ALICANTE. La estación provisional de autobuses de Alicante mantendrá su actividad interina en terrenos del Puerto de Alicante, a la espera de que pueda desbloquearse el proyecto de construcción de la estación intermodal comprometida desde 2003 en terrenos de Renfe. El equipo de Gobierno, el bipartito compuesto por PP y Cs, se ha visto forzado a concertar ahora un nuevo acuerdo con la Autoridad Portuaria por el que se le concede autorización de funcionamiento por un año más, al extinguirse el último permiso concedido este mes de junio.
En ese momento, se produjo la reversión del derecho de superficie y la entrega del edificio de la estación al Puerto, como quedó previsto en el convenio inicial por el que se amparaba la instalación de la infraestructura en terrenos portuarios, junto a la avenida de Loring.
Entonces, ese permiso extraordinario (ya se habían agotado todas las prórrogas posibles) quedaba condicionado a que el Ayuntamiento de Alicante presentase una solicitud de concesión para que la terminal siguiese operativo, cumpliendo su función como intercambiador para los autobuses interurbanos que conectan la capital con otros municipios de Alicante o de provincias limítrofes.
No obstante, según fuentes municipales y de la Autoridad Portuaria, finalmente se ha optado por tramitar una nueva autorización de un año con posibilidad de acordar sucesivas prórrogas hasta 2024, a la espera de que se pueda despejar cuál puede ser el futuro del proyecto de la ya citada estación intermodal.
Como informó este diario, en principio, la sociedad Avant trabaja con la previsión de que el diseño urbanístico de los terrenos liberados de las vías del ferrocarril, en los que debe construirse tanto esa nueva terminal como el llamado Parque Central, pueda quedar aprobada en el primer semestre de 2021.
Por lo pronto, eso sí, desde el mes de junio, no han trascendido avances sustanciales en las negociaciones entabladas entre el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat para abordar una posible salida a la gestión de la terminal provisional, que pudiese desembocar en un modelo de gestión mixta, o en la implicación económica de la administración autonómica a la hora de asumir sus costes de funcionamiento, como el pago de tasas al Puerto.