecto en el pleno ordinario de mayo, que el plazo de dos meses delimitado en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 3 para implantar la ZAS (ahora suspendido hasta que el fallo cobre firmeza, con la resolución de los recursos de apelación presentados por el sector de la hostelería y por el Ayuntamiento) resultaba de imposible cumplimiento, toda vez que se debía recabar documentación pendiente respecto a los estudios que se comenzaron a elaborar a partir de 2019, delimitar medidas concretas que permitan reducir la generación de ruido y elevar esa propuesta a la administración autonómica para que le diese su visto bueno.
De hecho, este martes señaló que es ahora cuando se pretende abrir los dos expedientes para promover las dos ZAS de forma paralela, sobre las base de esa trabajo de recopilación de informes previos al que se dio inicio en diciembre de 2019, después de que se conociese la primera sentencia favorable a la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional en la que ya se conminaba a declarar una ZAS, aunque después quedó revocada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con respaldo posterior del Tribunal Supremo (TS).
En todo caso, el equipo de gobierno continúa sin precisar qué tipo de restricciones se pretende incorporar ahora, de modo cautelar, ni qué otras medidas adicionales podrían incluirse en las dos propuestas de ZAS. Por el momento solo se ha delimitado su ámbito de aplicación. En el caso de la ZAS del Centro Tradicional, se extenderá desde la calle del Teatro hasta la calle Gerona; a la calle Cándida Jiménez, desde la calle Bailén a Castaños; a la calle San Ildefonso, desde Castaños hasta la Plaza Nueva, e incluso a la calle San Francisco desde Castaños al Portal de Elche. En el caso de la ZAS del Casco Antiguo -un ámbito que ya está reconocido como ZPAE desde 2018 y en el que ya se había comprometido la reducción de horarios-, abarcará el perímetro formado por la plaza Quijano y las calles Virgen de Belén y San Agustín.
Se da por hecho que, entre las medidas a adoptar, podrían figurar la reducción del horario de funcionamiento de las terrazas, así como el refuerzo de la vigilancia policial para evitar concentraciones en las puertas de los establecimientos al ser dos medidas de aplicación inmediata. Villar solo anticipó al respecto que los técnicos municipales estaban estudiando "las variables más idóneas" y que, pese a que las dos ZAS se tramiten de forma simultánea, se detallarán medidas concretas ajustadas a la realidad de cada zona.
Eso sí, está por ver qué vigencia podría llegar a tener la aplicación de esas medidas en este mes de junio toda vez que el equipo de gobierno ya ha acordado el régimen especial de horarios para la celebración de verbenas populares y de ampliación de niveles máximos de ruido con motivo de la próxima celebración de las fiestas de Fogueres. En virtud de esa disposición, por la que se aprueba el programa oficial de actos, se establece que las verbenas populares en recintos festeros podrán celebrarse los días 20, 21, 22, 23 y 24 de junio de 2024, en horario de 08:00 horas hasta las 04:30 horas de la madrugada del día siguiente.
Además, en ese acuerdo se incluye la exención temporal "del cumplimiento de los niveles de perturbación máximos fijados en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la contaminación acústica, en la zona comprendida en un radio de 200 metros a contar desde el foco sonoro" en los que se organicen actos del programa oficial "no pudiendo superar en ningún caso los 90 dB medidos a una distancia de cinco metros desde el foco sonoro las emisiones como consecuencia de actividades musicales". Esa exención temporal queda contemplada en el artículo 5 de la Ordenanza municipal reguladora de las fiestas populares de la ciudad de Alicante que se aprobó en 2022, según consta en el edicto de 30 de mayo por el que se da publicidad a la resolución adoptada por la Concejalía de Fiestas al aprobar el programa oficial de Fogueres.
Sea como fuere, el anunció formulado por Villar sobre la implantación de medidas cautelares frente al ruido generó la crítica de parte de los grupos políticos que ejercen funciones de oposición. En primer término, el concejal del PSOE, Raúl Ruiz, consideró que "lo que debe de hacer Villar es convocar la comisión del ruido del Casco Histórico, asegurando así la participación de los vecinos afectados por la contaminación acústica, así como del sector del ocio nocturno". En esta línea, defendió que dicha comisión, "donde se deben consensuar las medidas, está paralizada desde noviembre del pasado año". "Necesitamos que se reúna cuanto antes para cumplir la zona ZAS. Hay que cumplir las ordenanzas, pero también hay que diseñar las limitaciones de la mano de los vecinos y del sector del ocio. Debemos colaborar con ellos para que digan qué les parecen las medidas que se deben implantar", señaló.
Así, estimó que "hoy ha quedado comprobado que el PP no tiene nada que decirle a los vecinos que están afectados por esta problemática, y sólo ha actuado a golpe de sentencia. No sólo es una cuestión de cumplir las ordenanzas y la regulación en vigor, sino también planificar el modelo del centro de ciudad que queremos, y eso se debe desarrollar de la mano de la ciudadanía".
Por su parte, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, consideró que "si el PP quiere implantar medidas cautelares, lo primero que tiene que hacer es aplicar la ordenanza del ruido, que aunque sea de 1991, es una ordenanza que está en vigor y marca unos decibelios, que no se cumple; y la ordenanza de ocupación de vía pública también está en vigor, y marca que entre velador y velador tiene que haber un espacio, y no se cumple". Así, insistió en que "si quieren hacer algo, mañana mismo que se pongan en Castaños y en toda la zona de influencia y controlen tipo de actividad de los negocios, control de ruido y que controlen las distancias", concluyó.