La edil de Acción Social, Julia Llopis, en una comparecencia pública.ALICANTE. El bipartito de Alicante (PP y Cs) ha aprobado este martes en Junta Local de Gobierno el proceso de contratación de 80 trabajadores interinos que prestarán servicio en la Concejalía de Acción Social, lo que permitirá desbloquear los trámites de concesión de ayudas de emergencia y de la renta valenciana de inclusión social, entre otros puntos.
El acuerdo cubre, así, las plazas vacantes desde el mes de enero de este año, cuando finalizó el plazo de la línea de ayudas sufragadas por la Conselleria de Igualdad para reforzar la plantilla municipal en el departamento de Acción Social. La medida supone, además, aumentar en 13 plazas los puestos existentes hasta entonces, cuando existían 67 trabajadores adscritos al servicio, bajo la coordinación de la edil Julia Llopis (PP).
El portavoz adjunto del equipo de Gobierno, Manuel Villar (PP), ha explicado que la contratación de los 80 trabajadores también volverá a contar con la subvención de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, con una aportación de 4.606.420 euros, ya contemplada en el proyecto de presupuesto de la Generalitat. En su conjunto, se prevé la incorporación de 8 psicólogos, 33 trabajadores sociales, 8 educadores sociales, 6 técnicos de integración social, 6 TASOC y 19 auxiliares administrativos.
La edil de Acción Social, Llopis, ha apuntado, por su parte, que el acuerdo para la contratación de los trabajadores de su departamento ha sido posible después de que el Ayuntamiento haya arbitrado "una vía provisional para disponer de recursos con los que abonar las nóminas de estos nuevos funcionarios interinos hasta que el Consell ponga a disposición municipal la subvención por valor de 4,6 millones de euros con los que cubrir estas necesidades".
Según ha concretado a través de un comunicado, "el Ayuntamiento tiene la esperanza de que la Generalitat libre esos 4,6 millones de subvención con destino a Alicante para el mes de junio, como lo ha hecho en años anteriores. Mientras tanto, el consistorio alicantino ha arbitrado una solución provisional a costa de sus propios presupuestos para volver a contratar los técnicos que tramitan los informes, entre otras cosas, de la renta valenciana de inclusión o de la ley de dependencia". Llopis ha apuntado que "esta solución provisional para evitar el bloqueo que sufría la tramitación de expedientes al no estar la subvención de la Generalitat destinada a la contratación de este personal". "Hemos articulado una partida económica de nuestros propios presupuestos, una vez informada favorablemente por Intervención, para una primera contratación de 80 personas, pero esperamos que la Generalitat acelere la subvención para no perjudicar las cuentas del Ayuntamiento al tener que cubrir con nuestros presupuestos la contratación que debería pagar el Consell desde el 1 de enero".
Llopis sostiene que el Ayuntamiento adelantará 2,6 millones con cargo al presupuesto municipal a la espera de que se transfiera la subvención de la Generalitat
Así, ha expresado su confianza en que "para el próximo año ya esté resuelto el problema y que la Generalitat nos ingrese la subvención a fecha 1 de enero". En esta línea, fuentes municipales han apuntado, a través del mismo comunicado, que "la Generalitat valenciana tiene la competencia exclusiva sobre los servicios sociales, la ayuda a menores, jóvenes, emigrantes, tercera edad, personas con discapacidad y otros grupos necesitados. Pero el Consell deriva a los Ayuntamientos parte del trabajo administrativo para hacer realidad tales ayudas, lo que coloca a las Corporaciones locales al borde del colapso".
El acuerdo sobre la contratación de los trabajadores interinos ha suscitado las primeras reacciones entre los grupos que ejercen labores de oposición. En concreto, el edil de Compromís, Rafa Mas, ha señalado que "nos acabamos de enterar de que por fin el Ayuntamiento de Alicante va a contratar a 80 trabajadores y trabajadoras para el área de Acción Social, esos que fueron despedidos a 31 de diciembre provocando el colapso de los servicios sociales. Y la pregunta es ¿y por qué no lo hicieron antes?, si el interventor les ha dado el visto bueno ahora".
En esta línea, se ha preguntado si "es cuestión de aporofobia, de rechazo a las personas empobrecidas o es cuestión de cinismo y utilizar a los más vulnerables para hacer guerra política contra el Botànic". "Creo que la concejala de Acción Social se debería plantear muy seriamente dimitir", ha concluido.
El equipo de Gobierno también ha aprobado, por otra parte, el proyecto de reurbanización de la calle Poeta Campos Vasallo, una de las perpendiculares a Poeta Quintana, con el objetivo de fomentar la movilidad sostenible y el comercio de cercanía. La actuación cuenta con un presupuesto de 215.207 euros y un plazo de ejecución de tres meses. El proyecto prevé ensanchar aceras hasta un mínimo de 1,80 metros, calzada de un sentido de circulación y una banda de aparcamiento que incorporará arbolado y nuevas luminarias.
El portavoz adjunto, Manuel Villar, ha explicado que "este conjunto de actuaciones persiguen fomentar el uso peatonal de la calle, la movilidad sostenible y el comercio de cercanía". El proyecto ha sido elaborado por el área de Urbanismo, que dirige Adrián Santos Pérez (Cs), quien ha explicado que "este enfoque desde la sostenibilidad social y ambiental, contempla una serie de actuaciones dirigidas a conectar los barrios, fomentarla eficiencia energética y la movilidad peatonal, atender a los colectivos de personas vulnerables, rehabilitar el patrimonio cultural e histórico y reactivar la actividad económica".
Las obras afectarán a la calle Poeta Campos Vasallo en todo su trayecto, desde la avenida Alfonso el Sabio hasta la plaza Músico Óscar Tordera Iniesta, con intersección a su mitad con la calle Poeta Quintana, ya reurbanizada en una actuación anterior. El resultado de esta actuación permitirá disponer de una calle con un único carril de circulación de 3,30 metros, con una banda de aparcamiento en paralelo de 2 metros de ancho, con arbolado cada 10 o 15 metros, aproximadamente, y aceras de ancho variable con un mínimo de 1,80 metros.
