Alicante baraja recurrir la sentencia sobre el callejero y compara al PP con la Fundación Franco

ALICANTE. El Gobierno del Ayuntamiento de Alicante no da por zanjada la contienda legal sobre el ajuste del callejero de la ciudad a la Ley de Memoria Histórica. El tripartito compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís confirmó este viernes, tras una primera valoración del fallo que anula el acuerdo de renovación de las nomenclaturas, que "el gabinete Jurídico municipal estudiará en los próximos días la posibilidad de interponer recurso ante esta sentencia".

A través de un comunicado, el equipo de Gobierno sostuvo que "la resolución de la jueza no entra en el fondo del asunto, sino que aborda únicamente una cuestión de forma relativa a la competencia de la Junta de Gobierno Local para adoptar el acuerdo impugnado", por lo que podría fundamentarse ese posible recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el plazo de quince días. 

En esa línea se expresó, además, el concejal de Estadística, Daniel Simón (Guanyar), quien emitió su propia valoración sobre el fallo para manifestar que las dudas que llegó a albergar el equipo de Gobierno sobre cuál era el órgano competente para acordar el cambio de nombres "se disiparon tras una consulta con el secretario municipal". Simón también incidió en el posible recurso y mantuvo que, en todo caso, "el fin del homenaje al franquismo en las calles de Alicante sigue estando cerca".

Al margen de esas valoraciones, en ese mismo comunicado institucional, el equipo de Gobierno no escatimó en críticas al PP, quien interpuso el recurso contra el acuerdo de la Junta de Gobierno sobre las nuevas denominaciones, para destacar que "en otras ciudades, como es el caso de Madrid, quien está abanderando la oposición a la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica es la Fundación Francisco Franco, mientras que en Alicante quien trata de frenar la democratización del callejero es el Partido Popular".

Las valoraciones de la oposición

El grupo municipal del PP también emitió su propio comunicado para subrayar el alcance de la sentencia. Su portavoz municipal, Luis Barcala, recordó que "por este tema nos han estado acusando y acosando permanentemente, pero al final la juez ha dicho que [los tres socios de gobierno] habían infringido la Ley, por lo que no sirve lo que han dicho y hecho".

"Al final, afortunadamente los tribunales han puesto a cada uno en su sitio", señaló. En este sentido, añadió, "lo menos que podemos pedir es una disculpa pública de los grupos políticos del tripartito que durante todo este tiempo nos han difamado, pero sabemos que no lo van a hacer a pesar de la resolución judicial". Barcala apuntó que la sentencia pone en entredicho además el trabajo de Compromís al frente de la Concejalía de Memoria Histórica. "Para este viaje no hacían falta estas alforjas, y la concejal Espuch ya puede ir explicando a qué lleva dedicados estos dos años y medio", subrayó. 

Finalmente, también culpó al alcalde, Gabriel Echávarri, "por no asumir su responsabilidad al frente del gobierno municipal y por consentir que las cosas se hicieran de esta manera". Según el dirigente del PP, "esta sentencia confirma lo muy mal que se vienen haciendo las cosas en el tripartito desde un principio y se lo están diciendo con los muchos temas que llevan en los tribunales". "Es muy duro ver con qué irresponsabilidad y sectarismo son capaces de gobernar algunos", apostilló.

La portavoz municipal de Ciudadanos (Cs), Yaneth Giraldo, señaló, por su parte, que a su juicio "es una pena que por no querer hacer las cosas bien, hoy en Alicante hayan calles franquistas, porque desde Cs hemos apoyado el cambio de nombres pero con participación y sin confrontación". En este sentido, señaló que "la Ley de Memoria Histórica busca conciliación y que el tripartito no hizo lo que correspondía porque no buscó el consenso sino que busco la imposición", concluyó.