ALICANTE. Las obras de remodelación de la avenida de Jijona de Alicante vuelven a examinarse ante el Ministerio de Transición Ecológica. El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), trabaja en la búsqueda de una nueva vía de escape que permita salvar los fondos europeos comprometidos para cofinanciar su ejecución a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), después de que se haya acordado resolver el contrato adjudicado a Grupo Bertolín por incumplimiento de los plazos de ejecución.
En concreto, el departamento municipal de Planes Estratégicos y Fondos Europeos ha abierto negociaciones con el ministerio con el fin de solicitar la concesión de una nueva prórroga de carácter extraordinario para la conclusión de los trabajos tras justificar que se habrían registrado circunstancias sobrevenidas que impiden su finalización antes de fin de año. Es decir, la última fecha autorizada por el IDAE hasta ahora para su terminación, después de que ya concediese seis meses adicionales en una obra que debía concluir el pasado julio.
De este modo, el propósito del equipo de gobierno sería exponer de forma motivada la concurrencia de ese imprevisto relacionado con la empresa adjudicataria como causante del retraso con el fin de lograr otro último periodo de gracia para retener el 50% de las subvención preasignada para la realización de las obras. En principio, según fuentes consultadas, se pretende solicitar que la duración de las obras pueda extenderse hasta el próximo mes de junio sin perder las ayudas.
En todo caso, en el supuesto de que no se atendiese esa última solicitud, la obra se mantendría para que pudiese ejecutarse íntegramente con cargo a los presupuestos municipales. Eso sí, podría quedar sujeta a modificaciones respecto al proyecto original: bien sobre su alcance, o bien sobre sus tiempos de realización, de forma que pudiese segmentarse en distintas fases.
Como informó este diario, los trabajos de reurbanización de la avenida -adjudicados a Grupo Bertolín en noviembre de 2022- se iniciaron a mediados del pasado mes de febrero, con un presupuesto de 2,5 millones. El proyecto comprende la mejora de la accesibilidad peatonal y viaria de la avenida entre la calle San Carlos y la Gran Vía. Para ello, se pretendía llevar a cabo la ampliación de las aceras y la reducción del número de carriles actuales, de modo que los tres destinados a la circulación de vehículos se redujesen a dos. En esa transformación, se pretendía mantener el carril de uso exclusivo para el autobús. Además, el proyecto preveía acortar la longitud de los cruces de los pasos de peatones y mejorar el acceso a las paradas de autobús.
Todo ello, con el objetivo de calmar la velocidad de la circulación y eliminar barreras al tránsito peatonal para mejorar la accesibilidad. Y, por último, se incluía la instalación de pavimento fotocatalítico para la absorción de contaminantes y la renovación del alumbrado público y de la semaforización mediante la instalación de lámparas con tecnología LED. De ahí que tuviese cobertura en la convocatoria de ayudas del IDAE.
El acuerdo por el que se iniciaron los trámites para la resolución del contrato, aprobado el 17 de octubre, debe completarse ahora con la recopilación del informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC) que resulta preceptivo antes de que pueda promoverse una nueva licitación para volver a contratar su ejecución. Como pronto, las obras podrían reiniciarse entre febrero y marzo de 2024. De ahí que ya se haya planteado la conveniencia de una reformulación de proyecto o su secuenciación en fases, al margen de otras opciones encaminadas a concentrar los trabajos para que puedan concluirse en un plazo menor del previsto inicialmente.