La fábrica de Harinas Bufort, junto a la avenida de Elche. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. El bipartito de Alicante (PP y Cs) anunció este lunes un primer paso para despejar el futuro de las harineras de Benalúa y la reurbanización de su entorno, en el que se prevé la construcción de unas 143 viviendas tras la marcha de las dos empresas al polígono Riodel de Mutxamel. Se trata del desbloqueo del Programa Actuación Integrada (PAI) de la Unidad de Ejecución número 2 del Plan Parcial de Benalúa, pendiente desde la firma del convenio urbanístico firmado en 2003 entre el Ayuntamiento y las empresas harineras, que se prevé elevar a pleno para su aprobación en la sesión correspondiente al mes de abril, el próximo día 29 (el día 22 se producirá su votación previa en comisión informativa) 18 años después.
Fuentes del equipo de gobierno precisaron que, de prosperar, en dicho acuerdo ya se delimita que los edificios de las dos históricas fábricas (al menos, la parte que los técnicos de la Concejalía de Urbanismo consideren que merece conservarse por su valor arquitectónico) pasarán a ser de titularidad municipal, al quedar adscritos a los aprovechamientos urbanísticos que corresponden a la administración en el momento en el que se aprueba la reparcelación del sector. En esta línea, portavoces oficiales del bipartito concretaron, a través del mismo comunicado, que "en 2019 se presentó la primera versión del programa y tras su exposición pública, se recogieron más de veinte alegaciones, en su mayoría relacionadas con la conservación de los inmuebles, dado el valor arquitectónico de los mismos".
Así, se añade que "ambos edificios son obra del reconocido arquitecto Miguel López González, constituyendo destacados ejemplos racionalistas de la escasa arquitectura de carácter industrial de la ciudad de Alicante. En este sentido, se descarta el derribo total de los edificios, ya que supondría una agresión al patrimonio arquitectónico de la ciudad".
¿Cuál será su destino una vez que puedan pasar a manos públicas? La pretensión de PP y Cs es que esos inmuebles puedan rehabilitarse y acondicionarse para tener un uso público múltiple. En principio, se prevé que puedan albergar dependencias administrativas, con el consiguiente ahorro en alquileres para las arcas municipales, según defendieron portavoces oficiales de la Concejalía de Urbanismo, a través de un comunicado. Y, además, también se pretende que puedan acondicionarse para acoger otros usos culturales o deportivos por definir. Según las fuentes consultadas, hasta ahora se ha especulado con la posiblidad de que se habiliten pistas de padel, entre otras instalaciones de otras disciplinas deportivas, además de un rocódromo. Eso sí, queda definitivamente descartada la posibilidad de que los dos inmuebles puedan quedar adscritos a la construcción de un centro de congresos: una de las opciones que PP y Cs venía barajando desde finales de 2019. Esos planes, que se llegaron a exponer tras el debate sobre el estado de Alicante, hace dos años, quedan enterrados, ya que requerían de la compra de los terrenos de toda la Unidad de Ejecución, en una operación en la que el Ayuntamiento de Alicante habría tenido que asumir un desembolso próximo a los 9 millones de euros. Eliminada esa hipótesis, el Ayuntamiento seguiría sopesando otras alternativas para ubicar ese centro de congresos, pero no en la parcela ocupada actualmente por las harineras. De hecho, en 2019 también se sopesó la posibilidad de ubicar esa infraestructura en los terrenos anexos a Casa Mediterráneo.
Sea como fuere, lo cierto es que el acuerdo sobre el PAI de las harineras sigue sujeto a múltiples incógnitas por despejar. Entre ellas, la principal es, precisamente, el proyecto de reparcelación: la reordenación de volúmenes del sector que se acordó negociar con los propietarios de las harineras con el fin de que las dos fábricas pudiesen quedar protegidas para dotarlas de un uso público. Ese proyecto de reparcelación debe quedar redactado en un plazo de dos meses, según concretaron este lunes fuentes del bipartito. Se trata de una potestad que la Ley de Ordenación del Territorio (Lotup) atribuye a la administración, por lo que el Ayuntamiento tendría la capacidad de reasignar los aprovechamientos (derechos de suelo) que le corresponden para que encajen con los metros y la ubicación de las dos fábricas.
Antes de que se concrete ese proyecto de reparcelación -en un plazo de diez días, según Urbanismo- se debe firmar un nuevo convenio urbanístico con los titulares de Harinas Bufort y Harinas Cloquell para fijar los compromisos necesarios para desarrollar los 8.355 metros cuadrados de la Unidad de Ejecución con las nuevas directrices. El problema es que, según pudo concretar Alicante Plaza, por el momento, no existe un acuerdo cerrado sobre esas condiciones. Entre otros puntos, todavía no se ha precisado en qué zona se reubicará la construcción de los edificios residenciales que hasta ahora quedaban repartidos en el conjunto del solar, una vez liberado de las fábricas, que debían ser demolidas.
Urbanismo se da dos meses para concretar el proyecto de reparcelación, sin que se haya cerrado un acuerdo definitivo sobre la reubicación de los edificios residenciales previstos en el Plan Parcial
La cuestión es que, según las fuentes consultadas, parece probable que pueda producirse algún tipo de desencuentro -quién sabe si reclamación en la vía contencioso-administrativa- en el caso de que los propietarios de las harineras, o los promotores que ya están desarrollando los edificios de viviendas de la Unidad de Ejecución número 1 de Benalúa Sur, consideren que esa redistribución pueda perjudicar sus intereses. La síntesis: las fábricas se sitúan con frente de fachada en la avenida de Elche, en primera línea, con lo que cualquier reordenación que conserve esos inmuebles implica desplazar los nuevos edificios a posiciones más retrasadas. Hasta ahora, solo ha trascendido que se están barajando varias posibilidades alternativas para esa reordenación.
A las empresas propietarias de las harineras, que ejercen como agentes urbanizadores del sector, les corresponden 14.635 metros cuadrados de techo construido entre residencial y terciario de los 19.600 asignados a todo el sector, mientras que, según el comunicado, "al Ayuntamiento le corresponderá una extensión similar a la de los edificios de harineras", que equivaldría a los 4.970 restantes. La cuestión es: ¿pueden obtener las harineras algún beneficio a cambio de esa reordenación? En principio, el propio comunicado incide en que "los costes de urbanización se verán reducidos considerablemente tras la firma del convenio", ya que ni las harineras, ni el propio ayuntamiento tendrán que asumir el desembolso que conllevaba el derribo de las fábricas. Además, se plantea que, con el previsible retranqueo de los edificios a espaldas de las dos industrias, se evitarían problemas constructivos relacionados con el nivel freático en la ejecución de los sótanos de los nuevos edificios residenciales.
Por el momento, todo parece indicar que esas incógnitas no quedarán resueltas hasta que se concrete ese futuro proyecto de reparcelación, en el plazo de dos meses. Solo entonces quedará constancia de si se alcanza un acuerdo pacífico. Al margen de ello, aún no hay fecha conocida para que se concrete el destino definitivo de las dos fábricas una vez conservadas. Hasta ahora solo se ha deslizado la posibilidad de que parte de los ahorros que se generen en los costes de reurbanización puedan utilizarse para rehabilitar las fachadas de los inmuebles a preservar con el fin de evitar su deterioro y conseguir que ofrezcan una imagen que dignifique el barrio.
