ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante valorará la posibilidad de ampliar la bonificación del 50% en el transporte público urbano en autobús más allá de la fecha límite establecida hasta ahora, de 31 de enero, después de que tanto el Gobierno central como la Generalitat Valenciana hayan confirmado la prórroga de esa medida de estímulo para el uso de sistemas de movilidad públicos, en sustitución del coche privado (con el consiguiente ahorro en emisiones contaminantes a la atmósfera) hasta el 30 de junio.
Cuando menos, así lo ha anticipado este mismo miércoles el alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una comparecencia pública tras mantener una reunión de trabajo con los representantes de las cuatro Entidades de Gestión y Modernización (EGM) de las áreas industriales de la ciudad. Eso sí, el primer edil ha sostenido, antes de que se confirmase la decisión de la Generalitat respecto a la subvención al servicio metropolitano de tranvía -conocido como sistema TRAM- , que debía valorarse "las nuevas condiciones" en las que se precisaba la aportación estatal, tras lamentar que se haya anunciado la continuidad de esa subvención a cierre del año 2024, "cuando la mayoría de los municipios ya tienen sus presupuestos aprobados o en tramitación".
En este sentido, ha señalado que, en el caso de que el equipo de gobierno confirmase la continuidad de esa medida, debería promoverse un ajuste en su propuesta presupuestaria, ahora todavía en fase de fiscalización por parte del departamento de Intervención. En principio, Barcala ha señalado que la previsión es que las cuentas de 2025 puedan aprobarse en Junta de Gobierno en breve, lo que permitiría que se elevase a comisión de Hacienda y a debate en pleno, previsiblemente en una sesión extraordinaria a celebrar en febrero.
Al tiempo, el primer edil se ha referido a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), y a la solicitud trasladada por el colectivo conservacionista Colla Ecologista d'Alacant-Ecologistes en Acció para que el Ministerio de Transportes inicie el procedimiento de revocación y exigencia del retorno y devolución de las ayudas concedidas al Ayuntamiento de Alicante en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, "por incumplimiento de las Órdenes de convocatoria de ayudas a la implantación de la ZBE". En concreto, la asociación ecologista argumenta esa petición al considerar que la ordenanza reguladora de la ZBE promovida por el equipo de gobierno no cumple con los objetivos establecidos, en la medida en que no conllevaría la aplicación de ninguna restricción a la movilidad al margen de las que permanecen en vigor en el Casco Antiguo desde el año 2011.
Al respecto, el primer edil ha sostenido que no sentía ningún tipo de preocupación al respecto y ha defendido el sistema de control y monitorización del tráfico de la ZBE ha sido "puesto como ejemplo por el propio ministerio, que nos ha felicitado por el desarrollo del proyecto". Es más, ha señalado que si Alicante sigue abierta a la posibilidad de optar a las ayudas del Gobierno en la bonificación del servicio de transporte público en autobús, con una cobertura del 30% de su coste de los bonos (al que se añadiría otro 20% con fondos municipales) es porque "hemos implantado la ZBE", ha añadido.
Por último, Barcala también se ha pronunciado sobre la decisión de promover la peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento, confirmada este martes, para asegurar que se trata de un proyecto que podría quedar abierto a una prolongación, más allá del espacio de calzada comprendido por el frente de la fachada del edificio consistorial en el futuro, aunque ha descartado que pudiese llevarse a cabo la propuesta trazada durante el pasado mandato, cuando el PP compartía responsabilidades de gobierno con Ciudadanos (Cs).
"En el pasado mandato se preparó un anteproyecto, una propuesta ambiciosa, que tenía que matizarse mucho, porque había determinados servicios que no recogía, como la recogida de basura o la carga y descarga", ha sostenido. "Ahora mismo entendemos que se debe abordar la peatonalización de la plaza; la extensión que pueda tener irá en función de cómo seamos capaces de gestionar" la organización del tráfico en ese entorno, según ha explicado.
Por lo pronto, ha señalado que "el informe de impacto" que se ha podido elaborar a partir de la experiencia de los cerca de dos meses en los que la plaza ha permanecido cerrada a la circulación "es muy útil para el rediseño de las líneas de autobús" para su reordenación definitiva. Además, ha recalcado que la Concejalía de Urbanismo ha retomado ese anteproyecto original del proyecto con el fin de transformarlo en proyecto "con la idea puesta de que en un futuro se pueda ir avanzando en la peatonalización".
En todo caso, ha insistido en que la voluntad del equipo de gobierno es que se promueva una peatonalización completa de la plaza. "Por eso, el cierre completo que se preveía en el anteproyecto con Jorge Juan y Altamira, no era viable", ha apuntado. "Lo que quedaría garantizado con la peatonalización de la plaza sería el acceso a los servicios de emergencia y de los servicios municipales" en situaciones como vehículos para la plantà de la Hoguera Oficial.
Eso sí, ha defendido que se pretenda acordar la reapertura a la circulación de ese espacio público en los próximos días hasta el momento en el que se pueda ejecutar la peatonalización con el fin de que pueda completarse la reordenación de líneas y de que no se produzca "una peatonalización con la instalación de cuatro maceteros como la que hemos criticado con dureza que abordó el tripartito en la avenida de la Constitución".