Salvo sorpresa, parece que España se encamina hacia una recesión económica por una situación que viene empeorando desde la pandemia y que se ha estancado por las consecuencias de la guerra en Ucrania en el mercado de la energía, que es tanto como hablar del mercado en su conjunto. Así será irremediablemente si se confirma durante estos días una tasa negativa del PIB en el tercer trimestre de 2022, algo anunciado hace apenas unos días por representantes del INE, y si se hace realidad la proyección también avanzada en negativo para el cuarto trimestre del año. Si a todo ello sumamos la previsión de un parón absoluto en el PIB para los inicios de 2023, nada nos librará de esa temida recesión.
Por eso en Alicante, como en cualquier otro rincón de España, hemos estado mirando al cielo de los Presupuestos Generales del Estado esperando el maná prometido desde hace muchos años. El maná de unas inversiones que son, hartos estamos de repetirlo, las mismas que aparecen en cuantas reivindicaciones de mejor financiación se han hecho desde la provincia. Por eso en Alicante esperábamos algo de justicia redistributiva en la propuesta de estos PGE de 2023 tras haber sido relegados en los de 2022 a la última posición en inversión por habitante de todas las provincias españolas. Pero nuestro gozo de nuevo en un pozo al conocer que de los 96,9 € presupuestados en inversiones (183,7 millones de €) por el Gobierno de Pedro Sánchez por cada alicantino en 2022, con una media nacional de 274,4 € por español, pasamos en 2023 (160,8 millones de €) a 85,5 € por cada habitante de la Terreta, contando con una media estatal que, sin embargo, sube hasta los 283,7 €.
Así es que cuando los números hablan, Alicante no tiene más remedio de clamar, aunque nuestra voz se quede en un susurro en el desierto presupuestario. Con una bajada global de la inversión a esta provincia se nos aleja aún más de la media de todas las provincias españolas. Se nos aparca o, mejor dicho, se nos aparta en esa última posición del ranking de inversión por habitante en infraestructuras.
Por eso en Alicante esperábamos no ya justicia, sino incluso algo de piedad ante el escenario que se adivina en el horizonte. Porque hemos demostrado ser un territorio de España leal y paciente que arrastra desprecios desde el Gobierno central en materia presupuestaria que no son nuevos ni solo de ahora, sino que ya se daban antes de 2018, con aquellos PGE del PP de Rajoy que terminó ejecutando el PSOE en el primer gobierno de Sánchez. En esa ocasión, Cristóbal Montoro ya nos condenó al dudoso honor de ser la provincia nº 49 de 52 en inversión por habitante. En cualquier caso, con los gobiernos del PP, entre 2012 y 2018, nuestra posición siempre osciló entre la mejor de 2015 (34ª), y la peor ya referida de 2018 (49ª), a la que caímos de la 48ª del año anterior, 2017.
Parece evidente, pues, que permanecer tantos años con gobiernos en España de distinto signo político (PP y PSOE) en esa segunda mitad de la clasificación por provincias en inversión del Estado y siempre en sus últimos puestos, es poco más que una maldición divina a la que parecemos estar eternamente condenados. Y no es que no hayamos sido capaces de mantenernos a flote y sumando al PIB nacional como nadie: somos la quinta provincia en aportación, solo por detrás de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Lo hemos hecho aun reduciéndose la renta per cápita de cada alicantino. Nadie, por ello, puede poner en duda algo clave actualmente en términos de eficacia y eficiencia: la productividad de la provincia de Alicante.
Y eso es lo que reclamamos: que se nos reconozca ser mejores a la hora de utilizar herramientas para producir riqueza. Y entre ellas, las presupuestarias o, lo que es lo mismo, los recursos en inversión para generar economía, rentabilidad y beneficios futuros. Y no solo eso, sino que está acreditado que exportamos ese resultado al resto de España multiplicado. Y por mucho.
La semana pasada en el Congreso escuchamos al portavoz del PDeCAT defender que en España el problema era que se presupuestaba mucho y se ejecutaba poco. Le respondí que quizá fuera así en Cataluña por la presión nacionalista sobre el Gobierno de turno, pero que imaginara la frustración del resto de España, y la de los alicantinos en particular. A nosotros no solo se nos presupuesta poco, si no que además el presupuesto se ejecuta solo regular. Y aún así me miraron como diciendo: “Ya está el último de la fila pidiendo lo de siempre…”.
Y sí, el último. Y sí, lo de siempre. Desde hace demasiado tiempo ya
