El alcalde, Luis Barcala, y el edil de Transportes, Manuel Villar, en la prueba de un autobús eléctrico.ALICANTE. La cuenta atrás para cumplir los plazos de las convocatorias de fondos europeos vuelve a apremiar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante. Esta vez, por lo que respecta a la convocatoria del concurso del servicio de transporte público en autobús. El bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) debe aprobar la licitación antes del 15 de junio para no quedarse fuera de las aportaciones comprometidas a través del proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para la adquisición de autobuses eléctricos y para la puesta en marcha de la digitalización del servicio y de su sistema de pago. Se trata de dos actuaciones para las que el Ministerio de Transición Ecológica preconcedió ayudas de 2.530.000 y de 1.758.118 euros respectivamente, en un paquete global en el que se incluían actuaciones por más de 15 millones, como informó este diario.
En principio, la previsión con la que trabajan los dos partidos aliados al frente de la gestión municipal es que el concurso quede aprobado en Junta de Gobierno en el margen de las dos próximas semanas, de modo que se cumpliría con ese plazo límite. Así, se cumpliría la planificación esbozada el pasado mayo por el departamento de Transportes que coordina el edil Manuel Villar, cuando se auguró que la contrata podría estar licitada en el margen de un año. De hecho, el expediente requiere solo del aval del informe jurídico y de la supervisión del departamento de Intervención. No obstante, lo cierto es que se trata de los dos últimos trámites pendientes desde el pasado marzo que han permanecido atascados hasta ahora.
La licitación parte con un presupuesto de salida próximo a los 186 millones de euros y un plazo de prestación de 10 años, en sustitución del contrato actual concertado con Masatusa (Grupo Vectalia) en 1969. La nueva concesión conllevará la incorporación de mejoras como la creación de la nueva línea de microbuses lanzadera que conectan con el Castillo de Santa Bárbara (cuyo funcionamiento se adelantó al pasado mes de diciembre), así como la creación de una nueva línea circular en Playa de San Juan para conectar con el Hospital Universitario, otra para mejorar los desplazamientos a los polígonos industriales y la prestación del servicio de taxi a demanda para conectar el casco urbano con las partidas rurales.
En paralelo, también debe acordarse la licitación por separado del servicio de venta de títulos para el que se ha optado por disponer de un contrato por separado, con un presupuesto de 2,3 millones, en busca de un operador que cuente con una mayor especialización y que pueda integrar la venta de los títulos de otros medios de transporte públicos, como el tranvía y (a medio o largo plazo) el cercanías. Ese concurso independiente se introdujo a partir de una última modificación del Proyecto de Servicio Público (PSP) aprobada en la primera quincena de febrero, lo que habría contribuido a retrasar el lanzamiento de la nueva contrata.
